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La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio un nuevo paso en el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, al solicitar una sentencia de 154 años de prisión contra quien fuera secretario de Seguridad estatal y a quien las autoridades identifican como líder de “La Barredora”. La petición fue presentada por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, según información confirmada por autoridades estatales.

El avance judicial representa uno de los episodios más recientes de un caso que se remonta a la búsqueda y captura de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”. Antes de ser detenido, el exfuncionario abandonó el país y llegó a Paraguay, mientras en Tabasco ya era requerido por la justicia.

Cuando fue localizado y arrestado en septiembre de 2025, enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. El complejo penitenciario está ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concentra a personas acusadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Por sus instalaciones han pasado figuras como Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; Amado Carrillo Fuentes, identificado como “El Señor de los Cielos”; y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esa misma prisión también se encuentra recluido “Don Rodo”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan a Bermúdez Requena como líder de “La Barredora” en Tabasco, una organización vinculada al CJNG. Mientras permanece en El Altiplano, la fiscalía estatal busca que reciba una condena acumulada de 154 años de cárcel por los delitos que le atribuye.

Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración estatal encabezada por Adán Augusto.

Más de siete semanas después de la salida de Citlalli Hernández del gabinete federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente confirmó quién asumirá de manera permanente la conducción de la Secretaría de las Mujeres.

La designación recayó en Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien se incorporará a la administración federal una vez que concluya sus responsabilidades legislativas.

La vacante se abrió el pasado 16 de abril, cuando Hernández dejó la dependencia para convertirse en presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Desde entonces, la Secretaría permaneció sin una titular formal mientras continuaban las actividades institucionales.

Durante ese periodo, la operación de la dependencia quedó bajo la responsabilidad de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien mantuvo el funcionamiento de los programas y tareas vinculadas a la atención de las mujeres.

Fue este lunes cuando Sheinbaum puso fin a la incertidumbre sobre el relevo y adelantó que Castillo será la encargada de encabezar la Secretaría una vez que finalice su gestión en el Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, informó la mandataria.

La futura integrante del gabinete asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 30 de agosto para un periodo de un año, por lo que aún deberá concluir ese encargo antes de trasladarse al Ejecutivo federal. De acuerdo con la presidenta, faltan alrededor de mes y medio para que se concrete el cambio.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que las actividades de la dependencia no se han detenido durante el proceso de transición.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y en el momento en que se pueda incorporar —Laura Itzel Castillo—, ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Con este anuncio, el gobierno federal define la sustitución de Hernández y establece la ruta para que Castillo se integre al gabinete una vez concluida su responsabilidad al frente del Senado.

La discusión por el ajuste al calendario escolar escaló al Senado luego de que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reiterara su exigencia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, deje el cargo por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador acusó al titular de la SEP de afectar la educación de estudiantes de nivel básico al plantear un periodo vacacional que abarcaría del 5 de junio al 29 de agosto, medida que fue presentada bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video, Añorve sostuvo que Delgado “debe renunciar ya” y aseguró que el funcionario “no sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que también está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”.

El senador priista también vinculó al secretario con otras polémicas y afirmó: “Mario Delgado vive entre escándalos: el huachicol, los pésimos resultados educativos y ahora su obsesión por las vacaciones, diciendo que es por el calor y el fútbol. Mario Delgado ya se debe de ir”.

La Secretaría de Educación Pública informó el jueves pasado sobre modificaciones al calendario de educación básica y media superior. Mediante un comunicado indicó que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio y que las actividades del periodo 2026-2027 arrancarían formalmente el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que todavía no existe un calendario definitivo. Explicó que la propuesta surgió desde los estados y respondió a solicitudes de algunos maestros que plantearon adelantar vacaciones debido al Mundial de Futbol.

Añorve aseguró que, tras las críticas de asociaciones de padres de familia, integrantes del gobierno federal y de Morena comenzaron a deslindarse de la propuesta. Según dijo, ahora buscan responsabilizar a docentes, padres y secretarios estatales de Educación, incluidos funcionarios de gobiernos morenistas.

“Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, sólo piense en cómo tener más vacaciones. Ante el rechazo social y la presión pública que esto generó, tuvieron desde la mañana que corregir”, declaró el coordinador priista. El legislador añadió que, pese a las aclaraciones posteriores, Morena intenta evitar asumir la responsabilidad de la iniciativa sobre el calendario escolar.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que permanecerá en su cargo pese a las acusaciones en su contra por parte de una Fiscalía en Nueva York, que lo señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó que enfrentará el proceso sin separarse del Senado y que utilizará el fuero constitucional para su defensa legal.

A través de su cuenta en X, Inzunza negó los señalamientos relacionados con posesión de armamento y vínculos con la facción de “Los Chapitos”, por los cuales autoridades estadounidenses han solicitado su detención y extradición. También aseguró que acudirá ante instancias mexicanas si es requerido. 

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó.

Su postura contrasta con la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencias temporales mientras se desarrollan las investigaciones.

El senador también vinculó las acusaciones con su oposición a la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Según explicó, su postura derivó en una solicitud de juicio por presunta “traición a la patria” contra la gobernadora María Eugenia Campos. “Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó, al tiempo que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional. Hasta ahora, se desconoce el paradero de Inzunza, quien no ha sido visto desde la última sesión ordinaria del Senado el miércoles pasado.

En paralelo, el caso ha puesto atención sobre su entorno familiar. Su esposa, Claudia Meza Avendaño, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en noviembre de 2021, tras la salida de Inzunza de ese mismo órgano. Además, varios de sus hermanos han ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal.

Aída Inzunza es magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa desde diciembre de 2020. Lorena Inzunza fue nombrada jueza civil en septiembre de 2024 y actualmente encabeza el Juzgado Tercero Civil en Culiacán. Javier Inzunza, por su parte, se integró en noviembre de 2024 como secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la administración estatal en la que el ahora senador se desempeñó como secretario general. Las acusaciones en Estados Unidos se remontan a ese periodo, cuando Inzunza formaba parte del gabinete estatal.

Con el respaldo de la mayoría de los congresos locales, el Senado de la República formalizó la validez de la reforma constitucional que habilita al Congreso de la Unión a emitir una ley general enfocada en el combate al feminicidio en todo el país.

La Cámara Alta confirmó haber recibido los votos aprobatorios provenientes de entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras, lo que permitió completar el proceso requerido para su declaratoria constitucional.

Tras este paso, el documento fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, con lo que entrará en vigor el mandato para que el Poder Legislativo federal desarrolle un marco normativo integral sobre este delito.

El contenido de la reforma establece que el Congreso podrá expedir una legislación que refuerce las acciones en materia de prevención, investigación, sanción y reparación del feminicidio. En el texto se subraya que este delito constituye “uno de los más dolorosos y de máxima gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural”.

Asimismo, el documento describe al feminicidio como “la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres”.

Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, enfatizó la dimensión del problema al señalar que este crimen “representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino”.

La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, con su validación, se establece la obligación para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados elaboren y aprueben la ley general correspondiente en el próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para iniciar en septiembre.

Este nuevo marco legal buscará homologar criterios y fortalecer la respuesta institucional frente al feminicidio a nivel nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará elevar la calidad de sus investigaciones y disminuir la impunidad mediante un nuevo modelo basado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, informó su titular, Ernestina Godoy, al exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado.

Durante su comparecencia, la fiscal detalló que el objetivo es consolidar carpetas de investigación con sustento probatorio sólido, capaces de sostenerse ante los tribunales y derivar en sentencias condenatorias. Según explicó, este enfoque pretende garantizar que los casos judicializados lleguen con elementos suficientes para evitar resoluciones absolutorias por falta de pruebas.

Ante legisladores de distintos partidos, Godoy subrayó que la institución enfrenta desafíos estructurales que deben corregirse, como el alto porcentaje de delitos no denunciados —superior al 95%— y el elevado índice de no ejercicio de la acción penal. “Porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto, eso quiere decir que hay impunidad no”, afirmó.

En ese contexto, planteó que los procesos internos serán ajustados para aumentar la judicialización de casos y asegurar que las investigaciones que lleguen a tribunales tengan la solidez necesaria.

La fiscal también sostuvo que existen condiciones actuales que obligan a la FGR a actuar sin excusas frente a delitos como el crimen organizado, el lavado de dinero, la desaparición de personas y los feminicidios.

