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A horas de que se realice una reunión clave en el Senado, persiste la falta de certeza sobre la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, convocada para abordar la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano.

El encuentro, previsto para este martes en la Comisión de Justicia, tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que fallecieron los elementos extranjeros, así como detallar las actividades que realizaban en la entidad. Sin embargo, hasta este lunes no existe confirmación oficial de que la mandataria estatal acuda.

Desde el Senado, el legislador de Morena, Enrique Inzunza, señaló que la información disponible proviene únicamente de lo difundido en medios. “Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo soy integrante, con esa garantía puedo intervenir, no tenemos confirmación formal, solamente lo que han dicho ellos a través de los medios”, afirmó.

En la misma línea, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, indicó que, pese a la comunicación existente entre su bancada y la gobernadora, no se ha ratificado su asistencia. La legisladora recordó que la invitación fue respaldada por Acción Nacional, aunque subrayó que la participación de Campos no es obligatoria.

“No tengo información en ese sentido, es una invitación la que se le hace y está en su disposición de asistir o no, no conozco cuál sea la decisión en este momento” enfatizó.

“El día que se votó esto con el voto a favor de Acción Nacional se comentó que se le hiciera esta invitación. En este momento no tengo conocimiento si va a asistir. Está en su derecho de hacerlo o no hacerlo, porque no es una comparencia, es una invitación”, declaró.

La convocatoria surge tras un incidente ocurrido en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA perdieron la vida en un accidente automovilístico. De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, ambos regresaban de un operativo en el que se desmanteló un laboratorio clandestino.

Las autoridades también informaron que los agentes ingresaron al país con distintos tipos de documentación: uno contaba con visa diplomática y el otro con visa de turista. La reunión en el Senado busca profundizar en estos hechos y en el contexto de su presencia en México, en medio de dudas que aún no han sido aclaradas.

Las autoridades de Sonora ampliaron la investigación relacionada con la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa, luego de confirmarse dos nuevas muertes vinculadas al mismo tratamiento, con lo que el número total de víctimas ascendió a cuatro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los casos comparten un antecedente común: todos los pacientes recibieron soluciones administradas y recetadas por el mismo médico en Hermosillo.

El avance más reciente de la indagatoria se dio este jueves, cuando la fiscalía confirmó el fallecimiento de dos personas adicionales, sumándose a los dos casos reportados previamente. El 1 de abril, la institución había anunciado la apertura formal de la investigación tras la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes presuntamente se sometieron a este tipo de tratamiento intravenoso.

Con la actualización del caso, la fiscalía indicó que se han recibido cuatro denuncias formales relacionadas con la muerte de dos hombres y dos mujeres. Según las autoridades, todas las víctimas coincidían en haber recibido sueros vitaminados mezclados y administrados bajo indicación del mismo profesional de la salud.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el caso. Durante esta acción, se aseguraron diversos materiales, entre ellos expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y otros insumos que ahora forman parte de la evidencia bajo análisis.

La Fiscalía detalló que estos objetos serán examinados con el fin de determinar las circunstancias en las que fueron administrados los sueros y establecer si existió una posible mala práctica médica. En ese sentido, también se informó que se realizarán estudios especializados a las víctimas.

“Las muestras de tejidos de las personas fallecidas serán sometidas a los análisis histopatológicos correspondientes por parte del servicio especializado de patología del sector público en el estado de Sonora, para determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los mencionados sueros”, señaló la FGJES.

Las autoridades sanitarias del estado activaron un sistema de vigilancia para detectar posibles casos adicionales. No obstante, la fiscalía precisó que, hasta el momento, “no existen más personas afectadas” relacionadas con el suministro de estos sueros.

Además, la institución confirmó que ya se tiene identificada a una persona presuntamente involucrada en los hechos. Sin embargo, la identidad no fue revelada debido a que las investigaciones continúan en curso.

La indagatoria sigue abierta mientras las autoridades analizan la evidencia asegurada y esperan los resultados de los estudios especializados que permitirán esclarecer las causas de los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades.

Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, pidió que la actual fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, sea excluida del proceso para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al señalarla por presunta omisión en la investigación de irregularidades relacionadas con un parque fotovoltaico en Aguascalientes.

Ruvalcaba sostuvo que en 2019 el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy para abastecer de electricidad a 55 mil luminarias que, según afirmó, fueron adquiridas a sobreprecio. Indicó que el acuerdo debió cancelarse; sin embargo, en 2020 fue modificado para ampliar su alcance y suministrar energía destinada a la extracción de agua de pozos municipales a través de un parque fotovoltaico que, aseguró, no se construyó.

En su intervención, la senadora afirmó que, pese a que “no se ha generado ni un solo watts”, el municipio ha pagado casi 2 mil millones de pesos desde entonces. Detalló que en 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Según su dicho, dicha instancia no emprendió acciones de investigación ni ejerció acciones para procurar justicia.

La morenista agregó que un día antes de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, la fiscal María de la Luz Mijangos Borja se declaró incompetente para conocer del caso y remitió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes.

Durante su posicionamiento, Ruvalcaba advirtió a la Cámara de Diputados —instancia que lleva a cabo el proceso de selección del próximo titular de la ASF— que la actual fiscal anticorrupción figura entre las aspirantes al cargo. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que, afirmó, no debería quedar en manos de quien, a su juicio, no actuó frente a denuncias relacionadas con el manejo de dinero público.

La senadora, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, reiteró sus señalamientos sobre la falta de actuación en el caso del proyecto fotovoltaico y pidió que se valore su desempeño dentro del proceso de designación en curso.

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.