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La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la posición de México en el voto realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país respaldó la resolución para retirar el bloqueo económico a Cuba, medida que Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas. La mandataria subrayó que la política exterior mexicana se define dentro del país y no por presiones externas, en respuesta a las críticas del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que México mantiene una relación estable con Washington, pero que su gobierno ejerce una política exterior independiente y guiada por principios de soberanía. La presidenta destacó que la postura adoptada en la ONU está en línea con la tradición diplomática mexicana de respeto al derecho internacional y de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

El voto de México se dio en un contexto de renovada tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que Landau calificara de “decepcionante” la decisión mexicana y acusara al gobierno de enviar grandes cantidades de petróleo a Cuba. Sus declaraciones también incluyeron críticas al sistema político cubano, al que comparó con regímenes autoritarios del pasado.

La votación en la ONU reunió el respaldo de 187 países a favor de levantar el embargo estadounidense, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. El resultado volvió a colocar el tema en el centro del debate internacional sobre el impacto humanitario y económico del bloqueo impuesto a la isla desde 1962.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha mantenido la línea diplomática tradicional de México, basada en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y cooperación internacional para el desarrollo. La presidenta reiteró que su gobierno busca el diálogo y la cooperación con Washington, especialmente en materia comercial y de seguridad, pero sin ceder en decisiones que afectan la soberanía nacional.

La tensión entre ambos países se produce en un momento en que México y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos comerciales y de seguridad fronteriza, lo que convierte la relación bilateral en una de las prioridades estratégicas de ambos gobiernos.

Con esta postura, el gobierno mexicano reafirma su papel como interlocutor autónomo en la política internacional, que mantiene relaciones abiertas tanto con Estados Unidos como con América Latina. La defensa de la soberanía y la autodeterminación sigue siendo el eje de su diplomacia, incluso frente a las críticas de su principal socio económico.

En un escenario global marcado por tensiones políticas y económicas, la decisión de México vuelve a subrayar su posición histórica de independencia en política exterior, una línea que el país ha mantenido durante décadas frente a los cambios en Washington y en el tablero internacional.