El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia federal de seguridad implementada en el actual sexenio mantiene “saldo a favor” y que los resultados son tangibles en la reducción de delitos y el debilitamiento de grupos criminales en distintas regiones del país.

A su llegada al Senado de la República, donde compareció en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, el funcionario rechazó que la estrategia haya sido rebasada por los recientes hechos de violencia, como el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano.

“No estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o hechos lamentables como los que suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios, que hay un 32% menos homicidios y una cantidad sin precedentes de droga asegurada. Estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas; los miles de detenidos son resultado de la coordinación con los estados”, señaló el secretario.

García Harfuch destacó que los resultados de la política de seguridad son “muy medibles” y responden a un trabajo sostenido entre las fuerzas federales y estatales. Subrayó que la estrategia actual se centra en la cooperación interinstitucional y en acciones conjuntas que han permitido importantes decomisos, detenciones y una baja constante en los indicadores de homicidio.

Cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la pacificación del país durante el sexenio, el funcionario respondió que el gobierno avanza año con año hacia ese objetivo. “Estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos”, expresó, al tiempo que reiteró que los esfuerzos de seguridad han dado resultados concretos desde el inicio de la administración.

En relación con las investigaciones por la red de “huachicol fiscal”, en la que estarían implicados empresarios y elementos de la Marina, García Harfuch informó que las detenciones comenzaron en marzo y que las investigaciones continúan para desmantelar por completo las estructuras involucradas.

El titular de Seguridad también respondió a los cuestionamientos sobre la persistencia de los cárteles del narcotráfico y la aparición de nuevos grupos criminales, como “La Chokiza”, que opera principalmente en el Estado de México. “¿Usted cree que no se ha podido debilitar? ‘La Chokiza’, la detención la hizo la Estrategia de Seguridad Nacional. Nosotros fuimos quienes los detuvimos en coordinación con el estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos. Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones”, afirmó.

García Harfuch reiteró que la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales ha sido clave para mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. “La estrategia de seguridad federal está funcionando”, insistió, al destacar que los datos muestran una disminución sostenida de homicidios y un incremento en los aseguramientos y detenciones en todo el territorio nacional.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron en conferencia conjunta que ninguna línea de investigación ha sido descartada sobre la ejecución de los dos de los servidores públicos más cercanos de la jefa de Gobierno. 

Los detalles del operativo detrás del doble asesinato son inquietantes. Según la fiscal, al menos cuatro personas participaron: un tirador y tres cómplices que proporcionaron apoyo logístico. La ruta de escape incluyó el uso de una motocicleta, dos camionetas —una de ellas con reporte de robo y número de serie alterado— y una huida hacia el Estado de México. Todo fue registrado de forma meticulosa, sin dejar rastros biológicos o dactilares. Los implicados utilizaron guantes en todo momento.

Durante los peritajes, se confirmó que los agresores contaban con información detallada del entorno. La revisión del sistema de videovigilancia reveló la presencia de una persona vigilando el área del crimen días antes del ataque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que esta observación sugiere un conocimiento previo de la rutina de las víctimas, aunque no hay pruebas concluyentes de un seguimiento a largo plazo.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, enfatizó que las investigaciones siguen abiertas y que se prioriza la localización y detención de los responsables materiales del crimen. A pesar de los avances técnicos, no se ha identificado a los atacantes, y el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— no estaba registrada en delitos anteriores.

La magnitud del ataque ha impulsado un análisis inmediato sobre las medidas de protección de funcionarios del gobierno local. Se realizarán estudios de riesgo individuales y, con base en ellos, se determinarán acciones específicas, siempre bajo un enfoque técnico y sin reacciones precipitadas, según explicó Vázquez Camacho.

