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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que Juan Ramón de la Fuente solicitara dejar el cargo para someterse a un proceso de rehabilitación. En su lugar, la mandataria federal designó a Roberto Velasco Álvarez, quien actualmente se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

El anuncio fue realizado por la propia presidenta a través de un video difundido en la red social X, donde explicó que propondrá al Senado la ratificación de Velasco Álvarez como titular de la Cancillería. En el mismo mensaje, Sheinbaum señaló que De la Fuente podría integrarse a otra área del gobierno una vez que su condición de salud mejore.

La salida de De la Fuente ocurre después de que, en noviembre pasado, solicitara licencia para someterse a una intervención quirúrgica. Durante ese periodo, Roberto Velasco quedó al frente de la dependencia, asumiendo temporalmente la conducción de la política exterior del país.

Durante su gestión, Juan Ramón de la Fuente enfrentó diversos desafíos diplomáticos, particularmente ante el gobierno de Donald Trump, con quien se abordaron temas relacionados con seguridad, comercio exterior y migración. Entre los asuntos que marcaron su administración destacaron las redadas realizadas por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El entonces canciller también respondió a críticas por los nombramientos políticos realizados en embajadas y consulados durante la administración de Sheinbaum. Ante los cuestionamientos por la designación de exgobernadores y figuras sin trayectoria diplomática, De la Fuente defendió la decisión de incorporar perfiles diversos como representantes del país en el exterior.

Como parte de su estrategia de comunicación, el funcionario impulsó conferencias periódicas enfocadas en la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, estos encuentros dejaron de realizarse tras la licencia solicitada en noviembre.

Entre los encuentros relevantes de su periodo, De la Fuente recibió en septiembre pasado a Marco Rubio, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México. En esa reunión se abordaron temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

Antes de encabezar la Cancillería, De la Fuente se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, dejó ese cargo para integrarse al equipo de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Tras la victoria electoral, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores, posición que ahora deja después de un año y medio al frente de la dependencia.

Legisladores de oposición en el Senado de la República de México pidieron al gobierno federal intensificar el combate contra el crimen organizado para evitar que la situación de seguridad en el país sea utilizada como argumento para una posible intervención extranjera. Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano afirmaron que la defensa de la soberanía nacional es una prioridad, pero insistieron en que el Estado debe actuar con mayor contundencia frente al narcotráfico.

El senador Ricardo Anaya señaló que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, al tiempo que exigió al gobierno federal reforzar su estrategia de seguridad. “Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, eso no debe quedar ninguna duda”, declaró. No obstante, añadió que también se debe combatir “de manera frontal al crimen organizado” para evitar que la violencia sea utilizada como justificación para acciones desde el exterior.

El legislador panista sostuvo que la estrategia contra los grupos delictivos debe centrarse en labores de inteligencia y en el desmantelamiento de las estructuras criminales. En ese contexto, planteó la exigencia de que el partido gobernante rompa cualquier vínculo con organizaciones del narcotráfico y termine con posibles alianzas con estos grupos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos no deben tomarse a la ligera. El senador explicó que el comunicado difundido por la Casa Blanca describe una postura firme frente a los cárteles y plantea la posibilidad de acciones directas contra las organizaciones criminales. 

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, expresó el legislador, quien reiteró que el respeto a la soberanía es un principio inalienable del Estado mexicano.

El debate surgió después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas en América y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a su país frente al avance del narcotráfico.

En medio de estas tensiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de intervención extranjera. Las declaraciones de legisladores y autoridades se producen en un contexto marcado por el combate a organizaciones criminales que operan en el país, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El posicionamiento de los senadores refleja la discusión política que se mantiene en torno a la estrategia de seguridad y a las implicaciones que las declaraciones del gobierno estadounidense podrían tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó al Senado de la República que su gobierno mantiene en marcha cuatro operaciones de seguridad coordinadas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Estas acciones forman parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado el 3 de septiembre de 2025 bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Una de las estrategias es la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte, realizada en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. Esta operación tiene como objetivo detectar y combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Otra acción es la operación “Albatros”, desarrollada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en operativos aéreos y marítimos en aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de México. Como resultado, durante 2024 se aseguraron 11 mil 816.44 kilogramos de cocaína, además de 11 embarcaciones, un semisumergible y 25 personas.

También está activa la operación “Neptuno”, implementada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el litoral del Pacífico mexicano. Esta operación permitió asegurar 527.06 kilogramos de cocaína en 2024 y 3 mil 556.20 kilogramos en 2025.

La cuarta estrategia es la operación “Barracuda”, igualmente enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el Pacífico, mediante el despliegue de unidades de superficie en coordinación con autoridades estadounidenses.

Como parte de estos acuerdos, se creó el Grupo de Implementación de Seguridad, encargado de evaluar avances en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles.

Además, la cooperación ha permitido que la Secretaría de Marina reciba equipo especializado, incluyendo protección para intervenciones en laboratorios clandestinos y analizadores portátiles.

También se han desarrollado programas de capacitación para fortalecer las capacidades operativas del personal naval, como parte de la estrategia conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad y combatir delitos transnacionales.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, señaladas por su vinculación con organizaciones criminales, fue una decisión soberana del Estado mexicano y negó que la medida haya sido acordada durante la llamada telefónica que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria rechazó que la entrega respondiera a presiones externas o a un intento de favorecer la relación con Washington.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero subrayó que la determinación final se tomó tras un análisis interno en el Consejo Nacional de Seguridad. Señaló que, en este tipo de decisiones, el criterio principal es la conveniencia para México y la protección de la seguridad nacional y pública.

