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Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) informó que los manifestantes en los accesos del Senado de la República se han replegado para permitir el libre tránsito de los legisladores. A través de un comunicado, JUFED desmintió las versiones que señalaban que las protestas impedían el acceso, negando cualquier intención de obstruir el trabajo legislativo, pese a su oposición a la reforma judicial.

La asociación destacó que mantienen un diálogo constante con el personal de custodia del Senado para garantizar el acceso y aseguraron que un notario público certificará, una vez concluidas las protestas, que los accesos estén despejados. Además, invitaron a los medios de comunicación a presenciar la verificación.

Por último, JUFED hizo un llamado a los legisladores a votar en contra de la reforma judicial, y exhortó al bloque oficialista a permitir que sus miembros voten libremente, tras recibir apoyo de algunos parlamentarios que se oponen a la medida.

El Senado de la República aprobó recientemente las licencias de los senadores Marcelo Ebrard y Juan Carlos Loera, permitiéndoles ausentarse temporalmente de sus funciones. Esta medida fue tomada con el fin de que sus suplentes puedan participar en la votación de la reforma judicial, programada para la próxima semana.

Tras la autorización de las licencias, Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Ebrard, y Luis Mario Baeza, suplente de Loera, fueron convocados para tomar posesión de sus escaños. Reyes Carmona, vinculado a la Iglesia La Luz del Mundo, ha sido centro de controversia debido a la condena de su líder, Naasón Joaquín García, por delitos sexuales. Sin embargo, Reyes Carmona ha asegurado que su labor legislativa no tiene relación con esos hechos.

Por su parte, Luis Mario Baeza asumió su puesto sin mayor controversia, permitiendo que el Senado continúe con sus actividades legislativas sin interrupciones.

La senadora Claudia Anaya, del PRI, ha cuestionado la legitimidad de la sesión presidida por Gerardo Fernández Noroña, argumentando que no se realizó en una sede adecuada y podría vulnerar las normativas del Senado. En respuesta, Fernández Noroña defendió la validez de la sesión, afirmando que la sede de Xicoténcatl es una parte oficial del Senado y que todos los procedimientos fueron respetados.

Este jueves por la mañana, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, se anticipa que trabajadores del Poder Judicial de diversas entidades realicen manifestaciones en distintos tramos de la autopista México-Toluca.

Las movilizaciones fueron anunciadas a partir de las 7:00 horas, según un comunicado oficial. La convocatoria cita a los participantes desde las 5:00 de la mañana en una gasolinera situada frente al centro comercial Plazas Outlet Lerma, en el kilómetro 50 de la autopista.

El plan prevé que a las 6:15 horas los manifestantes inicien su recorrido hacia la Ciudad de México, con destino al Senado de la República. Según el comunicado, caminarán durante unos 20 minutos por la carretera federal y la autopista Toluca-CDMX, con vehículos acompañándolos detrás. Posteriormente, abordarán los vehículos para completar el trayecto hacia la capital.

Se informó además que los manifestantes se unirán a otros contingentes provenientes del norte del país en el Paseo de la Reforma. Tras su participación en el Senado, se espera que regresen a Toluca alrededor de las 20:00 horas.

El convocante, identificado como Víctor Flores Nicolás, hizo un llamado a que titulares y otros servidores públicos se sumen de manera voluntaria a la movilización en defensa del Poder Judicial de la Federación.

Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, advirtió a la alianza oficialista Morena-PT-PVEM que tomará medidas drásticas para impedir la instalación de la LXVI Legislatura y la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, si se aprueban las reformas del Plan C de manera acelerada. Estas acciones podrían incluir la ocupación de los edificios del Poder Legislativo.

En un video difundido en redes sociales, Acosta Naranjo, exdiputado del PRD, instó al partido mayoritario a respetar el proceso parlamentario en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Advirtió que si se realizan aprobaciones fast-track que violen el debido proceso legislativo, adelantará la movilización convocada para el 8 de septiembre.

El Frente Cívico Nacional, en conjunto con Unid@s y Marea Rosa, organizó una marcha para el 8 de septiembre, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Senado, con el fin de exigir a los legisladores del PRI, PAN y MC que no apoyen las iniciativas del Plan C. En la cámara alta, la coalición oficialista aún necesita un voto para consolidar dichas reformas.