El impacto de este crimen ha sido profundo. Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, eran conocidos por su cercanía con la ciudadanía y su labor constante en territorio. A pesar de contar con conocimientos en materia de autocuidado, ninguno de los dos disponía de escoltas ni protección adicional. Los informes forenses confirmaron que Ximena recibió ocho impactos de bala y José, cuatro. Ambos fueron atacados de forma directa, en un lugar específico, y con una mecánica que demuestra control absoluto del entorno por parte de los agresores.

Las autoridades reiteraron su compromiso con una investigación rigurosa. “Este caso será tratado con el mismo rigor que otros de alta prioridad”, aseguró Vázquez Camacho. La instrucción es clara: agotar todas las líneas de investigación y no permitir que este ataque quede impune.

Mientras la ciudad permanece a la expectativa, el caso sigue su curso en medio del hermetismo propio de una operación que, por ahora, ha dejado más preguntas que respuestas.

La Fiscalía de Oaxaca reveló nuevos detalles sobre la desaparición y asesinato de ocho jóvenes originarios de Tlaxcala, vinculándolos con un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales. Según información oficial, los jóvenes habrían sido contactados por un residente local, identificado como “El Jocha”, para participar en robos a cajeros automáticos y comercios, lo que pudo haber desencadenado un conflicto con otras organizaciones delictivas de la región. 

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que la investigación ha permitido rastrear a los implicados y conocer la dinámica del crimen. “Sabemos que algunos de ellos llegaron a Oaxaca como parte de un grupo que tenía como objetivo cometer diversos delitos. Uno de los individuos que los contactó, conocido como ‘El Jocha’, también facilitó el hospedaje de las víctimas y orientó sobre los lugares a asaltar”, detalló el fiscal.

Las autoridades también están investigando la posible participación de elementos de la policía local en estos hechos. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se catearon las instalaciones de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco. Durante la intervención, los agentes fueron desarmados y se aseguraron diversas armas y documentos que podrían implicar a los cuerpos de seguridad en estos crímenes.

Este operativo está vinculado al hallazgo de cinco cuerpos en un vehículo abandonado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en San José Miahuatlán, el pasado 2 de marzo. Mientras tanto, tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, pero aún hay dos cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las investigaciones han revelado conexiones entre este caso y otras desapariciones en la región, generando preocupación por la actividad de grupos delictivos en Oaxaca. La colaboración entre las fiscalías de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala continúa para esclarecer los hechos y desmantelar las redes criminales responsables de estos actos de violencia.

Los productores de limón en Apatzingán, Michoacán, han anunciado el cierre temporal de sus oficinas debido a amenazas de grupos criminales. La decisión fue tomada para salvaguardar su seguridad, según informó la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en un comunicado oficial. 

Bernardo Bravo, productor limonero, denunció a través de redes sociales que las amenazas han sido recurrentes en el Tianguis Limonero de Apatzingán, lo que ha generado preocupación en el sector. Como medida preventiva, la asociación ha determinado mantener cerradas sus oficinas administrativas durante la última semana de febrero.

“Esta decisión se toma con el objetivo de proteger nuestra integridad y, sobre todo, nuestro bien más valioso: la vida”, declaró Bravo. Pese a la preocupación por la seguridad, los productores continuarán operando en las instalaciones del tianguis limonero, las cuales se encuentran resguardadas por las autoridades.

En un esfuerzo por combatir la extorsión en la región, los citricultores han solicitado a las autoridades mayores avances en materia de seguridad. “Continuaremos exigiendo acciones concretas para erradicar la extorsión al limón”, aseguró la asociación.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo de seguridad en la zona limonera de Michoacán para proteger a los productores y mantener estable el precio del producto. “Gracias a estas acciones, las empacadoras y los tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica continúan operando con normalidad”, señaló el gobierno federal en su momento.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los productores de limón siguen enfrentando una situación crítica debido a la inseguridad en la región. El cierre de las oficinas administrativas refleja la preocupación del gremio y su determinación de priorizar la seguridad ante la persistente amenaza del crimen organizado.