La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este fin de semana la detención de 35 ciudadanos mexicanos en California, tras operativos encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La noticia se dio a conocer durante su visita a Puebla, donde aseguró que se están tomando acciones inmediatas para apoyar a los detenidos y sus familias por medio del sistema consular.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió instrucciones directas para brindar asistencia legal a los connacionales afectados. Desde el sábado, las representaciones diplomáticas mexicanas mantienen contacto con las autoridades estadounidenses y las familias de los detenidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y buscar alternativas favorables para su situación migratoria.

Los operativos comenzaron el pasado jueves en distintas ciudades de California. Como reacción, surgieron protestas de la comunidad latina, especialmente en Los Ángeles. Las manifestaciones escalaron en intensidad y derivaron en enfrentamientos con las autoridades locales, lo que llevó a la administración del presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

En este contexto, la mandataria mexicana expresó su desacuerdo con la estrategia migratoria estadounidense. “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia”, subrayó. También reafirmó la postura del gobierno mexicano a favor de una reforma integral que considere a los millones de mexicanos que viven al otro lado de la frontera.

Durante su gira por Cholula, donde inauguró el Hospital General para la Niñez Poblana, Sheinbaum reiteró el mensaje de paz y solidaridad. “Nuestro llamado para que no haya violencia”, señaló, al tiempo que aseguró que el personal consular ya mantiene comunicación directa con cada uno de los detenidos.

La presidenta recordó que las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos lo hacen con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida para sus familias. “Son hombres y mujeres de bien, son honestos, se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida. No son criminales”, enfatizó.

El gobierno federal también reiteró su disposición para recibir a cualquier mexicano que decida regresar voluntariamente, dejando claro que su reintegración será respaldada y acompañada institucionalmente.

La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la migración, la seguridad y los derechos humanos, marcando un momento clave para las relaciones bilaterales y el trato hacia la comunidad mexicana en el extranjero

El asesinato de Diego Méndez Velázquez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”,ha sacudido a Querétaro. Méndez Vargas fue uno de los fundadores del cártel de La Familia Michoacana y recientemente fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 criminales de alta peligrosidad. 

Las autoridades confirmaron que el homicidio ocurrió el sábado en un ataque directo en el estacionamiento de un bar ubicado en una zona exclusiva del estado. Junto a Méndez Velázquez, otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas dentro de un lujoso Lamborghini Urus. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital en estado delicado.

Carlos Alcázar, secretario de gobierno de Querétaro, informó que las víctimas no residían en el estado y que el crimen está relacionado con el “contexto nacional” y el vínculo de Méndez Velázquez con su padre, recientemente extraditado a Estados Unidos. La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

José de Jesús Méndez Vargas, conocido como “El Chango Méndez“, fue capturado en 2011 y encarcelado en México hasta su traslado a Estados Unidos el 27 de febrero de este año. La extradición masiva de criminales coincidió con la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano fortaleciera sus acciones contra el crimen organizado.

Diego Méndez Velázquez también tuvo antecedentes delictivos. Fue detenido en 2018 por presuntos vínculos con el narcotráfico y el robo de combustible, aunque actualmente estaba en libertad.

El crimen ha generado interrogantes sobre el impacto de la reciente extradición de líderes criminales en la violencia dentro de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del ataque y su posible relación con el cártel de La Familia Michoacana u otros grupos del crimen organizado.

El próximo 1 de junio marcará un hecho histórico en México: por primera vez, los ciudadanos podrán elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta fecha será conocida como el “Día de la Democracia”, destacando su relevancia para el país.

Desde Colima, Sheinbaum celebró que esta elección permitirá a los ciudadanos decidir quiénes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, informó que los actuales jueces dejarán sus puestos en los próximos seis meses.

“El 1 de junio vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún otro país que lo haga, por eso digo que será el ‘Día de la Democracia'”, declaró la mandataria.

La presidenta afirmó que esta reforma es la “única manera” de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial. Según su declaración, este cambio permitirá construir un Poder Judicial honesto y comprometido con el pueblo. También aseguró que México será un ejemplo para el mundo al implementar este modelo.

En su discurso, Sheinbaum acusó a jueces y magistrados de corrupción, nepotismo y de favorecer la liberación de criminales. Este mensaje estuvo alineado con el que expresaron los integrantes de su Gabinete de Seguridad días antes, al justificar la extradición de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos sin completar el proceso de extradición tradicional.

La presidenta destacó el trabajo de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en su cargo anterior como secretaria de Seguridad denunció en varias ocasiones que jueces liberaban a delincuentes. Además, señaló que los puestos en el Poder Judicial solían asignarse entre familiares y allegados, fomentando el nepotismo.

“Ellos mismos decidían quiénes serían jueces y magistrados. Tanto, que ahora la mitad del Poder Judicial está conformado por hermanos, primos, cuñados y sobrinos. Hay jueces honestos, pero la mayoría han sido parte de un sistema corrupto”, aseguró Sheinbaum.

Con esta reforma, el gobierno busca transformar el sistema de justicia y devolverle la confianza a los ciudadanos. La elección del 1 de junio representará un paso sin precedentes en la democracia mexicana, poniendo en manos del pueblo la selección de quienes impartirán justicia en el país.