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La estrategia federal de seguridad en Michoacán volvió a concentrarse este jueves en nueve municipios considerados focos de operación criminal. A Morelia llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Marina y Defensa, para sostener una reunión privada con autoridades estatales y municipales.

El encuentro se realizó luego de que autoridades federales desplegaran el denominado Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 y atribuido a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la reunión fueron llamados únicamente los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro, municipios donde tienen presencia grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Correa, La Familia Michoacana y el Cártel de Acahuato.

García Harfuch arribó a la capital michoacana acompañado por los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo. Los funcionarios aterrizaron alrededor de las 08:30 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, ubicado junto a la XXI Zona Militar, a bordo de un helicóptero de la Marina.

En la mesa de seguridad participó también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el fiscal estatal Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Cruz Medina.

Entre los asistentes destacó Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La funcionaria encabeza además el Movimiento del Sombrero, organización política independiente creada por el exalcalde asesinado y desde la cual se impulsa su eventual candidatura al gobierno estatal.

Aunque el encuentro reunió a mandos federales, estatales y municipales, no fue convocado Jaime del Río Salcedo, quien el pasado 1 de mayo asumió como delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.

Según informó el gobierno estatal, durante la reunión se revisaron los resultados obtenidos por el Plan Michoacán en los nueve municipios incluidos en la estrategia de seguridad federal. La visita de García Harfuch representó su cuarta gira de trabajo en Michoacán para encabezar reuniones relacionadas con seguridad y refuerzo de presencia federal en la entidad.

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

“Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La detención de Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, se concretó tras una investigación de 19 meses encabezada por autoridades mexicanas, con apoyo informativo de agencias estadounidenses, pero sin participación directa de estas en el operativo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la colaboración bilateral se mantiene dentro de los canales de intercambio de inteligencia. “Son 19 meses de investigación de la Unidad de Inteligencia Naval. Es un intercambio de información constante, no sólo para este objetivo, sino para muchos. Es bienvenido conforme a la ley, pero es muy distinto a tener agentes operando en territorio”, sostuvo.

El Gabinete de Seguridad destacó que la captura fue realizada exclusivamente por fuerzas nacionales, en medio de cuestionamientos recientes sobre la posible presencia de la CIA en operativos en México.

Según las autoridades, Flores era una pieza clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con control de rutas estratégicas en el occidente y centro del país. Su red operaba en estados como Jalisco, Nayarit y Colima, con expansión hacia Sinaloa, Durango y Zacatecas, además de conexiones hacia zonas turísticas como Bahía de Banderas.

Durante más de 20 años, “El Jardinero” construyó un esquema de extorsión contra empresas de transporte, a las que imponía pagos ilegales y utilizaba para mover drogas, armas y dinero. También enfrentaba sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y tenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, lo que evidenciaba el interés de Washington en su captura.

El caso ocurre en un contexto de tensión tras un operativo en Guachochi, Chihuahua, donde se localizó un laboratorio clandestino y murieron dos agentes extranjeros. Sobre este episodio, García Harfuch señaló que la gobernadora María Eugenia Campos afirmó no tener conocimiento de la presencia de dichos agentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que el Ejército solo atendió la solicitud de apoyo para ubicar el narcolaboratorio. “El personal militar no detectó su presencia”, aseguró.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió una etapa decisiva para la estructura del grupo criminal, marcada por la posible sucesión interna o el surgimiento de conflictos entre sus principales operadores. Especialistas en seguridad advierten que la ausencia del mando central representa un momento clave que podría definir el futuro de una de las organizaciones criminales de mayor expansión y violencia en México.

Durante años, Oseguera Cervantes ejerció un control vertical sobre el cártel, concentrando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Su liderazgo definía las acciones en los territorios bajo influencia del CJNG. De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, actualmente existen al menos cuatro figuras con capacidad para asumir el mando. “El Mencho condujo esta organización con mano de hierro; actualmente hay cuando menos cuatro liderazgos, comandantes que pueden asumir el control de la organización y habrá que ver si se ponen de acuerdo”, explicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha identificado a los perfiles más relevantes dentro de la organización tras la caída del líder. Entre los nombres señalados por analistas destacan Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”; Heraclio Gutiérrez Martínez, llamado “Tío Lako”; y Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes. Estas figuras forman parte del círculo cercano que mantenía la operación del cártel y son considerados posibles sucesores.

El investigador en seguridad nacional Víctor Sánchez Valdés señaló que la muerte del líder representa un impacto estructural significativo. A diferencia de otros grupos criminales con mandos distribuidos, el CJNG dependía directamente de la autoridad de Oseguera Cervantes, lo que convierte su ausencia en un punto de inflexión para la organización.

