Etiqueta: Culiacán

La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

La primera concentración multitudinaria encabezada por Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa se desarrolló en una jornada marcada por hechos violentos en Culiacán, donde horas antes se registró una riña en el penal de Aguaruto y posteriormente fueron reportadas quemas de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Pese a los incidentes, miles de personas se congregaron este domingo en la explanada del Palacio de Gobierno para participar en la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó un mensaje desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del gobierno estatal, al encuentro asistieron 45 mil personas. Familias, jóvenes, militantes y simpatizantes acudieron al lugar para seguir el informe presidencial, en lo que representó el primer evento masivo de Bonilla desde que asumió la gubernatura de manera interina.

La actividad política ocurrió después de una mañana de tensión en la capital sinaloense. En el Centro Penitenciario de Aguaruto se registró una riña que dejó un saldo de una persona muerta y al menos siete lesionadas, según los reportes difundidos durante el día.

Más tarde, medios locales informaron sobre la quema de al menos dos vehículos. Uno de los casos fue reportado en el bulevar Rolando Arjona y otro frente a la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Las mismas versiones señalaron que un establecimiento comercial también habría resultado afectado en uno de estos hechos. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían proporcionado detalles sobre los incendios ni información adicional sobre las circunstancias en que ocurrieron.

La presencia de Bonilla en el acto público se produjo casi un mes después de haber sido nombrada gobernadora interina de Sinaloa. Su llegada al cargo ocurrió tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.

El mandatario con licencia es señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, situación que derivó en su separación temporal del gobierno estatal y en la designación de Bonilla al frente de la administración sinaloense.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

Más de 20 días después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de narcotráfico lanzadas por Estados Unidos, la titular del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, dejó de aparecer públicamente en los eventos de la dependencia que encabeza.

La ausencia volvió a quedar expuesta este jueves durante el arranque del programa “Aquatón”, una de las actividades más representativas del Sistema DIF en Sinaloa, enfocada en recolectar agua potable para familias de colonias vulnerables afectadas por la escasez del recurso.

El evento se llevó a cabo en un centro de acopio instalado junto al Palacio de Gobierno y fue encabezado por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. La directora del DIF no asistió.

Desde el 1 de mayo, fecha en que Rocha Moya pidió licencia al cargo en medio de los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Eneyda Rocha no ha participado en actos públicos ni ha realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con las actividades del organismo.

La última vez que apareció en un evento oficial fue el 30 de abril, durante la celebración del Día del Niño organizada por el DIF en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de la crisis política que rodea a su padre, Rocha Ruiz mantenía presencia constante en las actividades de asistencia social y acostumbraba difundir fotografías con beneficiarios de programas oficiales en su cuenta de Facebook. Pese a su ausencia, la gobernadora interina aseguró días atrás que Eneyda Rocha permanecerá al frente del DIF estatal.

El contexto ocurre mientras continúan las repercusiones por las acusaciones contra Rocha Moya. Además de los señalamientos hechos por Estados Unidos, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró a Latinus que José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exmandatario, forman parte de una estructura que, según afirmó, opera mediante empresas beneficiadas con recursos públicos y contratos entregados sin licitación.

La familia Rocha ya había estado bajo atención pública desde septiembre de 2025, cuando la hija de Eneyda Rocha sobrevivió a un ataque armado en Culiacán, en medio de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, declaró entonces Rocha Moya.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que permanecerá en su cargo pese a las acusaciones en su contra por parte de una Fiscalía en Nueva York, que lo señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó que enfrentará el proceso sin separarse del Senado y que utilizará el fuero constitucional para su defensa legal.

A través de su cuenta en X, Inzunza negó los señalamientos relacionados con posesión de armamento y vínculos con la facción de “Los Chapitos”, por los cuales autoridades estadounidenses han solicitado su detención y extradición. También aseguró que acudirá ante instancias mexicanas si es requerido. 

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó.

Su postura contrasta con la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencias temporales mientras se desarrollan las investigaciones.

El senador también vinculó las acusaciones con su oposición a la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Según explicó, su postura derivó en una solicitud de juicio por presunta “traición a la patria” contra la gobernadora María Eugenia Campos. “Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó, al tiempo que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional. Hasta ahora, se desconoce el paradero de Inzunza, quien no ha sido visto desde la última sesión ordinaria del Senado el miércoles pasado.

En paralelo, el caso ha puesto atención sobre su entorno familiar. Su esposa, Claudia Meza Avendaño, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en noviembre de 2021, tras la salida de Inzunza de ese mismo órgano. Además, varios de sus hermanos han ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal.

Aída Inzunza es magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa desde diciembre de 2020. Lorena Inzunza fue nombrada jueza civil en septiembre de 2024 y actualmente encabeza el Juzgado Tercero Civil en Culiacán. Javier Inzunza, por su parte, se integró en noviembre de 2024 como secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la administración estatal en la que el ahora senador se desempeñó como secretario general. Las acusaciones en Estados Unidos se remontan a ese periodo, cuando Inzunza formaba parte del gabinete estatal.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

A tan solo días de que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, enfrente su próxima audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de compartir con la Fiscalía General de la República (FGR) los detalles del acuerdo de culpabilidad que habría aceptado el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que México fue parte clave del proceso, ya que entregó en extradición a Ovidio Guzmán en septiembre de 2023, luego de su captura en Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, subrayó que es una obligación de Washington trabajar de manera coordinada con las instituciones mexicanas, tal como establecen los acuerdos internacionales entre ambos países.

“Pues, no conocemos el acuerdo, tenemos conocimiento de que se va a declarar culpable, pero no es público ningún trato al que hayan llegado”, declaró Sheinbaum, evidenciando la falta de transparencia en el proceso judicial estadounidense.

La presidenta también recordó que en el operativo de captura de “El Ratón” murieron soldados mexicanos, por lo que calificó como necesario y urgente conocer los términos del acuerdo que podría beneficiar al líder del llamado Nuevo Cártel de Sinaloa.

Otro de los puntos que generó crítica fue la aparente contradicción de la política exterior estadounidense. La mandataria mencionó que mientras se ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, el país norteamericano parecería haber negociado con uno de sus líderes, lo cual, según dijo, rompe con la doctrina histórica de no establecer tratos con organizaciones criminales. “No se entiende muy bien, el gobierno estadounidense, por un lado, nombran como terroristas a organizaciones delictivas, y tiene una política de no negociar con los criminales”, señaló.

La audiencia en la que se prevé que Ovidio Guzmán se declare culpable está programada para el próximo 9 de julio a las 11:00 horas en la Corte de Chicago. Está acusado de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

Ovidio fue arrestado el 5 de enero de 2023 en un fuerte operativo militar en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos fue uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Su hermano, Joaquín Guzmán López, fue detenido el 25 de julio de 2023 al ingresar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Enfrenta 17 cargos criminales y, a diferencia de Ovidio, se declaró no culpable en la audiencia realizada el 30 de septiembre.

Sheinbaum ha reiterado que, más allá del proceso judicial en Estados Unidos, México merece claridad en el caso, sobre todo por el alto costo humano que implicó su detención.