Luz verde en el Senado para García Harfuch para estar al mando de la nueva estrategia de seguridad nacional

En un paso crucial para la reestructuración de la seguridad en México, las comisiones del Senado han aprobado una reforma que dará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, la responsabilidad de coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública en todo el país. La propuesta, respaldada tanto por la oposición como por el oficialismo, fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea una modificación del artículo 21 de la Constitución.

 

La votación de esta reforma en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad y Estudios Legislativos dejó un resultado positivo de 31 votos a favor, lo que subraya el consenso en torno a la necesidad de un cambio contundente en la estructura de seguridad nacional. Esta aprobación permitirá que la SSPC no solo dirija la estrategia de seguridad, sino que también coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una medida que busca robustecer la capacidad del gobierno federal para investigar y combatir el crimen organizado de manera más eficiente.

 

En palabras de la senadora priista Claudia Anaya, la reforma representa “un avance significativo, ya que coloca a la Secretaría de Seguridad al nivel de la Defensa Nacional, permitiendo una intervención directa y con un mando civil en las operaciones de seguridad en el país”. La aprobación inicial se traduce en una señal de confianza en la SSPC, encabezada por Harfuch, quien en el pasado ha liderado operativos clave contra el crimen organizado en la Ciudad de México.

 

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) también se mostró optimista ante esta reforma. “La confianza que hoy estamos depositando en esta dependencia no es un cheque en blanco. Esta secretaría tiene la responsabilidad de transformar para siempre la forma en que investigamos y perseguimos el delito en México,” mencionó Colosio, enfatizando la expectativa de una mejora profunda en la inteligencia y en la coordinación con entidades estatales y municipales.

 

Sin embargo, el apoyo a la reforma no ha sido absoluto. Legisladores como el senador Ricardo Anaya (PAN) han manifestado su preocupación sobre posibles abusos en el uso de inteligencia para espiar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. “Vamos a votar a favor porque creemos en la investigación para desmantelar a las organizaciones criminales, no solo en descabezarlas. Sin embargo, es indispensable incluir salvaguardas para proteger la privacidad y la libertad de aquellos que disienten,” declaró Anaya.

 

La aprobación de esta reforma llega en un contexto de escalada de violencia en distintas zonas del país. Los recientes crímenes en el Estado de México, Querétaro, Guerrero y Sinaloa, así como los frecuentes asaltos en el transporte público, fueron recordados por el senador morenista Higinio Martínez, quien hizo un llamado urgente para detener la ola de violencia que “se ha convertido en un horror para la ciudadanía”.

 

Con esta reforma, la SSPC se convierte en el eje central de la seguridad nacional, contando con nuevas facultades para desarrollar investigaciones estratégicas en coordinación con las fiscalías y otros organismos de seguridad a nivel federal y local. Además, la dependencia podrá solicitar información a corporaciones de los tres niveles de gobierno para identificar y esclarecer delitos de manera más ágil y efectiva.

 

Se espera que el proyecto sea discutido en el pleno del Senado en los próximos días, donde los senadores analizarán las reservas propuestas por Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, entre ellas, la inclusión de protecciones adicionales para evitar el mal uso de la inteligencia en actividades de vigilancia y monitoreo de la ciudadanía.

Controversia en el Senado por Sorteo para Selección de Jueces y Magistrados

El Senado de la República llevó a cabo una sesión extraordinaria el pasado 12 de octubre para iniciar el proceso de insaculación, también conocido como la “tómbola judicial”, con el objetivo de definir a los candidatos para la elección popular de jueces y magistrados en 2025. Durante este evento se seleccionaron 414 magistraturas y 371 juzgados de circuito, un método que ha generado críticas entre senadores de oposición, abogados y miembros del Poder Judicial.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador priista de Sonora, expresó su desacuerdo y se ausentó de la sesión, señalando: “No debemos avalar este error. La justicia no se puede sortear; necesitamos jueces competentes que apliquen la ley y la constitución, no decisiones arbitrarias”. En el mismo sentido, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó haber votado en contra de lo que consideró un acto que “pone el acceso a la justicia en manos del azar”. Moreno criticó el modelo por sustituir “la capacidad y el esfuerzo por decisiones políticas” y advirtió que México no está en condiciones de implementar este tipo de experimentos, ya que podrían comprometer las instituciones, la justicia y las libertades del país.

Por otro lado, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, calificó el proceso de insaculación como una “guillotina” que afectará las carreras de los abogados. “Lo que presenciamos hoy en el Senado es un espectáculo lamentable disfrazado de democracia; en realidad, es una guillotina que truncará las trayectorias profesionales de quienes han construido su carrera en el Poder Judicial”, manifestó Castañeda.

Magistrados y Jueces Expresan su Inconformidad

La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde jueces y magistrados expresaron su rechazo al método de selección. La magistrada de distrito, María Emilia Molina, criticó el proceso señalando que se trata de “un ejercicio incompleto que pretende disfrazar de paritario una acción del estado que violenta los derechos humanos de las personas juzgadoras, en particular de las mujeres que hemos roto techos de cristal”.

La jueza de distrito Magdalena Victoria Oliva decidió no postularse para otro cargo en el Poder Judicial, y defendió su trayectoria: “Decliné participar. Siempre he llevado la toga con dignidad y principios. Aunque me quiten el nombramiento, mantendré mi esencia. Soy y seré una jueza de carrera que cree en una justicia de calidad”. Otra magistrada, Beatriz Moguel, también rechazó postularse tras 37 años de servicio, argumentando que no existen las condiciones para garantizar una justicia independiente y que no se prestará a una “justicia a modo”.

Abogados y representantes del gremio se sumaron a las críticas. Víctor Oléa, director del Bufete Oléa y Asociados, S.C., y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su solidaridad con los jueces y magistrados que, a su juicio, “perderán sus cargos y carreras profesionales por un sorteo ridículo”. Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, calificó la sesión legislativa como “uno de los capítulos más vergonzosos en la historia constitucional reciente”, advirtiendo que este proceso “sacrifica la carrera judicial de cientos de personas”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, criticó el método de insaculación antes de que iniciara la sesión, diciendo: “Una tómbola decidirá qué jueces serán destituidos en 2025, sin considerar su mérito, capacidad o imparcialidad”. Por su parte, el analista Leonardo Núñez González opinó que México se está convirtiendo en un lugar surrealista, donde “se pierde un puesto de juez por un sorteo, sin importar la trayectoria profesional”.

En contraste, el abogado Gibrán Zazueta defendió la postura de los jueces y magistrados, afirmando que la verdadera humillación no la sufren ellos, sino quienes planearon y ejecutaron este proceso, que calificó como un “chiste ante la comunidad internacional”.

Senado cierra periodo sin resolver más de 130 nombramientos clave

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).