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Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que propone declarar válida la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Justicia Federal, a pesar de una impugnación que cuestionaba la legalidad del proceso por presuntas irregularidades. La propuesta será discutida y votada en los próximos días por la Sala Superior.

La impugnación fue interpuesta por una ciudadana que también participó en la contienda. En su recurso, señaló que la elección violó principios electorales, acusando que el partido Morena habría repartido “acordeones” para influir en el voto. Además, denunció que se vulneró la representatividad democrática debido a una división arbitraria de los circuitos judiciales, y que existió incertidumbre en las reglas del proceso a causa de contradicciones normativas.

El recurso incluyó como pruebas 87 acordeones en formato físico, 225 en versión digital, así como publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en su proyecto, De la Mata consideró que los señalamientos eran infundados y que los documentos presentados no demostraban la comisión de faltas graves.

“Las pruebas privadas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora”, se lee en el documento.

El magistrado precisó que no existe constancia de que los acordeones se hubieran distribuido durante la jornada electoral ni de que los votantes tuvieran acceso a ellos. Tampoco se acreditó la manera en que fueron obtenidos, lo que impide comprobar su uso real.

“De estos documentos no hay forma de saber si se distribuyeron, si el electorado contaba con un ejemplar el día de la elección, además no se prueba cómo se obtuvieron y no hay certeza de si se trata de una prueba constituida”, sostiene el proyecto.

Ante la falta de elementos que comprueben las acusaciones, De la Mata plantea declarar inoperantes los señalamientos y validar la elección, lo que permitiría que los magistrados electos asuman sus cargos.

El Tribunal de Disciplina de Justicia Federal estará conformado por Celia Maya García, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino León Tovar e Indira Isabel García, quienes fueron designados en este proceso electoral interno.

De aprobarse el proyecto, la Sala Superior confirmará oficialmente la integración del nuevo órgano disciplinario, que tendrá la responsabilidad de vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán confirmó la detención de Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, señalado por su posible implicación en un caso de fraude relacionado con operaciones comerciales de alto valor económico. El arresto fue realizado por agentes de la policía de investigación, tras la emisión de una orden judicial.

El político, de 46 años y originario de la Ciudad de México, fue detenido en cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado. La detención está vinculada a hechos que habrían ocurrido durante los años 2023 y 2024, de acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales.

En el comunicado oficial se detalló que Rafael Echazarreta será presentado ante el juez que giró la orden de aprehensión, cumpliendo con los protocolos legales correspondientes. El proceso judicial ya ha comenzado a generar reacciones entre las filas del Partido Revolucionario Institucional.

La dirigencia estatal del PRI expresó su rechazo ante la detención, calificando el hecho como un acto de represalia política. En un posicionamiento emitido tras conocerse la noticia, el partido lamentó que el gobierno de Yucatán recurra a lo que consideran “venganza” contra quienes han sido críticos de su gestión y han señalado presuntas irregularidades.

Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, emitió un comunicado en el que aseguró que la detención confirma una estrategia de desprestigio que, según sus palabras, ya había sido anticipada meses atrás. El líder priista enfatizó que el delito que se imputa a Echazarreta no amerita prisión preventiva oficiosa y exigió que se respete el Estado de Derecho para garantizar un juicio justo y con apego a las garantías procesales.

El partido indicó que se mantendrá atento al desarrollo legal del caso, exigiendo que se respeten los derechos humanos del dirigente y que se le brinde un proceso transparente. En su mensaje, reiteraron su respaldo a Echazarreta y advirtieron sobre lo que consideran una persecución política disfrazada de acción judicial.

La noticia ha generado un fuerte eco en el ambiente político local, intensificando la tensión entre las instituciones del estado y los partidos de oposición. El proceso judicial continuará su curso en los próximos días mientras se definen las condiciones legales bajo las cuales Rafael Echazarreta enfrentará la acusación.