Tomas clandestinas halladas y aseguradas en Tlalnepantla son un peligro silenciado

En una operación coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos tomas clandestinas de combustible y 15 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El hallazgo, resultado de un cateo efectuado en un domicilio del municipio, expone los riesgos asociados al robo de combustible y sus implicaciones para la seguridad de la población.

La intervención, liderada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), contó con la participación del Ministerio Público de la Federación (MPF), la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos equipos trabajaron en conjunto con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional, Protección Civil y Seguridad Pública, formando un frente integral contra una práctica que compromete la infraestructura y la seguridad comunitaria.

Durante el cateo, además de las tomas clandestinas, fueron aseguradas tres bombas hidráulicas, siete cubitanques de mil litros de capacidad, cuatro vehículos y un conjunto de mangueras de diversos tamaños, incluyendo dos de 60 metros de longitud. Las autoridades procedieron a la desactivación de las tomas clandestinas para prevenir accidentes y proteger a la ciudadanía.

El combustible y los materiales decomisados han sido puestos a disposición de una agente del Ministerio Público Federal, quien lidera la investigación para identificar a los responsables. Este caso se suma a los esfuerzos continuos para combatir el llamado “huachicol”, una actividad que, más allá de representar una pérdida económica significativa, implica riesgos graves de explosiones y contaminación.

El robo de combustible no solo afecta las finanzas de Pemex y del país, sino que también pone en peligro la vida de las comunidades cercanas a estas instalaciones clandestinas. La intervención en Tlalnepantla subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la colaboración entre diferentes instituciones para proteger tanto a la ciudadanía como los recursos de la nación.

Este operativo destaca como un recordatorio de que la seguridad es un esfuerzo conjunto. Aunque las cifras y los materiales asegurados puedan parecer solo datos fríos, cada acción tiene como fin evitar tragedias que impacten familias y comunidades enteras. La investigación seguirá su curso para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y para reforzar las acciones contra delitos de esta índole.

Operativo Enjambre da golpe a la corrupción en Edomex desenmascara red de crimen organizado

Un contundente operativo coordinado por fuerzas federales y estatales ha sacudido al Estado de México, dejando al descubierto un preocupante vínculo entre funcionarios de seguridad pública y grupos delictivos. Hasta el momento, siete de las 14 órdenes de aprehensión emitidas han sido cumplidas, marcando un paso significativo en la lucha contra la corrupción en las instituciones.

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que esta acción, denominada Operativo Enjambre, movilizó a 1,500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad federal, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Estas detenciones representan un mensaje claro: no hay espacio para quienes traicionan la confianza ciudadana desde dentro de nuestras instituciones”, declaró Harfuch en su cuenta oficial.

 

Entre los detenidos destacan directivos de seguridad de Tejupilco, Ixtapaluca y Naucalpan, así como María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco. Aunque los nombres de otros tres involucrados permanecen en reserva, las autoridades confirmaron que todos los implicados enfrentan acusaciones por facilitar las operaciones de grupos delictivos en el Estado de México.

 

En un hecho que subraya la gravedad del caso, uno de los objetivos clave del operativo, Isidro Cortés, director de Seguridad Ciudadana de Texcatitlán, se quitó la vida antes de ser detenido. Este suceso, según fuentes oficiales, pone de manifiesto la presión que enfrentan los funcionarios señalados por sus vínculos con el crimen organizado.

 

El operativo fue resultado de meses de investigación encabezada por la Fiscalía del Estado de México y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. “No se trata solo de detener a quienes colaboran con el crimen, sino de reconstruir la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, señaló un funcionario del gabinete bajo condición de anonimato.

 

La población, aunque sorprendida, ha recibido con esperanza estas acciones. “Es tiempo de que se haga justicia y se limpie el sistema”, expresó una vecina de Naucalpan, quien pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

 

Con siete detenidos y siete órdenes aún por cumplirse, el Operativo Enjambre no solo busca desarticular esta red de corrupción, sino también sentar un precedente en el combate a la colusión institucional. “La justicia avanza, aunque el camino sea largo”, concluyó García Harfuch.