Etiqueta: Seguridad Pública

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.

“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.

Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.

Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.

El municipio de Tequila, Jalisco, fue reforzado con un operativo de seguridad estatal luego de la detención de su alcalde, Diego Rivera Navarro, y de otros tres funcionarios municipales, todos señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La medida fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien informó el envío inmediato de 50 elementos de la Policía Estatal con el objetivo de mantener el orden, garantizar la seguridad pública y brindar tranquilidad a la población.

De acuerdo con la información difundida por el propio gobernador en su cuenta oficial de X, el despliegue de los policías se realizó desde las primeras horas del día, como respuesta directa a la aprehensión de las autoridades municipales y al impacto que este hecho generó entre los habitantes de Tequila. El mandatario estatal subrayó que la prioridad es preservar la gobernabilidad del municipio en un momento clave.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en Querétaro, donde participaba en los actos conmemorativos por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, Lemus Navarro respaldó lo señalado previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ambos coincidieron en que la detención del alcalde fue consecuencia de múltiples denuncias ciudadanas que se habían presentado de manera reiterada en su contra.

“Esta detención se debe a diversas denuncias que se habían presentado. Lo que estamos haciendo ahora es tener un diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del municipio”, expresó el gobernador, quien también afirmó que se respetará la mayoría política que mantiene Morena en el ayuntamiento de Tequila.

Diego Rivera Navarro enfrenta acusaciones por el delito de extorsión y por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su captura se llevó a cabo como parte del operativo denominado “Enjambre”, una acción coordinada de las autoridades para desarticular redes de corrupción en gobiernos locales. Junto con el alcalde fueron detenidos el director de Seguridad Pública municipal, el titular de Catastro y Predial, y el responsable del área de Obras Públicas, todos funcionarios del mismo municipio.

Autoridades federales detallaron que el operativo incluyó la ejecución de cinco cateos simultáneos. Según los señalamientos, el alcalde encabezaba una red de corrupción dedicada a extorsionar a empresas tequileras y cerveceras que operan en la región, además de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En cuanto al futuro administrativo del municipio, el gobernador de Jalisco indicó que la definición sobre quién asumirá el control de la comisaría municipal se tomará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal, como parte de las acciones para asegurar la estabilidad institucional en Tequila.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que garantiza el libre acceso, gratuito y seguro a las playas marítimas y áreas naturales protegidas de México. Durante la sesión de este miércoles se emitieron 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones al proyecto impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El dictamen establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción, y no podrá ser restringido ni condicionado, salvo por disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con protección ambiental, seguridad pública o interés nacional. La propuesta también prevé que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, establezca un Registro Nacional de Accesos a playas.

Monreal Ávila presentó una reserva para que, a partir de la identificación y validación conjunta derivada de la traza urbana, semiurbana y rural establecida en los programas de desarrollo urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico locales, programas de áreas naturales protegidas y otros instrumentos aplicables, se realice dicho registro. Esta disposición también contempla los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.

En la adición al artículo 127 se estableció que la Semarnat procurará que en centros de población y asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

La reserva de Monreal Ávila se extendió al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Semarnat “debe garantizar” el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia por lo menos un día a la semana, además de domingos y días festivos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante la sesión, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, expresó su inconformidad por la forma en que se realizó la votación, argumentando que la reserva presentada modificaba términos que alteran el sentido del dictamen. Señaló que “el proyecto original, garantizará. Y lo cambia por: debe garantizar. Entre garantizar y deber garantizar hay buenas intenciones, y en los hechos puede ser prácticamente nada”.

Añadió que “no hagamos de la ley un supositorio, porque ya sabemos en dónde terminan los supositorios, y mejor hagamos una ley que genere derechos efectivos, con enunciados claros, con obligaciones concretas, para la ciudadanía”.

Monreal Ávila aceptó el cambio planteado por el coordinador panista, por lo que la asamblea siguió con la discusión y aprobó en lo particular con 470 votos en pro, uno en contra emitido por Juan Armando Ruiz Hernández de Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

En medio de tensiones internas y una creciente presión mediática, Morena llevó a cabo su Consejo Nacional este domingo en la Ciudad de México, con la asistencia de senadores, diputados, gobernadores y figuras clave del partido. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, marcaron postura clara: no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción y es momento de cerrar filas.

Desde su llegada, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció lo que calificó como una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario, refiriéndose a los señalamientos hacia el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Reconoció que hay “algo de fuego amigo”, pero aseguró que se trata principalmente de una estrategia de la derecha. “La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el senador”, declaró, dejando claro que, mientras no haya denuncias formales, todo es “golpeteo”.

Rechazó cualquier comparación con el caso de Genaro García Luna: “García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo”, subrayó. También criticó que los medios no exijan explicaciones a Felipe Calderón.

Por su parte, Luisa María Alcalde fue contundente al afirmar que Morena no solapará a nadie que traicione los principios del movimiento. “No protegemos a persona alguna que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”, puntualizó. Aseguró que si hay dudas o señalamientos, será la autoridad quien deberá resolver, sustentada en pruebas.

Alcalde reiteró que el compromiso de Morena es combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos”, sostuvo en su intervención ante el pleno del Consejo Nacional.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, llamó a la militancia a dialogar con madurez y colaborar con profesionalismo. Reconoció que algunas tensiones internas se deben a iniciativas y reacciones de los propios cuadros del partido, por lo que pidió cuidar que las diferencias no impongan costos políticos a la organización ni al gobierno.

Durazo instó a territorializar la defensa de la Cuarta Transformación y recordó que, aunque existan enfoques distintos, el objetivo es común. “Podemos pensar distinto, pero no luchamos por cosas distintas. Entre nosotros puede haber enfoques distintos, pero hay algo que no podemos perder de vista: el origen y el objetivo común de nuestra lucha”, dijo.

El Consejo Nacional se realizó en un contexto de presiones internas y externas que, según Durazo, buscan abrir grietas en el movimiento. “Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento”, advirtió, al tiempo que pidió pensar en las consecuencias de cada diferencia antes de que se convierta en crisis.

El encuentro cerró con llamados a la unidad, el compromiso ético y la defensa organizada de los principios que dieron origen a Morena.