El despliegue interinstitucional activado tras el derrame de petróleo en el Golfo de México ha permitido retirar más de 700 toneladas de hidrocarburo, informó este sábado la Secretaría de Marina. La operación, que involucra a miles de elementos y decenas de unidades marítimas y aéreas, se mantiene activa en distintos puntos del litoral, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, donde se han intervenido playas, manglares y esteros afectados.

Según la tarjeta informativa emitida por la dependencia naval, del total recolectado, 700 mil kilos fueron recuperados en zonas costeras, mientras que otros 40 mil kilos se retiraron directamente en altamar. Estas labores forman parte de la estrategia desplegada tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, que movilizó a más de 3 mil elementos para atender la emergencia ambiental.

El operativo es encabezado por un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencias que trabajan de forma coordinada para contener el impacto ambiental y recuperar las zonas afectadas.

Como parte de la operación, se ha dispuesto el apoyo de 46 buques, 45 vehículos, siete aeronaves y drones aéreos y submarinos. Además, se instalaron más de mil metros de barreras de contención con el objetivo de limitar la dispersión del hidrocarburo y facilitar las labores de limpieza en áreas críticas.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se han atendido 39 playas que representan más de 480 kilómetros de costa. Estas acciones incluyen trabajos permanentes de recolección y disposición adecuada de residuos, con especial atención en ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas. El operativo también contempla la protección del entorno natural y el bienestar de las comunidades costeras impactadas.

De forma paralela, continúan los trabajos en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, donde se realizan tareas de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo. Estas labores cuentan con el respaldo de unidades especializadas y tecnología de inspección submarina para identificar el origen del fenómeno y atenderlo directamente.

“Gracias a la coordinación efectiva entre dependencias y el trabajo conjunto con comunidades locales, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recaídas intermitentes”, finalizó el comunicado.

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

Durante la inauguración de la nueva aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó el respaldo del Gobierno federal para que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina continúen al frente de la vigilancia y operación de las aduanas del país, al destacar resultados concretos en materia de recaudación, control y seguridad fronteriza.

En el acto oficial, la mandataria subrayó que la administración de las aduanas por parte de las Fuerzas Armadas ha permitido un crecimiento significativo en los ingresos públicos. Detalló que, entre 2024 y 2025, la recaudación aduanera pasó de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento. Este avance, afirmó, es resultado del trabajo coordinado y de la nueva estructura operativa implementada en los puntos de ingreso y salida del país.

Sheinbaum explicó que la titularidad de las aduanas se encuentra distribuida de acuerdo con su ubicación estratégica: la Secretaría de Marina encabeza las aduanas portuarias, mientras que el Ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene bajo su responsabilidad las aduanas terrestres. “Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país”, señaló al reconocer el papel de ambas instituciones en la operación cotidiana y el fortalecimiento del sistema aduanero.

Como parte de los objetivos para el año en curso, la presidenta anunció que la meta gubernamental es alcanzar una recaudación de un billón 500 mil millones de pesos, apoyada en la modernización tecnológica, la centralización de procesos y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo, no solo como uno de los principales cruces comerciales del país, sino también como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas. Resaltó que su ubicación es clave tanto para la recaudación fiscal como para la seguridad nacional.

Trevilla Trejo también enfatizó la coordinación permanente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en toda la frontera norte, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites territoriales de ambos países,“con absoluto respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, detalló la magnitud del nuevo complejo aduanero de Nuevo Laredo. Indicó que cuenta con más de 29 áreas de extensión, una superficie construida superior a los 320 mil metros cuadrados, capacidad operativa para más de mil 100 personas y 600 viviendas destinadas al personal y sus familias. Además, incluye instalaciones recreativas y deportivas, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de quienes forman parte de la institución.

La inauguración de esta infraestructura refuerza el papel de Nuevo Laredo como punto neurálgico del comercio exterior y como eje del nuevo modelo aduanero impulsado por el Gobierno federal.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

El gobierno de México respondió a las advertencias de Estados Unidos sobre una posible restricción de vuelos con una defensa firme de su política aeronáutica y los avances logrados en materia de infraestructura y seguridad operacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subrayó que la estrategia implementada para desahogar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) ha sido efectiva, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como pieza clave del rediseño del sistema aeroportuario metropolitano.