El escenario que enfrenta el CJNG contempla diversas posibilidades. Una de ellas es que uno de los líderes logre consolidarse como jefe único mediante acuerdos internos, lo que permitiría mantener la cohesión operativa. Otra posibilidad es el surgimiento de disputas internas que deriven en enfrentamientos por el control del grupo. Saucedo advirtió que, en caso de no lograrse consensos, podría desencadenarse una “guerra sucesoria” para determinar quién asume el liderazgo. También planteó que el cártel podría fragmentarse en varias estructuras regionales que operen bajo el mismo nombre, pero con mandos autónomos.

El reacomodo interno también podría abrir oportunidades para organizaciones rivales. Sánchez Valdés mencionó que grupos como el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel Santa Rosa de Lima podrían intentar expandir su presencia en territorios disputados. En particular, entidades como Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Guerrero figuran entre las regiones con mayor riesgo debido a la disputa territorial existente.

El proceso actual representa una etapa de reconfiguración dentro del CJNG, en la que el resultado dependerá de la capacidad de sus principales figuras para consolidar el control o de la evolución de las tensiones internas y externas. La organización enfrenta así un periodo determinante que puede redefinir su estructura, liderazgo y presencia en distintas regiones del país.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de las redes que distribuyen drogas sintéticas entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la reunión forma parte de las acciones impulsadas por el titular de la cancillería para consolidar el intercambio de estrategias e información con autoridades estadounidenses. A través de este diálogo, se busca “fortalecer” el combate al tráfico de fentanilo y “desarticular aún más las cadenas de suministro” vinculadas a estas sustancias ilícitas.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de Sara Carter a México, acompañada por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La cancillería destacó que esta coordinación bilateral también contempla el intercambio de buenas prácticas orientadas a la prevención del consumo de drogas, así como acciones conjuntas contra el tráfico ilegal de armas y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con la SRE, estas reuniones forman parte de una estrategia basada en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional. La dependencia señaló que el seguimiento de estas acciones ha permitido debilitar a organizaciones criminales transnacionales y reforzar la protección de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Previo a su reunión con el canciller, la directora de la ONDCP sostuvo encuentros con autoridades mexicanas responsables de la seguridad nacional en Palacio Nacional. Entre los funcionarios participantes estuvieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Durante esas reuniones, Carter reiteró que Estados Unidos trabaja “día y noche” en coordinación con México para eliminar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

La visita de la funcionaria estadounidense ocurre días después del operativo realizado el 22 de febrero en Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el despliegue, tanto Carter como el embajador Johnson reconocieron el resultado del operativo y felicitaron a las autoridades mexicanas.

Por su parte, la ONDCP confirmó que la reunión encabezada por el canciller mexicano forma parte de los esfuerzos conjuntos para avanzar en el combate al tráfico de drogas y consolidar la cooperación bilateral. Con este encuentro, la cancillería mexicana reafirma su papel en la coordinación internacional para enfrentar las redes criminales vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El municipio de Tequila, Jalisco, fue reforzado con un operativo de seguridad estatal luego de la detención de su alcalde, Diego Rivera Navarro, y de otros tres funcionarios municipales, todos señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La medida fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien informó el envío inmediato de 50 elementos de la Policía Estatal con el objetivo de mantener el orden, garantizar la seguridad pública y brindar tranquilidad a la población.

De acuerdo con la información difundida por el propio gobernador en su cuenta oficial de X, el despliegue de los policías se realizó desde las primeras horas del día, como respuesta directa a la aprehensión de las autoridades municipales y al impacto que este hecho generó entre los habitantes de Tequila. El mandatario estatal subrayó que la prioridad es preservar la gobernabilidad del municipio en un momento clave.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en Querétaro, donde participaba en los actos conmemorativos por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, Lemus Navarro respaldó lo señalado previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ambos coincidieron en que la detención del alcalde fue consecuencia de múltiples denuncias ciudadanas que se habían presentado de manera reiterada en su contra.

“Esta detención se debe a diversas denuncias que se habían presentado. Lo que estamos haciendo ahora es tener un diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del municipio”, expresó el gobernador, quien también afirmó que se respetará la mayoría política que mantiene Morena en el ayuntamiento de Tequila.

Diego Rivera Navarro enfrenta acusaciones por el delito de extorsión y por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su captura se llevó a cabo como parte del operativo denominado “Enjambre”, una acción coordinada de las autoridades para desarticular redes de corrupción en gobiernos locales. Junto con el alcalde fueron detenidos el director de Seguridad Pública municipal, el titular de Catastro y Predial, y el responsable del área de Obras Públicas, todos funcionarios del mismo municipio.

