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El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

El Río Pánuco registró un desbordamiento de 33 centímetros de su nivel habitual, informó este viernes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal aseguró que la situación se mantiene bajo control y descartó, por el momento, la presencia de una cresta alta, aunque precisó que el monitoreo continúa de manera permanente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“La situación son 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río, Conagua está monitoreando, no se ve que venga una ‘cresta’ alta, sin embargo, estamos monitoreando”, detalló Nahle al dar a conocer el reporte actualizado sobre el comportamiento del afluente.

Desde el miércoles 15 de octubre, la Conagua, en coordinación con Protección Civil de Tamaulipas, advirtió que la cresta o nivel máximo del Río Pánuco podría alcanzar su punto más alto entre el sábado y el domingo, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la cuenca del río ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían elevar su caudal.

Como medida preventiva, el gobierno de Veracruz habilitó seis albergues temporales para las familias que habitan en las zonas cercanas al cauce. Hasta este viernes, 486 personas han sido trasladadas y se encuentran bajo resguardo, recibiendo atención médica, alimentación y apoyo logístico.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la respuesta inmediata de las autoridades locales y federales ante la contingencia. “Se informó a tiempo a los presidentes municipales a través del Sistema Nacional de Protección Civil de este incremento en el nivel del Río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó con presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta y el secretario de Marina estuvo desde ayer en la noche”, señaló.

Protección Civil de Tamaulipas estimó que, de continuar las lluvias en la región, el desbordamiento del río podría afectar hasta a 30 mil personas. Los equipos de emergencia mantienen recorridos permanentes en las zonas de mayor riesgo para coordinar acciones de evacuación preventiva y asistencia a comunidades vulnerables.

En los últimos días, las lluvias intensas han provocado graves afectaciones en varias regiones del país. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de octubre, las precipitaciones causaron inundaciones y deslaves en cinco estados de la República, siendo Veracruz uno de los más impactados, con 111 municipios bajo el agua y severos daños en infraestructura y caminos.

Hasta el corte de este viernes, el saldo nacional por las lluvias e inundaciones asciende a 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. En Veracruz, se reportan 32 víctimas mortales y 14 personas que aún no han sido localizadas. Las labores de búsqueda continúan en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, mientras Conagua mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del Río Pánuco y los principales afluentes del estado.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de directivos de empresas privadas y servidores públicos vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Las aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la obtención de órdenes de captura.

De acuerdo con las dependencias, las detenciones ocurrieron en días recientes como parte de una investigación federal que se inició en marzo, luego de un decomiso considerado uno de los más grandes en la región. La indagatoria permitió identificar a empresarios y funcionarios relacionados con el resguardo y la posesión del combustible.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la acción conjunta derivó en la captura de los primeros implicados. Aunque no se han revelado nombres ni cargos específicos, se confirmó que se trata de directivos de compañías privadas y servidores públicos presuntamente involucrados en operaciones irregulares.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. El funcionario federal destacó que el aseguramiento forma parte de la estrategia integral contra delitos vinculados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades relacionadas con redes de corrupción y financiamiento de grupos criminales.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló García Harfuch.

La SSPC informó que este domingo a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre los perfiles de los detenidos, las acciones emprendidas y el avance de las investigaciones.

El operativo que dio origen a este caso se realizó en marzo, cuando autoridades federales aseguraron un buque que arribó al puerto de Tampico el día 19, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Tras labores de inteligencia, se confirmó que transportaba 10 millones de litros de diésel. En la embarcación también se localizaron armas de fuego, cartuchos y documentos relevantes para el caso.

De manera paralela, se ejecutaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento del Ejido Ricardo Flores Magón, donde se aseguraron contenedores, tractocamiones, camionetas pick-up, equipos de cómputo, más hidrocarburo y cartuchos útiles.

Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los golpes más importantes al tráfico ilícito de combustibles en la región y destacaron la coordinación entre la Semar, FGR, SSPC, además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas desde al menos 2019, fue asesinado en Reynosa tras un violento ataque registrado la tarde del sábado. El atentado ocurrió sobre el Bulevar Hidalgo, una de las principales avenidas de esta ciudad fronteriza, y dejó como saldo la muerte del funcionario federal y la destrucción total de su vehículo oficial.