Acosta Naranjo detalló que la movilización se concentrará en el Senado, ya que aún es posible detener la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, adelantó que si se acelera el proceso legislativo para aprobar estas iniciativas, el Frente Cívico Nacional convocará a la toma de San Lázaro antes de que termine septiembre para impedir que Claudia Sheinbaum rinda protesta.

En el mes de agosto, 17 de las 18 propuestas incluidas en el Plan C fueron dictaminadas en las comisiones correspondientes. La única reforma pendiente, la electoral, no se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales debido a que Sheinbaum solicitó paciencia en ese tema.

Por su parte, el morenista Ricardo Monreal anunció que el 1 de septiembre, día en que se instalará la nueva legislatura, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará lectura a la reforma judicial para que comience a discutirse la semana siguiente.

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

Ana Lucía Medina, miembro de la Marea Rosa, informó a este medio que están organizando una convocatoria a nivel nacional para que más estados se sumen a la manifestación en los Congresos locales, debido a su papel en el constituyente permanente. La protesta está programada para el próximo 8 de septiembre, donde expresarán su rechazo al autoritarismo.

Medina enfatizó que el objetivo principal de esta convocatoria es defender la democracia, manifestando su oposición al autoritarismo que, según ellos, se refleja en el “plan C”, especialmente en la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Además, la protesta también abordará el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, la desaparición de órganos autónomos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional, quienes representan la diversidad y las minorías en la sociedad.

La marcha comenzará el 8 de septiembre en el Ángel de la Independencia y culminará en el Senado de la República, donde esperan una lucha significativa para impedir la aprobación de estas reformas. Medina subrayó que en el Senado, el oficialismo no tiene la mayoría calificada necesaria para aprobar dichas reformas, y exigirán a los senadores de oposición que no traicionen el mandato de sus electores.

Los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que Morena, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), logrará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y posiblemente también en el Senado de la República. Esto les permitirá aprobar reformas legales y constitucionales sin oposición.

La coalición Juntos Hacemos Historia, formada por Morena, PVEM y PT, obtendría entre 346 y 380 curules en la Cámara de Diputados, superando el umbral de 333 necesario para la mayoría calificada. En contraste, la alianza opositora del PRI, PAN y PRD conseguiría entre 94 y 129 curules, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) tendría entre 23 y 32 escaños.

En el Senado, la misma coalición alcanzaría entre 76 y 88 curules, con la mayoría calificada fijada en 86. Los partidos opositores PRI, PAN y PRD sumarían entre 34 y 43 escaños, y MC entre cuatro y ocho.

El conteo rápido, con datos hasta las 12 de la noche del domingo, muestra que Morena y sus aliados son los grandes ganadores en el Congreso, mientras que la oposición, incluido MC, se debilita. En la Cámara de Diputados, el resultado se basa en el conteo de 4,107 casillas, representando el 67.3% de la muestra total, con un margen de confianza del 95%. La participación ciudadana fue del 58% al 60.2%.

Las proyecciones indican que el PAN obtendría entre 64 y 80 curules, una reducción significativa respecto a sus 111 actuales. El PRI, con un apoyo entre el 11.1% y 11.9%, alcanzaría entre 30 y 41 escaños, pudiendo perder hasta el 50% de sus actuales 70 curules. El PRD, con un apoyo entre el 2.4% y 3.1%, tendría entre 0 y 8 escaños, frente a los 12 actuales.

Movimiento Ciudadano se mantendría estable con entre 23 y 32 curules, similar a sus 28 actuales. Morena, con entre 41.2% y 42.8% de los votos, lograría entre 233 y 251 escaños, superando sus actuales 202. El PVEM aumentaría de 41 a entre 67 y 77 curules, mientras que el PT crecería de 33 a entre 46 y 52 escaños. El conteo rápido también sugiere la posibilidad de entre 0 y 2 diputados independientes en San Lázaro.

En el Senado, basado en el conteo de 1,090 casillas, el PAN obtendría entre 19 y 22 escaños, por encima de sus 17 actuales. El PRI lograría entre 15 y 18 escaños, superando sus 13 actuales. El PRD reduciría su presencia a entre 0 y 3 escaños, de sus actuales 5. MC tendría entre 4 y 8 escaños, frente a sus actuales 10.

Morena mantendría una presencia similar con entre 57 y 60 escaños, respecto a sus 58 actuales. El PVEM duplicaría su presencia con entre 10 y 15 escaños, y el PT crecería de 5 a entre 9 y 13 escaños.

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).