Autoridades federales detallaron que el operativo incluyó la ejecución de cinco cateos simultáneos. Según los señalamientos, el alcalde encabezaba una red de corrupción dedicada a extorsionar a empresas tequileras y cerveceras que operan en la región, además de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En cuanto al futuro administrativo del municipio, el gobernador de Jalisco indicó que la definición sobre quién asumirá el control de la comisaría municipal se tomará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal, como parte de las acciones para asegurar la estabilidad institucional en Tequila.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica que autoridades de Estados Unidos hayan participado en operativos dentro del territorio nacional tras la detención del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Durante su conferencia de este lunes, la mandataria subrayó que no existen acciones conjuntas con agencias estadounidenses y señaló que será el propio director del FBI, Kash Patel, quien deba explicar por qué afirmó que se trató de una operación bilateral en México.

Sheinbaum aseguró que desconoce el motivo de dicha declaración y reiteró que su gobierno ha sido enfático en marcar límites claros a la actuación de agencias extranjeras. “No hay operaciones conjuntas y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que la decisión de calificar la detención como un esfuerzo conjunto fue exclusivamente del funcionario estadounidense.

La presidenta también indicó que la versión de una operación bilateral ha sido desmentida por diversas instancias. Señaló que la embajada de Estados Unidos en México confirmó que Ryan Wedding se entregó voluntariamente a las autoridades, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano. En ese mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que se haya tratado de un operativo conjunto.

Wedding enfrenta en Estados Unidos cargos graves por tráfico de cocaína y asesinato, lo que lo colocó durante años entre los prófugos más buscados por el FBI. De acuerdo con Sheinbaum, su entrega fue voluntaria, e incluso un representante del detenido difundió una fotografía en redes sociales tras el hecho.

La mandataria aprovechó el espacio para reiterar que no hay presencia de agentes federales estadounidenses participando en acciones operativas en México. Afirmó que este punto ha sido comunicado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la postura de su administración en materia de soberanía y seguridad.

“No hay operaciones conjuntas en México”, enfatizó, y añadió que los agentes del FBI u otras agencias tienen plenamente definidas sus limitaciones legales. Explicó que la relación bilateral en seguridad se basa en la coordinación y el intercambio de información, no en la intervención directa. Según detalló, su gobierno comparte datos con instancias como el Comando Norte y, a partir de esa información, México es quien ejecuta las acciones correspondientes dentro de su territorio.

Finalmente, Sheinbaum justificó la presencia en México del director del FBI, Kash Patel, al señalar que su visita estaba programada previamente como parte de los mecanismos de entendimiento en materia de seguridad entre ambos países y coincidió con la detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos. La presidenta reiteró que cualquier aclaración sobre las declaraciones del FBI corresponde exclusivamente a su director.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 39 funcionarios de seguridad que viajaron recientemente a Estados Unidos lo hicieron por invitación directa del Comando Norte de ese país (USNORTHCOM). La aclaración se realizó durante una conferencia de prensa, en la que detalló que este tipo de ejercicios de formación y cooperación no representan una acción extraordinaria, ya que se llevan a cabo desde hace varios años como parte de los mecanismos de coordinación entre ambas naciones.

García Harfuch precisó que los funcionarios pertenecen a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que participarán en actividades de capacitación con distintas corporaciones de seguridad estadounidenses. El periodo estimado de estos trabajos es de entre 40 y 45 días, tiempo durante el cual se fortalecerán capacidades técnicas y operativas mediante el intercambio de experiencias.

El titular de la SSPC subrayó que cada capacitación cuenta con un respaldo administrativo formal. “Para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así; en este caso fue una invitación”, explicó. Con ello, enfatizó que el procedimiento se ajusta a los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

Asimismo, García Harfuch aclaró que la cooperación y el intercambio de información no implican operaciones conjuntas en territorio mexicano. Señaló que cada país actúa exclusivamente dentro de sus fronteras y negó que agentes estadounidenses se encuentren realizando labores de seguridad en suelo nacional.

La explicación se da en un contexto reciente, luego de que el 18 de enero una aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos arribara a México sin que existiera una autorización previa del Senado. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trató del ingreso de tropas extranjeras, sino de un vuelo destinado únicamente a recoger a los funcionarios mexicanos, tras la autorización correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que la relación bilateral en materia de seguridad se sustenta en cuatro ejes centrales: entendimiento, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza, así como cooperación sin subordinación. En ese marco, señaló que Estados Unidos aceptó y comprendió estos principios como base de la coordinación entre ambos países.

La mandataria también destacó que, bajo estos lineamientos, Estados Unidos debe realizar las operaciones que le corresponden dentro de su propio territorio para contribuir a la seguridad regional, en coordinación con México, manteniendo el respeto a la soberanía y a los acuerdos institucionales vigentes.