Vinculan a proceso a exgobernador Roberto Sandoval por desvío millonario y nexos con el narco

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

Sheinbaum y Rubio instalan grupo de alto nivel contra crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con el fin de combatir a los cárteles de la droga, frenar el robo de combustible, enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera común.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. 

El documento enfatiza que “el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”. 

Entre las acciones destacadas, se planteó atender de forma inmediata el movimiento irregular en la frontera, con medidas enfocadas en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del trasiego ilegal de armas.

Con este propósito, Sheinbaum y Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar las acciones que cada país implementa en su territorio.

El listado de medidas incluye contrarrestar a los cárteles del narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, prevenir el robo de combustibles o “huachicol” y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales.

El comunicado oficial fue leído por el canciller Juan Ramón de la Fuente al concluir la conferencia de prensa conjunta, realizada después del encuentro privado entre Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.

La visita del secretario de Estado ocurre en un contexto en el que Washington refuerza su ofensiva contra grupos criminales con operaciones internacionales. Estados Unidos ha puesto particular atención en organizaciones con alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

La reunión entre ambos funcionarios representa la primera visita oficial de Marco Rubio a México en calidad de secretario de Estado y forma parte de la agenda bilateral enfocada en seguridad, migración y desarrollo económico. El acuerdo de crear un mecanismo de alto nivel busca garantizar que los compromisos asumidos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas de combate al crimen organizado.

Empresas constructoras en la mira tras contratos millonarios ligados a reo extraditado

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

La soberanía no se vende, se defiende: Sheinbaum rechaza ingreso del ejército de EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso el ingreso del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano como parte de una estrategia contra el crimen organizado. La mandataria rechazó de inmediato la sugerencia, subrayando el principio de soberanía nacional.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum relató que la propuesta se dio en una llamada telefónica sostenida con Trump desde que asumió la presidencia, aunque no precisó la fecha exacta. Según explicó, fue clara y firme en su respuesta: “Le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba en discusión, y él lo entendió”.

El tema volvió a ser abordado públicamente luego de que The Wall Street Journal difundiera en mayo de 2025 que Trump habría ofrecido apoyo militar directo en territorio mexicano como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Posteriormente, la presidenta confirmó la versión, y ese mismo 3 de mayo compartió detalles del diálogo que sostuvo con el republicano.

En aquel momento, Sheinbaum enfatizó su postura ante el ofrecimiento de Trump: “¿Saben qué le dije? ‘No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende’”, recordó con contundencia.

A pesar del rechazo a la intervención militar directa, Sheinbaum reiteró su disposición a mantener una colaboración estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, siempre y cuando se respete el marco de la soberanía mexicana. Explicó que su administración está abierta a mecanismos de cooperación bilateral, particularmente en el intercambio de información, pero advirtió que esto debe realizarse “sin subordinación y respetando nuestra soberanía”.

La postura de Sheinbaum marca una línea clara en la relación bilateral, especialmente en un contexto en que sectores conservadores de Estados Unidos han impulsado ideas como la intervención militar directa en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. La presidenta mexicana ha sido enfática en que la estrategia de seguridad nacional será diseñada e implementada exclusivamente por el Estado mexicano.

Con esta declaración, Sheinbaum reafirma su compromiso con la defensa del territorio y el manejo soberano de los asuntos de seguridad, delineando con claridad los límites de la cooperación con Washington. La mandataria mantiene la ruta de colaboración con respeto mutuo como eje de la política exterior en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Cruce de declaraciones: Sheinbaum y el abogado de Ovidio Guzmán escalan su confrontación

El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

Ovidio Guzmán acepta su culpa y desata una tormenta judicial en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, ha dado un giro inesperado a su historia al declararse culpable ante la Corte de Chicago por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. En una audiencia encabezada por la jueza Sharon Coleman, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Esta confesión lo convierte en el primer miembro de los Guzmán en aceptar su responsabilidad penal ante un tribunal estadounidense.

La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual se busca reducir su condena a cambio de asistencia sustancial a las autoridades. Aunque aún no se ha detallado el alcance de la información que ofrecerá, el pacto ya incluye el compromiso de pagar 80 millones de dólares. Vestido con el clásico uniforme naranja de prisión y encadenado de pies y manos, Guzmán también reconoció sufrir depresión, aunque aseguró a la jueza que la medicación que recibe no interfiere con su testimonio.

A principios de julio, Guzmán López solicitó el traslado de su caso desde la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra procesado. En ese momento ya había firmado su aceptación de culpa por seis cargos. A ellos se suman otros cinco en Chicago y uno más en el Distrito de Columbia, que inicialmente lo enfrentaban a una posible cadena perpetua.

Este cambio de estrategia ocurre en un contexto judicial cada vez más tenso para los herederos del Cártel de Sinaloa. La presión sobre Ovidio ha sido constante desde su detención en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, tras un operativo que dejó un saldo trágico de diez militares muertos. Su captura fue un episodio clave en la historia del narcotráfico en México, especialmente tras el fallido intento de arresto en 2019, conocido como el “Culiacanazo”.

La familia Guzmán enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos. Sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín también están en la mira del gobierno estadounidense por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. A esta presión legal se suma la reciente entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades, organizada por Joaquín Guzmán, alias “El Güero”, quien supuestamente lo secuestró y lo trasladó en avión a territorio estadounidense. Ambos permanecen bajo custodia.

Este movimiento desató una guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, dos facciones del narcotráfico con profundo arraigo en Sinaloa. En medio de esta lucha, los tribunales estadounidenses se convierten en un nuevo campo de batalla. Se espera que Joaquín Guzmán comparezca el 15 de septiembre, en una audiencia clave que podría confirmar su cooperación con la justicia, al igual que su hermano Ovidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su inconformidad ante la postura de Estados Unidos, cuestionando la aparente contradicción entre declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, negociar con sus líderes. También ha recordado el sacrificio de los soldados que murieron en el operativo que capturó a Guzmán López, y ha solicitado mayor coordinación bilateral: “Es importante para nuestro país”.

Mientras se definen los acuerdos judiciales, el destino de los principales líderes del narcotráfico mexicano se juega en las cortes estadounidenses. Las alianzas, traiciones y confesiones configuran un escenario en el que las decisiones legales ya tienen consecuencias más allá de los juzgados, afectando directamente la estructura del crimen organizado en México.

Se aplaza de nuevo la audiencia de Joaquín Guzmán López, “El Güero”, en EE.UU.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

Yarrington es procesado por lavado de dinero tras su regreso a México

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

Golpe de los 2,488 millones: Sheinbaum celebra justicia histórica contra García Luna

Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.

“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.

García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.

La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.

El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.

La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.

“El Ratón” se rinde: Ovidio Guzmán pacta con EU y evita juicio a toda costa

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.