La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

En una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional, México y Francia firmaron un acuerdo para reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado y sus redes transnacionales. El pacto busca blindar los puertos, fortalecer el control de precursores químicos y mejorar la vigilancia en el transporte marítimo de carga, donde suelen ocultarse operaciones ilícitas.

El convenio fue suscrito por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y por Jean Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia. Ambos gobiernos coincidieron en la urgencia de coordinar acciones frente a amenazas globales que cruzan fronteras con rapidez, aprovechando rutas comerciales y lagunas de control.

La llamada Carta de Intención establece una cooperación bilateral enfocada en frenar la fabricación y tráfico de drogas sintéticas, así como el contrabando y otros delitos que atentan contra la seguridad y la economía de ambas naciones. Uno de los puntos centrales será la detección y control de los precursores químicos que se utilizan para elaborar narcóticos, un tema clave en el combate al crimen organizado a nivel internacional.

El acuerdo también prevé reforzar los sistemas de inspección en contenedores que llegan a los puertos mexicanos, con la participación de la Secretaría de Marina. A través de las aduanas marítimas, se impulsará el intercambio de información e inteligencia con autoridades francesas para identificar las estructuras y métodos de operación de las organizaciones delictivas. 

Todo este proceso se realizará bajo el respeto estricto a las leyes nacionales y los tratados internacionales, especialmente en lo referente a la protección de datos personales y confidencialidad. Además, el compromiso no se limita al intercambio de información: México y Francia acordaron fortalecer sus capacidades institucionales mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambios de expertos. 

Estas acciones buscan profesionalizar y actualizar al personal involucrado en temas de seguridad, logística y análisis de inteligencia, generando una red de cooperación más sólida y técnica.

Con esta alianza, ambos países envían un mensaje claro sobre la importancia de la colaboración internacional frente a los retos del crimen organizado moderno. La cooperación no solo busca contener el tráfico de sustancias ilegales, sino también prevenir su expansión mediante inteligencia compartida, innovación tecnológica y formación conjunta.

En un contexto global donde las rutas marítimas son el punto de partida y llegada de gran parte del comercio internacional, este acuerdo se convierte en una pieza clave para fortalecer la seguridad en el intercambio comercial y proteger las fronteras desde el mar.

La Fiscalía de Oaxaca reveló nuevos detalles sobre la desaparición y asesinato de ocho jóvenes originarios de Tlaxcala, vinculándolos con un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales. Según información oficial, los jóvenes habrían sido contactados por un residente local, identificado como “El Jocha”, para participar en robos a cajeros automáticos y comercios, lo que pudo haber desencadenado un conflicto con otras organizaciones delictivas de la región. 

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que la investigación ha permitido rastrear a los implicados y conocer la dinámica del crimen. “Sabemos que algunos de ellos llegaron a Oaxaca como parte de un grupo que tenía como objetivo cometer diversos delitos. Uno de los individuos que los contactó, conocido como ‘El Jocha’, también facilitó el hospedaje de las víctimas y orientó sobre los lugares a asaltar”, detalló el fiscal.

Las autoridades también están investigando la posible participación de elementos de la policía local en estos hechos. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se catearon las instalaciones de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco. Durante la intervención, los agentes fueron desarmados y se aseguraron diversas armas y documentos que podrían implicar a los cuerpos de seguridad en estos crímenes.

Este operativo está vinculado al hallazgo de cinco cuerpos en un vehículo abandonado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en San José Miahuatlán, el pasado 2 de marzo. Mientras tanto, tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, pero aún hay dos cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las investigaciones han revelado conexiones entre este caso y otras desapariciones en la región, generando preocupación por la actividad de grupos delictivos en Oaxaca. La colaboración entre las fiscalías de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala continúa para esclarecer los hechos y desmantelar las redes criminales responsables de estos actos de violencia.