“Nunca como ahora estamos ante la posibilidad de combatir, como con la fuerza del Estado completa, esto es ahora, con un marco jurídico legal y constitucional fuerte, con una coordinación fuerte y con tecnología distinta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la procuración de justicia es un componente central para la gobernabilidad del país, lo que —dijo— exige utilizar plenamente las capacidades institucionales disponibles en beneficio de la población.

En materia interna, Godoy anunció una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la fiscalía, acompañada de mecanismos de control que permitan sancionar conductas contrarias a la ley. “El buen juez por su casa empieza”, señaló al advertir que cualquier acción en perjuicio de las víctimas será castigada.

Finalmente, indicó que el plan podrá ajustarse en un plazo de tres años con las aportaciones del Poder Legislativo y definió como prioridades los delitos contra migrantes, menores de edad y mujeres, así como aquellos vinculados a integrantes de la delincuencia, además de la desaparición de personas y el lavado de dinero.

El fallecimiento de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, derivó en cuestionamientos institucionales y reacciones políticas ante la ausencia de información oficial sobre su presencia en México.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal, difundido el viernes 24 de abril de 2026, reveló que ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país. Además, precisó que ninguna dependencia del propio Gabinete ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que personal extranjero estuviera llevando a cabo labores en territorio nacional.

Según los registros migratorios citados en el comunicado, uno de los agentes ingresó como visitante, sin autorización para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El tema escaló al ámbito legislativo. En el Senado de la República se aprobó, por mayoría, llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones se permitió la presencia de personal extranjero que presuntamente participaba en tareas de capacitación en seguridad, sin notificación al gobierno federal ni al Congreso.

En paralelo, durante una gira en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los detalles del ingreso de los agentes al país. La mandataria fue interceptada por medios al arribar al municipio de Tenango de Doria, donde sostuvo actividades con personas afectadas por las lluvias de octubre de 2025.

Cuestionada directamente sobre los mecanismos que permitieron el acceso de los agentes, Sheinbaum interrumpió la pregunta y se limitó a responder: “…el lunes”.

El accidente en el que murieron los agentes, sumado a la falta de claridad institucional sobre su presencia, detonó un debate entre fuerzas políticas, en el que se confrontan posturas sobre el control, supervisión y coordinación en materia de seguridad con actores internacionales.

Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a instituciones públicas utilizar recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles, una decisión que avanzó con el respaldo de Morena y aliados, pero que generó el rechazo del PAN y PRI.

El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalado en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Estudios Legislativos Primera con 15 votos a favor de Morena, PT y PVEM, ocho en contra del PAN y PRD, y la abstención de Movimiento Ciudadano. La minuta podría discutirse en el pleno del Senado esta misma semana.

Durante la sesión, seis legisladores de Morena que no estuvieron presentes dejaron firmado su voto a favor, pero la senadora Geovanna Bañuelos informó que dichos sufragios no fueron contabilizados debido a que ese mecanismo no está contemplado en el reglamento del Senado.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como el Infonavit, realicen inversiones y aportaciones destinadas a adquirir, construir, rehabilitar o demoler viviendas, además de financiar la autoproducción y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. El objetivo es generar condiciones que faciliten a los trabajadores acceder a créditos más accesibles y suficientes.

La discusión evidenció posturas encontradas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la reforma permitirá al gobierno federal disponer de recursos de los trabajadores al servicio del Estado para la construcción de vivienda.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la medida como un “atraco” y advirtió que el uso de esos fondos podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Señaló que, aunque es necesario construir más viviendas con mejores servicios, existe la posibilidad de que los recursos se destinen a proyectos que no resulten exitosos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, respondió a las críticas y señaló: “otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño y yo creo que ese cuento nadie les cree”.

El dictamen también contempla modificar el lenguaje de la legislación al sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como reemplazar “familias” por “personas”, con el fin de reconocer la vivienda adecuada como un derecho para todos.

Integrantes de la Red Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea limitar las pensiones de exfuncionarios y personal de confianza del sector público.

La manifestación partió desde la Estela de Luz y avanzó por la Avenida Paseo de la Reforma con destino al Senado de la República, donde los inconformes denunciaron que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre sobre sus ingresos actuales.

