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El municipio de Tequila, Jalisco, fue reforzado con un operativo de seguridad estatal luego de la detención de su alcalde, Diego Rivera Navarro, y de otros tres funcionarios municipales, todos señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La medida fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien informó el envío inmediato de 50 elementos de la Policía Estatal con el objetivo de mantener el orden, garantizar la seguridad pública y brindar tranquilidad a la población.

De acuerdo con la información difundida por el propio gobernador en su cuenta oficial de X, el despliegue de los policías se realizó desde las primeras horas del día, como respuesta directa a la aprehensión de las autoridades municipales y al impacto que este hecho generó entre los habitantes de Tequila. El mandatario estatal subrayó que la prioridad es preservar la gobernabilidad del municipio en un momento clave.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en Querétaro, donde participaba en los actos conmemorativos por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, Lemus Navarro respaldó lo señalado previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ambos coincidieron en que la detención del alcalde fue consecuencia de múltiples denuncias ciudadanas que se habían presentado de manera reiterada en su contra.

“Esta detención se debe a diversas denuncias que se habían presentado. Lo que estamos haciendo ahora es tener un diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del municipio”, expresó el gobernador, quien también afirmó que se respetará la mayoría política que mantiene Morena en el ayuntamiento de Tequila.

Diego Rivera Navarro enfrenta acusaciones por el delito de extorsión y por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su captura se llevó a cabo como parte del operativo denominado “Enjambre”, una acción coordinada de las autoridades para desarticular redes de corrupción en gobiernos locales. Junto con el alcalde fueron detenidos el director de Seguridad Pública municipal, el titular de Catastro y Predial, y el responsable del área de Obras Públicas, todos funcionarios del mismo municipio.

Autoridades federales detallaron que el operativo incluyó la ejecución de cinco cateos simultáneos. Según los señalamientos, el alcalde encabezaba una red de corrupción dedicada a extorsionar a empresas tequileras y cerveceras que operan en la región, además de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En cuanto al futuro administrativo del municipio, el gobernador de Jalisco indicó que la definición sobre quién asumirá el control de la comisaría municipal se tomará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal, como parte de las acciones para asegurar la estabilidad institucional en Tequila.

Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.