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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta preventiva tras el robo de un cilindro que contiene gas cloro en el estado de Michoacán, sustancia utilizada comúnmente para la potabilización de agua y que representa un alto riesgo para la salud. De acuerdo con la dependencia federal, el nivel de toxicidad del contenido es elevado y puede resultar fatal si se inhala o entra en contacto con la piel.

El incidente se registró en el municipio de Morelia, donde el cilindro fue sustraído de un pozo perteneciente al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas). Según la información oficial, el robo ocurrió específicamente en el pozo denominado “El Retiro”, localizado en la colonia Dr. Miguel Silva González.

Tras confirmarse la sustracción, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió la alerta dirigida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. La medida responde a la posibilidad de que el contenedor sea trasladado o comercializado fuera del territorio michoacano, lo que ampliaría el riesgo a otras entidades del país.

La SSPC detalló que el cilindro robado tiene una capacidad total de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y cuenta con el número de serie 7107830Y. Al momento del robo, el contenedor tenía aproximadamente 50 por ciento de su capacidad llena con gas cloro, lo que incrementa el potencial peligro ante una manipulación inadecuada o una posible fuga.

Ante esta situación, se activaron operativos de búsqueda coordinados entre autoridades estatales y municipales. Elementos de seguridad realizan recorridos en chatarreras, terrenos baldíos y establecimientos donde pudiera intentarse la venta del cilindro o de su material. Estas acciones buscan evitar que el contenedor sea abierto, reutilizado o desmantelado sin las medidas de seguridad correspondientes.

De manera adicional, la SSPC informó que, con el apoyo de la Guardia Nacional, se llevarán a cabo revisiones en las carreteras que atraviesan Michoacán. El objetivo es detectar el posible traslado del cilindro hacia otras entidades. Asimismo, las Unidades de Protección Civil de los estados incluidos en la alerta fueron notificadas por correo electrónico para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante un eventual hallazgo.

La dependencia federal también reportó la difusión de las características del cilindro y de los números de emergencia a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta estrategia busca facilitar su identificación y promover una reacción inmediata y adecuada por parte de la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de localizar un objeto con las características descritas, no lo manipule bajo ninguna circunstancia. La recomendación oficial es alejarse de inmediato del lugar y dar aviso a las autoridades correspondientes, con el fin de prevenir riesgos a la salud y garantizar un manejo seguro del material. La alerta se mantiene activa mientras continúan las labores de localización y coordinación interinstitucional en Michoacán y en los estados señalados.

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó que los delitos de alto impacto en México mantienen una tendencia sostenida a la baja, alcanzando su nivel más bajo en los últimos ocho años. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos los indicadores delictivos muestran reducciones significativas, excepto la extorsión, que continúa siendo el único delito con un incremento respecto a años anteriores.

Durante la presentación del informe mensual, la titular del SNSP, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos en octubre de 2025 fue de 54.4 casos, lo que representa una disminución del 37% en comparación con septiembre del año anterior, cuando se registraban 86.9 en promedio.

Esta reducción marca un avance importante en uno de los rubros más sensibles para la población, aunque los homicidios continúan concentrándose en siete entidades: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

En la comparación con 2019, el informe muestra descensos notables en varios tipos de delitos. Los feminicidios se redujeron un 25%, las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 22.9% y el secuestro extorsivo cayó 59%. 

También se registraron disminuciones importantes en los robos con violencia: 48.6% menos en asaltos generales, 52.3% en robos a casa habitación, 44.3% en robo de vehículos, 49.9% en robo a transportista, 45% en robo a transeúnte y 56.8% en robo a negocio. En promedio, los robos en general con algún tipo de violencia se redujeron cerca del 50% respecto a 2019.

A pesar de la mejora en la mayoría de los indicadores, la extorsión sigue siendo el delito que preocupa a las autoridades. Aunque aumentó 22.9% respecto a 2019, se observó una leve mejora en comparación con 2024, con una reducción diaria del 14% en los reportes registrados. 

El gobierno atribuye esta variación al uso creciente de medios digitales y telefónicos para cometer este delito, lo que representa un reto para las estrategias de prevención y persecución.

En términos generales, el panorama nacional refleja un descenso del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto respecto a 2018, pasando de 969.4 a 522 delitos por día. Esta cifra, según el informe, representa el nivel más bajo de los últimos ocho años y consolida la tendencia descendente que el actual gobierno busca mantener.

El reporte del SNSP forma parte de las evaluaciones periódicas impulsadas por la administración federal para medir el avance de su política de seguridad. Con estos resultados, el gobierno de Sheinbaum busca reforzar la narrativa de una reducción sostenida en los delitos más graves, aunque reconoce que aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de extorsión y violencia focalizada en ciertas regiones del país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.