De acuerdo con los jubilados, la modificación constitucional podría aplicarse de manera retroactiva, lo que afectaría a quienes ya cuentan con pensiones definidas. “La reciente reforma al artículo 127 constitucional representa por primera vez retroactividad de la ley en perjuicio de las personas”, señalaron durante la movilización.

Uno de los organizadores explicó que la protesta buscaba reunir a por lo menos 3 mil jubilados provenientes de distintas entidades del país. El representante llamó a visibilizar el impacto que tendría la reforma en miles de extrabajadores del sector eléctrico. Otro integrante expresó preocupación por los topes que se pretenden imponer a las percepciones, principalmente del personal de confianza.

“El 80% de los jubilados no recibe pensiones de lujo, sino prestaciones que fueron ganadas tras años de labor técnica especializada. Estas medidas vulneran derechos adquiridos y ponen en riesgo el proyecto de vida de miles de familias”, afirmó el representante de la Red Nacional.

Ante este panorama, los manifestantes solicitaron formalmente una mesa de diálogo con las autoridades para garantizar que la implementación de la reforma respete los contratos previos. Además, no descartaron nuevas movilizaciones en la capital y otros estados, e incluso plantearon protestas durante el Mundial de Futbol, con posibles acciones en las inmediaciones del Estadio Azteca.

La iniciativa fue enviada al Senado el pasado 18 de febrero y busca eliminar las llamadas pensiones “doradas”. La propuesta establece que estas percepciones no superen el 50% del salario de la titular del Ejecutivo, lo que permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales para financiar programas sociales.

La revisión gubernamental detectó casos en organismos como Luz y Fuerza, Pemex y la propia CFE, donde existen pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. Además, la reforma contempla su aplicación en instituciones de la banca de desarrollo como Nafin, Banobras y Bancomext, bajo criterios de austeridad y responsabilidad financiera.

El Partido Verde Ecologista de México ratificó que mantendrá su alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo en las elecciones federales de 2027, mientras avanza en conversaciones preliminares para definir posibles acuerdos en el ámbito estatal y municipal. Así lo confirmó el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, quien aclaró que no existe ruptura entre las fuerzas políticas, pese a que el partido verde contempla competir en solitario en algunas entidades.

Desde el Senado de la República, Velasco explicó que ya comenzaron los primeros acercamientos entre las dirigencias de los partidos aliados con el objetivo de analizar la viabilidad de coaliciones en los distintos estados y municipios para el proceso electoral de 2027. No obstante, subrayó que estas conversaciones se encuentran en una fase inicial y aún no derivan en acuerdos concretos.

“Son mesas iniciales, todavía no hay acuerdos formales, digamos que más que mesas son el inicio de pláticas. Yo no estuve en la reunión del día de ayer, participaron otros compañeros donde empiezan a tener pláticas rumbo al 2027, pero todavía no hay nada definido”, estableció.

El senador también defendió la posibilidad de que el PVEM participe sin coalición en determinadas contiendas locales, como se anunció previamente en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Según indicó, esta estrategia responde al derecho del partido de fortalecer su presencia política en algunas regiones, sin que ello implique un distanciamiento con sus aliados a nivel nacional.

Velasco insistió en que la relación entre los partidos permanece firme de cara a los comicios federales. “No hay ruptura a nivel nacional, ya hay un acuerdo que se hizo público entre las dirigencias nacional de Morena, Verde y Partido del Trabajo para ir juntos al proceso del próximo año, sobre todo en las elecciones federales, nos sentimos muy orgullos de la presidenta de México”, dijo.

El legislador agregó que, aunque el PVEM mantiene coordinación política con Morena, no corresponde a su partido intervenir en decisiones internas de esa fuerza política. En ese contexto, se refirió a la permanencia de Luisa María Alcalde al frente de Morena, y señaló que la determinación recae exclusivamente en la militancia morenista.

“Nosotros vemos que ella es la que ha venido realizando los trabajos por parte de Morena, pero a nosotros no nos corresponde opinar en los temas internos de Morena, son ellos los que tomas sus proas decisiones”, destacó.

Las declaraciones del coordinador del PVEM se producen mientras las fuerzas políticas comienzan a delinear sus estrategias rumbo a 2027, con un escenario en el que la alianza federal se mantiene, pero las definiciones locales continúan en proceso de negociación.