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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que actualiza la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer, por primera vez, una definición jurídica amplia de violencia dentro del ámbito deportivo. Con esta reforma, se integran como conductas reconocibles las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, simbólicas y estructurales ejercidas por cualquier persona durante prácticas o actividades deportivas. El objetivo central es establecer bases claras que permitan prevenir, atender y sancionar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Paola Longoria, reconocida raquetbolista que suma 12 medallas de oro en Juegos Panamericanos, seis campeonatos mundiales y 10 medallas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde tribuna, señaló que esta iniciativa busca “saldar una deuda histórica de nuestro deporte” y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus sueños por problemas de acoso, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia.

Durante su intervención, Longoria destacó que cuando las y los atletas enfrentan situaciones que les generan ansiedad, estrés, depresión o vulneración a sus derechos humanos, los resultados siempre son negativos. Enfatizó que la propuesta incorpora en su espíritu las experiencias de deportistas que han sufrido abuso y que, “por temor, guardan silencio por miedo a las represalias”. Subrayó que la impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién acudir refleja un abandono institucional que durante años ha visto el deporte “solo como un hobby”.

La diputada también señaló que “el primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo”, refiriéndose a la indiferencia de autoridades a lo largo del tiempo. Con esta modificación, explicó, no solo se reconoce de manera formal el abanico de agresiones posibles, sino que se incorpora por primera vez la definición legal de “protocolo de prevención y atención”. Esto permitirá otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la facultad de emitir lineamientos y protocolos nacionales para evitar criterios contradictorios entre instituciones federales, estatales, municipales y federaciones deportivas.

Longoria añadió que, aunque existan diferencias políticas, “el deporte no tiene partido”. Llamó a votar a favor del dictamen para “derrotar de una vez por todas el silencio en el deporte” y acompañar a quienes dedican su vida a representar a México.

El proyecto fue aprobado con 416 votos a favor y ahora se turna al Senado de la República. La presentación cerró entre aplausos de diputadas y diputados de todas las bancadas, en un gesto que recordó los momentos en que Longoria subía al pódium durante su trayectoria deportiva.

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado recibirán este martes a las 21 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar magistraturas en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las comparecencias se llevarán a cabo por la mañana y forman parte del proceso de evaluación previo a la votación del dictamen en el pleno.

La lista enviada por la mandataria federal incluye perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. Entre los nombres propuestos se encuentran Jorge Muñoz Barrett; Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge Enrique Mata Gómez; Ana María Chávez Nava; Mayra Alvarado Cruz; Fernando Cruz Ventura; Sandra González Castañeda; María Elena Montero García; Rodrigo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal.

También fueron postulados Olimpia Girón Hernández; Jesús Sánchez Sánchez; Ricardo Malina Arias; Edgar Guerrero Flores; Idubina Nañez Bugarin; Miguel Guizado Jaimes; Elizabeth Bautista Velasco; Luis González Macías; Marco Carballo Calva; María Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Todos participarán en las comparecencias como parte del procedimiento legislativo establecido para la designación de magistrados regionales.

Una vez concluidas las exposiciones ante las comisiones, se prevé que, en caso de conseguir dictamen favorable, Morena y sus aliados del PVEM y PT lleven la propuesta al pleno para su discusión. El proceso se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que los magistrados regionales pueden ejercer el cargo hasta por diez años, con posibilidad de ser considerados para nuevos nombramientos. La designación formal recae en la persona titular de la Presidencia de la República, mientras que la ratificación corresponde a la mayoría de los senadores presentes.

La sesión de comparecencias se realiza pocas semanas después de que el 10 de octubre el Senado ratificara a cinco magistrados del TFJA también propuestos por la presidenta Sheinbaum. Aquella votación generó debate, pues la oposición sostuvo que los perfiles no garantizaban independencia por presuntas vinculaciones con Morena. Aun así, la mayoría legislativa aprobó las designaciones.

Entre quienes fueron ratificados en esa ocasión se encuentra José Ramón Amieva, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, quien asumió como magistrado del TFJA por un periodo de 15 años a partir del 1 de noviembre. Esa resolución marcó el inicio de un nuevo ciclo de nombramientos dentro del tribunal y anticipó el proceso que ahora continúa con las 21 propuestas que serán revisadas este martes.

El avance de estas comparecencias definirá el siguiente paso en la integración de las Salas Regionales del TFJA, un órgano clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas en el país.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.

En una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desechamiento del expediente que acusaba al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación. La propuesta fue impulsada por su presidente, Hugo Eric Flores Cervantes, quien argumentó su improcedencia.

El respaldo de Morena y PVEM fue clave en la decisión. Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde, justificó su voto a favor señalando fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Según explicó, la carpeta presentaba dictámenes contradictorios, falta de testigos y una ausencia de perspectiva de género en su resolución.

El legislador destacó que, en caso de votar en contra, el dictamen habría quedado desechado definitivamente. Con esta resolución, la Fiscalía de Morelos podrá presentar una nueva denuncia con una investigación más sólida y evitar que el caso se estanque.

En el transcurso de la discusión, el diputado panista Germán Martínez acusó a Flores Cervantes de actuar como “abogado de Cuauhtémoc Blanco“. Ante esta afirmación, el presidente de la Sección Instructora respondió enérgicamente, rechazando cualquier sesgo en su decisión y defendiendo el análisis jurídico del expediente.

Martínez calificó la votación como un agravio contra las mujeres del país y solicitó a las líderes políticas Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia que no guarden silencio ante la resolución. Expresó su indignación, asegurando que con este dictamen se estaría otorgando impunidad al exgobernador.

Flores Cervantes insistió en que el expediente carecía de rigor técnico y profesional. Señaló que los peritajes psicológicos presentados eran contradictorios: uno indicaba que la víctima no presentaba daño psicológico, mientras que otro, realizado dos meses después con la misma metodología, sostenía lo contrario.

El dictamen será enviado este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea analizado en las sesiones de la próxima semana. La discusión aún no ha terminado, y el pleno tendrá la última palabra sobre el futuro del caso.