Los primeros reportes recabados por autoridades federales indican que la unidad en la que viajaba el delegado fue alcanzada por el impacto de una granada, lo que provocó un incendio inmediato. El vehículo terminó completamente calcinado, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida del funcionario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que detalló que el vehículo se incendió tras los hechos violentos. “Derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones, en caso de que así se requiera”, señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego poco antes del incendio. Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el móvil del ataque, ni ha dado a conocer si existen líneas de investigación concretas.

La identidad del delegado se manejaba con discreción por el tipo de funciones que desempeñaba. Aunque su nombre no era ampliamente conocido en medios, tenía una presencia institucional confirmada en actos públicos. En marzo pasado, participó en una ceremonia de honores a la bandera en Reynosa, donde acompañó al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. En dicho evento, el mandatario estatal agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a los afectados por las inundaciones ocurridas ese mes.

Tras el ataque, las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para esclarecer los hechos, mientras se refuerza la seguridad en puntos estratégicos de Reynosa. El asesinato de Vázquez Reyna marca un nuevo episodio de violencia contra servidores públicos en Tamaulipas, una entidad golpeada por la delincuencia organizada y la confrontación de grupos armados en diversas zonas.

El caso de los cinco jóvenes del “Grupo Fugitivo”, reportados como desaparecidos en Tamaulipas desde el pasado 25 de mayo, ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las investigaciones confirmaron que los músicos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una ladrillera ubicada en la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica indicó que los restos de los integrantes del grupo musical fueron hallados a aproximadamente 300 metros del sitio donde, según testigos y declaraciones, ocurrió el crimen. La información fue confirmada tras un operativo que derivó en la detención de presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años. Los cinco fueron convocados por un sujeto identificado como Lino Andrés “N”, alias “Didi”, para presentarse en un evento musical en la colonia Riberas de Rancho Grande.

La última ubicación conocida del grupo fue registrada a las 22:20 horas del mismo día, en las inmediaciones de la colonia Reservas Territoriales. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con los integrantes del grupo, lo que activó una denuncia inmediata por desaparición por parte de sus familiares.

El jueves 29 de mayo, en medio de los operativos de búsqueda, agentes de la Fiscalía fueron atacados por un grupo armado. En el enfrentamiento, nueve presuntos delincuentes fueron detenidos y se aseguraron armas y vehículos. Los arrestados aportaron información clave sobre el paradero del grupo musical.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por las autoridades, los músicos fueron interceptados, privados de la libertad y llevados a una ladrillera, donde fueron asesinados y posteriormente incinerados en un horno del lugar. Los restos fueron abandonados a unos 300 metros del sitio del crimen.

Las investigaciones continúan. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión contra 13 personas presuntamente vinculadas con el caso. Diez de ellas serían miembros activos del Cártel del Golfo, facción “Metros”. Entre los identificados figuran Santos “N”, alias “M-47”, Raúl “N” y Alejandro de Jesús “N”, quienes fueron detenidos a finales del mes pasado.

Colectivos como “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” documentaron y denunciaron el caso desde los primeros días de la desaparición, sumando presión social para esclarecer lo ocurrido. La Comisión Estatal de Búsqueda también emitió las fichas oficiales con los datos de los cinco jóvenes.

El caso ha generado conmoción y luto en la comunidad, así como una intensa reacción de parte de las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de seguir con las investigaciones hasta esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.

La investigación en torno a la desaparición de los integrantes del Grupo Fugitivo continúa desarrollándose en Tamaulipas. Este fin de semana, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica confirmó que Carlos González, el único sobreviviente relacionado con el caso, ya rindió su declaración ante las autoridades en Ciudad Victoria, como parte esencial del proceso para esclarecer lo sucedido.

