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La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

Estados Unidos encendió las alarmas del comercio global al anunciar la imposición de un arancel adicional de 25% a todos los vehículos que no sean fabricados en su territorio. Con esta medida, firmada por el presidente Donald Trump a través de una orden ejecutiva, la administración busca dar un impulso decisivo a la reindustrialización del país y reforzar su industria automotriz.

Desde la Casa Blanca y transmitido en vivo a través de sus canales oficiales, Trump oficializó una decisión que venía anunciando desde meses atrás. La medida establece que cualquier vehículo importado tendrá que enfrentar este fuerte impuesto, mientras que los incentivos fiscales para autos eléctricos solo estarán disponibles para quienes adquieran unidades ensambladas en suelo estadounidense.

La administración estima que la recaudación derivada de esta nueva política podría superar los 100 mil millones de dólares anuales, una cifra que impactará directamente en la dinámica de las importaciones y en la cadena de valor del sector automotriz.

En paralelo, el subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, Harrison Fields, aclaró a través de la plataforma X que las autopartes que cumplan con las normas del T-MEC estarán, por el momento, exentas de este arancel. No obstante, advirtió que estas piezas estarán sujetas a un futuro proceso de evaluación a cargo del Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para determinar posibles ajustes según su contenido.

La medida no solo busca fortalecer la producción nacional, sino que también pretende generar empleo desde la fase de construcción de nuevas plantas, hasta la manufactura de vehículos y autopartes. Trump defendió la decisión señalando que “es una medida modesta” y que proyecta un “tremendo crecimiento en la industria automotriz” a mediano y largo plazo.

El arancel se suma al impuesto base del 2.5% que ya existía, lo que genera un escenario complejo para los fabricantes que operan fuera de Estados Unidos, especialmente aquellos con plantas en México y Canadá. Las compañías que exportan a suelo estadounidense deberán ajustar sus cadenas de producción o asumir el costo adicional.

Trump cerró su intervención confirmando que el próximo 2 de abril se anunciarán nuevas disposiciones relacionadas con estos aranceles, con aplicación efectiva a partir del 3 de abril.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre el aseguramiento de aproximadamente cinco toneladas de autopartes presuntamente robadas en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

De acuerdo con la dependencia, la acción se llevó a cabo tras una investigación derivada de reportes de robo de autopartes y vehículos. Los agentes identificaron un inmueble que presuntamente servía como centro de almacenamiento de piezas automotrices, por lo que solicitaron una orden de cateo a un juez de control.

Al ingresar a la propiedad, ubicada en la calle Independencia, los agentes encontraron diversas autopartes, entre ellas dos placas de circulación y dos guanteras con reporte de robo activo. Como parte de las medidas de seguridad, el inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes. Las piezas confiscadas fueron remitidas a las autoridades ministeriales para su integración en la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre personas detenidas en relación con el hallazgo. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, en la misma colonia, se realizó otro operativo en el que fueron detenidas tres personas y se aseguraron más de 85 toneladas de autopartes. En aquella ocasión, las autoridades detectaron dos predios utilizados para el almacenamiento, desmantelamiento de vehículos y venta de piezas, lo que motivó la ejecución de un cateo.

La SSC continúa con sus esfuerzos para combatir el robo de autopartes en la capital, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con estos delitos.