La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, instó a los gobiernos federal, estatales y municipales a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en curso. En sus declaraciones, la diputada Guerra enfatizó la importancia de respetar la legalidad y aseguró que los funcionarios deben mantenerse al margen de la participación activa en las elecciones.

Aunque reconoció la relevancia de garantizar la seguridad de los candidatos y participantes en los comicios, Guerra subrayó que es responsabilidad de las autoridades gubernamentales otorgar garantías a electores y candidatos, evitar la polarización y permitir que la población decida en libertad. Asimismo, resaltó la importancia de que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales actúen como árbitros imparciales.

La diputada Guerra compartió preocupantes cifras, indicando que desde septiembre de 2023 se han registrado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, lo que equivale a un aspirante agredido cada cuatro días. Enfatizó que los aspirantes a cargos municipales son los más vulnerables.

Guerrero, Michoacán y Chiapas son algunos de los estados más afectados, y Guerra llamó a los gobiernos estatales a proporcionar mayores condiciones de seguridad, rechazando la normalización de la violencia hacia candidatos y la sociedad en general.

Por otra parte, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las autoridades electorales, señalando que las juntas locales de los Organismos Públicos Locales Electorales de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas han solicitado medidas de seguridad adicionales. Esto, según Guerra, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades competentes.

• La próxima elección los ciudadanos de la Capital evaluarán los servicios públicos, seguridad y calidad de vida

Ciudad Victoria, Tam.- La capital del estado se ha convertido en el epicentro de una batalla electoral donde los ciudadanos jugarán un papel fundamental con su voto, en un escenario que plantea un dilema básico, seguir en la Capital con los mismos esquemas municipales representado por Eduardo Gattás, o un cambio en la persona de Oscar Almaraz, quien ha generado en miles de victorenses que hoy viven inconformes una luz de esperanza.

Si bien, participa Luis Torre Aliyán, el mismo se ha convertido en su peor enemigo, ya que a días de iniciar el proceso electoral, arrancó una guerra intestina desarrollando un conflicto contra el líder moral del partido que lo abandera (Movimiento Ciudadano) Gustavo Cárdenas, además de otras figuras y perfiles de ese organismo político.

Para la ciudadanía a lo largo de la Capital, la vida cotidiana se ha convertido en una auténtica pesadilla al lidiar a su paso con problemas de atención básica municipal, como baches, un pésimo servicio de basura, un pobre alumbrado, inseguridad que crece día a día y problemas de agua, que si bien no es achacable al alcalde, si lo es la forma en que lo enfrenta.

En este sentido, el regreso de Oscar Almaraz a Victoria, tras su paso por la Cámara de Diputados en el que destacó como el legislador tamaulipeco más productivo, ha generado una gran expectativa por su capacidad de gestión y acuerdos, además de su trabajo en la alcaldía, donde la cantidad de obras realizadas dejo un precedente historicamente que nadie a igualado.

Viene para la Capital un proceso electoral muy intenso, donde el actual alcalde tratará de reelegirse pese a un mal trabajo, con un partido dividido por sus propios arrebatos, y donde pese a tener alieado politicamente los colores desde hace 2 años, no ha logrado una sola obra emblematica.

Por su parte, Almaraz llega en un ambiente de unidad, con objetivos claros, y con la tranquilidad del respaldo de obras y acciones que los victorenses actualmente usan y servicios, que en su momento, funcionaban como relojito y hoy en día extrañan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el reciente ingreso a Palacio Nacional por parte de un grupo de jóvenes normalistas como “un vulgar acto de provocación”, acusando la presencia de “mano negra” detrás de esta acción. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario expresó su rechazo hacia lo que considera una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios.

López Obrador enfatizó la justicia de la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero advirtió sobre la presencia de “grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos en contra de la transformación” que se han sumado a este movimiento. También señaló la intervención de organismos internacionales y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos en lo que describió como un “coctel de provocadores”.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. Hay `mano negra´ en estas acciones, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, declaró el Presidente en una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El asalto al Palacio Nacional, según López Obrador, forma parte de un plan de provocación más amplio que incluye incidentes previos, como el rompimiento de vidrios en la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional. El mandatario señaló que este tipo de acciones cuentan con la marca distintiva del PRI, recordando tácticas similares utilizadas por el partido en décadas pasadas.

Además, destacó su intención de reunirse directamente con los familiares de los estudiantes en las próximas dos semanas y media, declinando participar en la reunión entre la subsecretaria y el grupo que intentó ingresar clandestinamente.

El Presidente reiteró su postura de no caer en provocaciones y destacó la importancia del diálogo directo con los afectados, rechazando intermediarios. En un momento de desafío político, López Obrador mantiene su posición firme, buscando abordar las demandas legítimas mientras denuncia la supuesta maquinaria de provocación que rodea este caso.

En un hecho inusual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) excedió el límite legal para dar luz verde a casi cuatro mil candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

El plazo máximo para que el INE aprobara las listas de aspirantes venció a medianoche del jueves 29 de febrero, marcando el inicio de las campañas electorales.

Sin embargo, el acuerdo sobre las candidaturas para el Senado, abordando ambos principios, fue unánimemente aprobado por los consejeros a las 5:04 a.m. de ayer, mientras que la aprobación para la Cámara de Diputados llegó a las 06:26 a.m., según se informó a través de publicaciones en la red X compartidas por la consejera Carla Humphrey.

El INE, mediante un comunicado, informó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó un total de dos mil 399 solicitudes, incluyendo 475 de elección consecutiva, además de verificar el cumplimiento de acciones afirmativas, como la inclusión de 35 personas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco migrantes y residentes en el extranjero.

Las listas difundidas por el INE entre los consejeros, de las cuales se ofreció un adelanto ayer, revelan que en 12 estados Morena, PT y PVEM contenderán por separado, con el objetivo de ganar los tres escaños de cada entidad. Estos estados son Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

A pesar de enfrentar un proceso penal, que incluye una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue incluido como candidato de mayoría relativa del Partido Verde.

Durante la sesión, se presentaron impugnaciones, entre las cuales se destacó la del representante del PRI, Hiram Hernández, quien rechazó la candidatura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, actual asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum y aspirante a una senaduría por Morena.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna también impugnó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado plurinominal del PAN.

En la lista de candidaturas plurinominales también sobresalen nombres como Eruviel Ávila, por el PVEM, y Julio Javier Scherer, hijo del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.