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”,expresó la presidenta. Añadió que, aunque existan solicitudes del gobierno estadounidense, la evaluación se realiza con base en los intereses del país.

El anuncio del traslado se dio a conocer el martes por parte del gobierno federal, que informó que los 37 reos provenían de distintos centros penitenciarios del país y eran considerados una “amenaza real para la seguridad”. De acuerdo con la información oficial, las personas entregadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con organizaciones criminales de alto impacto.

Entre los trasladados se encontraban presuntos líderes regionales del Cártel del Noroeste, del grupo de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum indicó que la medida respondió a criterios estrictos de seguridad nacional y seguridad pública, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la protección del país.

La presidenta insistió en que la entrega no obedeció a presiones ni a una intención de “quedar bien” con Estados Unidos. “Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó ante los medios.

Sheinbaum detalló que cada uno de los 37 casos fue revisado de manera individual antes de autorizar el traslado. Explicó que, una vez concluido el análisis y tomada la decisión correspondiente, se procedió al envío a territorio estadounidense. Precisó además que la mayoría de las personas trasladadas eran consideradas extraditables conforme a los marcos legales vigentes.

Esta acción representó la tercera entrega de este tipo durante la actual administración, que inició en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en un contexto marcado por señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha sostenido que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano reiteró que estas decisiones se toman bajo criterios propios y con base en evaluaciones de seguridad nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara a México “resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que existen avances claros derivados de la cooperación entre ambos países y subrayó la necesidad de mantener una relación basada en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la soberanía nacional.

La postura estadounidense se dio tras una llamada entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. De acuerdo con el posicionamiento difundido por Washington, no se aceptan avances graduales en los desafíos de seguridad fronteriza, por lo que se demandan acciones medibles en el combate al narcotráfico, particularmente en lo relacionado con el fentanilo.

En conferencia de prensa realizada este viernes, la mandataria federal afirmó desconocer el motivo específico de la exigencia pública del Departamento de Estado y destacó que México ha mantenido una estrategia constante contra el tráfico de drogas. “No sé, no, no, desconozco pues. Pero lo cierto es que hay muchos resultados y va a haber más resultados. Pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestra soberanía”, expresó.

Sheinbaum explicó que uno de los principales indicadores de la efectividad de la cooperación bilateral es la reducción de incautaciones de fentanilo en la frontera norte, que, de acuerdo con datos oficiales, ha disminuido en un 50 por ciento. Señaló que este comportamiento está directamente relacionado con los operativos realizados en territorio mexicano para asegurar esta droga, considerada por autoridades estadounidenses como un problema de alta peligrosidad. La presidenta también vinculó los resultados de la estrategia de seguridad con la disminución de la violencia en el país.

En su mensaje, insistió en que el combate al narcotráfico no puede recaer únicamente en México. Reiteró que Estados Unidos debe asumir su parte mediante acciones para reducir el consumo de drogas y frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano. “No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver sólo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá, pues tiene también que atenderse”, señaló.

Sheinbaum recordó que ha solicitado de manera formal al gobierno estadounidense medidas más estrictas contra el flujo ilegal de armas y afirmó que el propio Departamento de Justicia de ese país reconoció que el 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos. Además, mencionó que en el país vecino existen actividades de distribución de drogas y lavado de dinero vinculadas a estas redes.

Finalmente, el documento oficial derivado de la comunicación entre ambos gobiernos señaló que los secretarios de Estado y Relaciones Exteriores coincidieron en que “se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”, reafirmando la cooperación bilateral como eje central de la relación en materia de seguridad.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York en una operación encabezada por autoridades estadounidenses. Ambos serán presentados ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde enfrentarán formalmente los cargos en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro y Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 del mediodía, hora local. Desde la noche del sábado, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde suelen ser ingresados acusados de delitos federales graves mientras se desarrollan los procedimientos iniciales de sus casos.

La detención de Maduro y su esposa ocurrió durante la madrugada del sábado en Caracas, como parte de una operación relámpago de Washington denominada “Resolución Absoluta”. Tras su captura, fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que desde hace varios años pesan en su contra ante la justicia federal estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento en apoyo de actividades criminales. Además, las acusaciones incluyen su presunta colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Según los señalamientos presentados originalmente en 2020 y ratificados tras su captura, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red criminal que utilizó el tráfico de drogas como un instrumento dirigido contra Estados Unidos. Los documentos judiciales describen una estructura que habría operado con alcance internacional y con apoyo logístico y armado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas actividades de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las acusaciones contra la diputada venezolana están vinculadas a su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el funcionamiento de dicha estructura.

En esta primera audiencia, como ocurre en casos federales de alto perfil, el procedimiento contempla la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la revisión de aspectos preliminares del proceso judicial. Entre estos puntos se incluyen la situación legal de los detenidos, la posibilidad de que permanezcan bajo detención preventiva y la designación o ratificación de su representación legal.

La comparecencia de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial contra Maduro y Flores en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de una de las cortes federales más relevantes del país para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.