La respuesta llega tras los señalamientos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que acusó a México de incumplir un acuerdo bilateral desde 2022. Entre los puntos de conflicto están la rescisión de franjas horarias de vuelo (slots) y el traslado forzoso de operaciones de carga estadounidenses fuera del AICM. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, su país podría rechazar nuevas solicitudes de vuelos mexicanos si no se atienden estas preocupaciones, además de proponer el retiro de la inmunidad antimonopolio a la alianza Delta-Aeroméxico.

En su comunicado, la SICT afirmó que “la construcción, en tiempo récord, del AIFA mejoró las condiciones de operación y de seguridad aeronáutica que se presentaban como resultado de la saturación del AICM”. Además, señaló que la modernización aeroportuaria ha permitido una reducción significativa de tiempos operativos y mejor atención al usuario:

• 22 % menos tiempo de ocupación en pista.
• 83 % menos tiempo de espera en migración (de 45 a ocho minutos).
• 69 % más eficiencia en los filtros de seguridad (de 22 a siete minutos).
• Tercer lugar mundial en puntualidad gracias a menor saturación.
• 8 mil millones de pesos invertidos en rehabilitación y conservación de pistas y terminales.

El gobierno también resaltó el impacto positivo de trasladar operaciones de carga al AIFA, que ha permitido ampliar la capacidad y eficiencia del sector logístico. Entre febrero de 2023 y julio de 2025 se han transportado más de 843 mil toneladas, frente a las 250 mil anuales del AICM en 2022. El número de aerolíneas de carga también creció de 18 a 47, gracias a una infraestructura moderna y sin restricciones horarias.

La conectividad terrestre del AIFA con corredores industriales y comerciales del centro del país, junto con una coordinación estrecha con los tres órdenes de gobierno, ha fortalecido la seguridad y logística en la zona.

El gobierno mexicano aseguró que continuará trabajando en coordinación con todos los actores del sector aéreo para garantizar beneficios tangibles para los usuarios y un crecimiento sostenible para la industria. La tensión con Estados Unidos continúa latente, pero México mantiene su postura firme, respaldada por cifras operativas y avances estructurales.

Una de las principales redes delictivas dedicada al robo y distribución ilegal de combustible en el centro del país fue desmantelada por fuerzas federales tras seis meses de investigaciones. La operación, ejecutada en 11 municipios y cuatro entidades simultáneamente, dejó como resultado la detención de 32 personas, entre ellas sus presuntos líderes, así como el aseguramiento de infraestructura, armamento, vehículos de lujo, dinero en efectivo y especies exóticas.

Ciro Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, fue detenido en el Estado de México como presunto líder de esta estructura criminal, junto con su operador logístico y financiero Diego “N”. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada. Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como El Flaco de Oro, fue capturado en la Ciudad de México y es señalado como el encargado de coordinar el traslado de hidrocarburo en carreteras clave del centro del país.

Durante las acciones se identificaron dos tomas clandestinas que provocaban pérdidas anuales de hasta mil 200 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). También se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión y se catearon 12 inmuebles que funcionaban como centros operativos de la red delictiva.

Los objetos decomisados incluyen:

• 21 tractocamiones
• 14 semirremolques
• 14 contenedores tipo tanque
• Ocho pipas
• 48 vehículos, algunos blindados
• 36 armas de fuego
• Casi 16 millones de pesos en efectivo
• Una bodega de almacenamiento
• Un autobús, motocicletas y equipo de videograbación

Además, fueron rescatados varios animales exóticos, entre ellos cachorros de jaguar y león, monos araña y aves silvestres. Estos ejemplares fueron puestos bajo resguardo de la Profepa.

Las investigaciones identifican como responsables a Ciro Sergio y Luis Miguel “N”, con influencia en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Su estructura incluía bodegas, gasolineras, unidades de transporte y presuntos vínculos con autoridades municipales y estatales. La Fiscalía General de la República solicitó 12 órdenes de cateo tras ampliar los indicios recabados.

