El Senado ha dado inicio al proceso legislativo para considerar las peticiones de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. La Comisión de Gobernación convocó a sus 16 integrantes para analizar la viabilidad de estas solicitudes. Sin embargo, prevalece la opinión consensuada de que en ninguno de los dos casos se justifica la intervención, ya que los tres poderes del estado continúan operando.

Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que la presidenta de la Comisión, Mónica Fernández Balboa, no ha convocado a la Junta Directiva para discutir los términos del documento que será presentado a los integrantes el próximo 2 de abril. Anaya señaló que esta falta de consulta va en contra del reglamento establecido, y hasta el momento no han recibido ningún documento oficial para su revisión.

Una consulta informal realizada por Excélsior reveló que la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación considera que las peticiones de desaparición de poderes no proceden, ya que en ninguno de los dos estados se ha interrumpido el funcionamiento de los poderes.

La Constitución otorga al Senado la facultad de declarar la desaparición de poderes solo en casos donde estos no estén en funcionamiento, como se hizo en 2006 con el caso de Oaxaca. Además, según la Ley Reglamentaria correspondiente, la desaparición de poderes solo se configura en situaciones específicas que no concuerdan con la realidad de Guerrero y Guanajuato.

En entrevistas separadas, Claudia Anaya y el senador Damián Zepeda coincidieron en que, a pesar de la crisis de inseguridad en ambos estados, no existe justificación para la desaparición de poderes, ya que los tres niveles de gobierno continúan operando dentro de los límites establecidos por la constitución y las leyes.

En una sesión marcada por tensiones políticas, la Comisión de Gobernación del Senado ha asumido el análisis de las controvertidas propuestas de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Este movimiento surge tras una evaluación exhaustiva de la situación en ambas entidades, donde la ingobernabilidad ha sido señalada como un problema crítico por diversos sectores legislativos.

Las iniciativas, presentadas por distintas fracciones políticas, reflejan la preocupación por la incapacidad percibida de los gobiernos locales para mantener el orden y abordar la creciente violencia e inseguridad. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN), en el caso de Guerrero, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guanajuato, han instado a la acción, desencadenando un enfrentamiento en el Senado que ahora deberá ser resuelto por las comisiones de gobernación y el Pleno.

El legislador Félix Salgado Macedonio ha expresado su preocupación por las posibles ramificaciones de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado en otras entidades. La desaparición de poderes, un proceso que implica la suspensión temporal de las funciones de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo en una región específica, es una medida contemplada en la legislación para abordar situaciones donde se quebrantan los principios del régimen federal, se abandona el ejercicio de funciones sin justificación adecuada, o se promueven formas de gobierno que no cumplen con la base constitucional.

Es importante destacar que la desaparición de poderes no implica una eliminación definitiva del gobierno, sino más bien un acto de reconstrucción institucional. El Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, tiene la responsabilidad de determinar si proceden en los casos planteados, así como de participar en la designación de un gobierno provisional si fuera necesario.

En resumen, mientras la Comisión de Gobernación del Senado aborda estas propuestas, queda en juego el futuro político de Guerrero y Guanajuato, así como el precedente que esto podría establecer para otras entidades en el país.

El día de ayer se llevó a cabo un paro nacional de transportistas de vehículos pesados en diversas vías del país en busca de garantías de seguridad durante sus trayectos. Esta medida surge como respuesta al aumento de asaltos y violencia en carreteras federales, según informa la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco).

En Veracruz, transportistas se unieron a la protesta nacional debido a extorsiones por parte de autoridades federales y la creciente inseguridad en las vías de comunicación. En el sur y centro del estado, se iniciaron protestas con bloqueos intermitentes y reducción de velocidad en tramos clave para exigir una mayor protección.

Por su parte, en Jalisco, se reportaron manifestaciones en puntos estratégicos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima y en la vía que conecta Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos.

En Querétaro, a pesar de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas de la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) anunciaron su manifestación en la carretera México-Querétaro, específicamente en el tramo correspondiente al municipio de San Juan de Río.

En Chiapas, los transportistas turísticos y de carga realizaron un paro en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, exigiendo a las autoridades una mayor seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos.

En Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, los transportistas se movilizaron en caravana desde la zona portuaria hasta el monumento del Venadillo, manifestándose contra la violencia en las carreteras.

En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, grupos de transportistas se unieron a la manifestación nacional, exigiendo seguridad en las carreteras.

En Guanajuato, más de 50 traileros se movilizaron desde la Puerta Milenio en León hasta la carretera León-Irapuato, demandando resultados concretos por parte de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad.

Finalmente, en el Estado de México, transportistas se congregaron en la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de cobro de Ojo de Agua, para exigir mayor seguridad y denunciar extorsiones por parte de las autoridades.

La protesta busca llamar la atención del gobierno federal para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas en todo el país.

En un giro esperanzador en el caso de la desaparición de Lorenza Cano Flores, buscadora de Salamanca, la Fiscalía de Guanajuato anunció la detención de los presuntos responsables de este crimen que ha conmovido a la comunidad.

Los implicados fueron identificados como José Adrián, alias ‘El Adri’, y José Iván, alias ‘El Güero Pericles’, quienes enfrentarán cargos por desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

Este trágico episodio se remonta al 15 de enero, cuando un grupo armado ingresó a la residencia de Lorenza Cano, cobrando la vida de su esposo e hijo y llevándola consigo. La noticia estremeció a la población y generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la sociedad civil.

La Fiscalía, a través de un comunicado, detalló que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas en busca de un hombre no identificado. Ante la ausencia de esta persona, decidieron perpetrar los homicidios y, posteriormente, secuestrar a Lorenza. Los individuos emprendieron la huida con dirección a Villagrán.

La detención de José Adrián y José Iván es un paso significativo en la búsqueda de justicia para Lorenza y su familia, pero las autoridades subrayaron que la labor de búsqueda continúa de manera incesante. Además, anunciaron que se proporcionará más información durante las audiencias en las que se resolverá la situación jurídica de los detenidos.

La captura de estos presuntos responsables también fue acompañada de la acción urgente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). Este organismo internacional reconoció la desaparición forzada de Lorenza Cano Flores y emitió un llamado al Estado mexicano para establecer un plan integral de búsqueda. La CED solicitó identificar al grupo de hombres armados involucrados en el secuestro y asesinato, garantizando la participación activa de la familia en las labores de búsqueda.

La noticia de la detención y las acciones de la ONU brindan un rayo de esperanza en medio de la tragedia, pero también destaca la urgencia de abordar la violencia contra las buscadoras, un fenómeno que ha cobrado fuerza en la región. La captura de los presuntos responsables es un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia, pero también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes dedican sus vidas a buscar a sus seres queridos desaparecidos.

El caso de Lorenza Cano se une a otros lamentables episodios de violencia contra buscadoras en Guanajuato y refuerza la importancia de abordar este problema de manera integral. La sociedad civil, los colectivos de búsqueda y las autoridades deben unirse para erradicar la impunidad y brindar seguridad a quienes, movidas por el amor y la necesidad de justicia, se embarcan en la difícil tarea de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Lorenza de 55 años de edad y su hija se habían unido al colectivo en el año 2018 con motivo de la desaparición de su hermano José Francisco Cano Flores, el cuál desapareció el 17 de agosto de dicho año.

Integrantes del colectivo salmantino señalaron que Lorenza era de las personas más participativas ya que tenía mucha ilusión de reencontrarse con su hermano.

La historia de Lorenza Cano, marcada por la tragedia y la valentía, ahora encuentra un nuevo capítulo en el camino hacia la verdad y la justicia.