“Es correcto, él ya ha sido entrevistado”, señaló el fiscal en declaraciones a medios locales. Sin proporcionar detalles sobre el paradero actual de González, quien forma parte de la agrupación musical, el funcionario explicó que el testimonio se integró al expediente oficial para avanzar en las líneas de investigación abiertas desde el hallazgo de cuerpos calcinados en días recientes.

El caso ha generado atención nacional desde que se reportó la desaparición del grupo. Las labores de búsqueda llevaron al descubrimiento de restos humanos calcinados, lo que impulsó la recolección urgente de muestras genéticas a familiares para confirmar si los cuerpos pertenecen a los músicos.

Barrios reconoció que en las primeras etapas del proceso hubo discrepancias en la información difundida por la fiscalía y lo expresado públicamente por los familiares. Sin embargo, subrayó que ambas partes actualmente trabajan de forma coordinada, enfocadas en los resultados periciales y los procedimientos legales correspondientes.

“Estamos colaborando con otras autoridades y seguimos a la espera de los resultados de ADN”, indicó Barrios, quien no especificó una fecha estimada para el cierre del análisis forense.

La situación generó una respuesta inmediata por parte de los familiares de los desaparecidos. A través de transmisiones en vivo en redes sociales, algunos de ellos manifestaron su rechazo a la afirmación inicial del fiscal sobre la identidad de los cuerpos, asegurando que no habían sido notificados oficialmente sobre ningún resultado concluyente.

El proceso de identificación forense se mantiene como una prioridad para las autoridades. Las pruebas de ADN están en curso y cuentan con el respaldo de laboratorios especializados en genética, en colaboración con agencias de seguridad estatales y federales.

Mientras se esperan avances científicos que permitan esclarecer la identidad de los restos, el testimonio del sobreviviente se consolida como una pieza fundamental para entender las circunstancias del caso, considerado como uno de los episodios recientes de mayor impacto en el ámbito artístico regional.

El Grupo Fugitivo, originario del norte del país, mantenía una agenda activa de presentaciones cuando se reportó su desaparición, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y exigencia de justicia desde el sector musical y la sociedad civil.

Beto Quintanilla Jr., intérprete de música norteña y corridos, hizo pública una denuncia por intento de extorsión que habría ocurrido en Reynosa, Tamaulipas. El hecho se dio días después de que se difundiera el posible asesinato de los integrantes del “Grupo Fugitivo”, desaparecidos a finales de mayo.

A través de un video compartido en redes sociales, el cantante mostró la grabación de una llamada que recibió presuntamente de un integrante del Cártel del Golfo. En el audio, la persona al otro lado de la línea lo cuestiona sobre la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar para recibir protección.

“Ya nos tocó a nosotros el día de ayer”, comentó Quintanilla Jr. en el video, al advertir que hay una ola de extorsiones con llamadas falsas dirigidas a músicos. El artista explicó que su número telefónico fue tomado del contacto que usualmente se publica para contrataciones.

El supuesto extorsionador afirma en la llamada que “el gobierno le está pidiendo que lo haga”, e insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite con otros artistas de la zona.

La denuncia del cantante se da en medio del clima de tensión que rodea al caso del “Grupo Fugitivo”. La banda fue reportada como desaparecida en Tamaulipas, y el 29 de mayo, la Fiscalía del estado anunció el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un paraje cercano al lugar donde los músicos fueron vistos por última vez. De acuerdo con el informe oficial, las características coinciden con las de los integrantes del grupo.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no han confirmado el fallecimiento y mantienen la postura de que la información difundida sobre su paradero es falsa. Hasta el momento, no se ha realizado una identificación oficial mediante pruebas científicas que confirme que los cuerpos pertenecen a los músicos.

La situación ha generado preocupación entre artistas locales y ha puesto en foco los riesgos que enfrentan los músicos en algunas regiones del país. Para Beto Quintanilla Jr., el incidente sirve como una advertencia a otros colegas del gremio: “No caigan”, expresó al referirse a quienes podrían recibir llamadas similares.

El caso del intento de extorsión y la desaparición del “Grupo Fugitivo” continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales, mientras las familias esperan confirmaciones oficiales y la comunidad musical de la región permanece en alerta ante posibles nuevos incidentes.