En municipios mexiquenses como Ixtlahuaca, Polotitlán, Huehuetoca, Nopaltepec, Ecatepec y Jilotepec, se detuvieron a varios operadores financieros, como Aurelio “N” e Israel Molina Núñez, El Mil Millones, señalado por falsificar documentos para justificar el origen del combustible.

En Querétaro se detuvo a Heréndira “N”, operadora financiera, y en Saltillo, Coahuila, se localizaron casi dos millones de litros de hidrocarburo en un predio usado para resguardar vehículos y contenedores. Allí fueron detenidas 11 personas adicionales, junto con el decomiso de bombas, ferrotanques, pipas y tractocamiones.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se solicitará la extinción de dominio sobre los bienes asegurados. Las personas detenidas ya fueron imputadas y solicitaron duplicidad del término constitucional. Las investigaciones continúan para identificar la posible participación de autoridades en distintos niveles de gobierno.

Por primera vez en casi una década, el Banco de México (Banxico) anunció la entrega de un remanente de operación por 17 mil 994.8 millones de pesos al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. El monto corresponde al ejercicio fiscal de 2024 y marca un hito, ya que desde 2015 no se había registrado una transferencia similar.

Este resultado fue posible luego de destinar 737 mil 539.8 millones de pesos a la amortización de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y de fortalecer su reserva de capital con 81 mil 232.2 millones de pesos, en estricto cumplimiento de la Ley del Banco de México. La entrega se realizará antes de que finalice abril, conforme al marco legal vigente.

Banxico detalló que, para evitar cualquier presión inflacionaria derivada de la disposición de estos recursos, neutralizará sus efectos a través de operaciones de mercado abierto, reafirmando su compromiso de mantener una inflación baja y estable.

Desde el último remanente significativo, entregado en 2016 por cerca de 239 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las condiciones financieras no permitieron nuevos excedentes. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la ausencia de remanentes generó tensiones con el banco central, reforzadas por pérdidas derivadas del “super peso” y las variaciones del tipo de cambio.

El año pasado, Banxico reportó pérdidas de 440 mil 016 millones de pesos al cierre de 2023, resultado de las fluctuaciones cambiarias que impactaron directamente las expectativas de excedentes.

La auditoría externa de los estados financieros de Banxico fue realizada por un despacho seleccionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aprobado por la Cámara de Diputados, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

El destino de estos recursos está claramente definido: el 70% deberá emplearse en la reducción del monto de la deuda pública y el resto se dirigirá a fondos de estabilización financiera del país, fortaleciendo la capacidad económica del gobierno para afrontar contingencias.

Los remanentes representan el saldo positivo derivado de las operaciones financieras y cambiarias del banco central. Tras realizar el corte anual de operaciones y constituir las reservas obligatorias, Banxico transfiere estos recursos a la Tesorería de la Federación, contribuyendo de manera directa a la estabilidad macroeconómica nacional.

La liberación de este remanente no solo refuerza las finanzas públicas, sino que también envía una señal de fortalecimiento institucional, en un momento clave para el inicio de la nueva administración federal.

Este sábado 1 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, en Zapopan, Jalisco. La aprehensión se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana por la Unidad de Operaciones de Alto Impacto de la FGR, bajo la dirección del comandante Israel Reyes García.

La orden de captura fue emitida el pasado 27 de febrero por la juez Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en el marco de la causa penal 118/2025. La FGR señala a Aureoles por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

Junto con Aureoles, también fueron detenidos varios exfuncionarios de su administración, incluyendo:

• Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en Miami, Florida, por la Interpol.

• Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública.

• José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.

• Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas de la SSP.

• Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP.
• Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Centro Administrativo para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (CADPE).
  

Carlos Maldonado Mendoza, quien residía en Miami desde hace una década, fue capturado a solicitud de la FGR y es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la orden de captura en su contra se centró en un presunto peculado de 4 millones de pesos relacionados con una obra pública en Zitácuaro, de la cual no hay evidencia de ejecución.

 Las detenciones ocurren tras las denuncias presentadas por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acusó a Aureoles y su equipo de inflar el costo de siete cuarteles regionales de la Policía Estatal. Según los avalúores, cada cuartel no debería superar los 100 millones de pesos, pero el costo final ascendió a 4 mil millones.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se determinen las medidas legales correspondientes para los implicados.