El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reafirmó su compromiso este sábado, asegurando que ejerce sus funciones sin distinción y con las puertas abiertas para atender las denuncias de todos los ciudadanos.
En un comunicado emitido, el INAI subrayó su papel como un órgano autónomo constitucional encargado de salvaguardar el derecho a la protección de datos personales en los ámbitos público y privado. Enfatizó que este derecho humano es tutelado y defendido para todas las personas, independientemente de su estatus.
Esta declaración surge en medio de la difusión en redes sociales de números telefónicos de funcionarios gubernamentales, líderes de Morena, periodistas afiliados a la llamada Cuarta Transformación y del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.
Además, coincide con las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó haber compartido el número celular de la corresponsal en México del diario estadounidense The New York Times, Natalie Kitroeff.
El INAI enfatizó que tiene la facultad de iniciar investigaciones ante posibles violaciones a los principios y deberes establecidos en la legislación sobre protección de datos personales, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Actúa de oficio cuando se identifica a la persona, empresa o institución responsable del tratamiento indebido de datos, mientras que en otros casos espera denuncias para actuar.
Adrián Alcalá, presidente del INAI, condenó en sus redes sociales la filtración o vulneración de información privada y anunció que el organismo ejercerá sus facultades para proteger este derecho.
En relación con las declaraciones del presidente López Obrador, Alcalá reiteró que nadie está por encima de la ley y que es responsabilidad del INAI garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales. Explicó que la ley establece que los datos personales no pueden ser divulgados sin el consentimiento expreso del titular, a menos que existan causas extraordinarias previstas en la legislación.
El INAI determinará si hubo violaciones a los principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Las sanciones administrativas por estas violaciones pueden variar desde amonestaciones hasta multas económicas e inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En cuanto a los plazos de investigación, Alcalá explicó que la ley establece un periodo de 50 días para iniciar la investigación y otros 50 días para verificar posibles violaciones.
