Polémica en la Corte: Sheinbaum vincula críticas a Hugo Aguilar con la reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

Caso “Vito” reaviva la aplicación de la ley de correa en CDMX: Multas, arrestos y responsabilidades

La muerte de “Vito”, mascota del político Gabriel Quadri, tras un ataque ocurrido en calles de la Ciudad de México, colocó nuevamente en la agenda pública la legislación que regula el paseo de perros en la vía pública y las sanciones por incumplirla. El hecho se registró cuando el animal fue atacado por otro perro mientras caminaban por la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, y derivó en la difusión de información sobre las obligaciones legales de los tutores de mascotas.

La normativa vigente en la capital establece de manera expresa la obligación de llevar a los perros con correa al transitar por espacios públicos. Esta disposición se encuentra en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como en los artículos 4 y 30 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ambas leyes señalan que los tutores o responsables deben asumir las consecuencias de los daños que sus animales puedan causar a terceros.

El texto legal indica: “Toda persona tutora responsable o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública”. El incumplimiento de esta medida puede derivar en distintas sanciones, que van desde multas económicas hasta arrestos administrativos o trabajo comunitario.

Gabriel Quadri informó a través de redes sociales que el ataque ocurrió en la esquina de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha. De acuerdo con su relato, “Vito” fue agredido por un perro de raza Pastor Belga Malinois. Posteriormente, el político compartió un video en el que se observa al perro agresor correr directamente hacia su mascota sin que se aprecie el uso de correa, para luego atacarla. Quadri también señaló que el dueño del animal no asumió responsabilidad por lo ocurrido.

Según la Ley de Cultura Cívica, las personas que no adopten medidas de seguridad para prevenir agresiones pueden ser sancionadas con multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA para 2026, esto representa montos que oscilan entre mil 290 y 4 mil 692 pesos.

Además de la sanción económica, la legislación contempla la posibilidad de un arresto de entre 13 y 24 horas, o la imposición de trabajo comunitario por un periodo de seis a 12 horas. Estas medidas buscan reforzar la responsabilidad de los dueños de mascotas y prevenir incidentes similares en espacios públicos de la capital.

Aprueban sanciones de hasta 36 horas de arresto contra franeleros en CDMX

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.

Pinchazos en el Metro: 41 casos, 3 detenidos y un operativo en marcha en CDMX

En medio del creciente número de denuncias por posibles pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han encendido las alertas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hasta ahora se han registrado 41 reportes por estos hechos, que se extienden desde el Metro hasta las calles y sistemas de transporte universitarios.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, precisó que del total de denuncias, 33 se produjeron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús, el servicio interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esos reportes, sólo 15 casos han mostrado señales físicas consistentes con una punción, según las evaluaciones médicas. En los demás, los indicios corresponden a lesiones superficiales como escoriaciones o rasguños. Para esclarecer los hechos, se han realizado exámenes toxicológicos a las personas afectadas, y en cuatro de ellos se detectó la presencia de estupefacientes.

Estos hallazgos están siendo analizados en profundidad para determinar si las sustancias encontradas están relacionadas directamente con los pinchazos o si podrían derivarse de otros factores como medicamentos. La fiscal Alcalde enfatizó que hasta el momento no se ha establecido conexión entre estos eventos y delitos como secuestro, abuso sexual u otros de alto impacto. Tampoco se han reportado consecuencias graves para las personas afectadas.

En respuesta a esta situación, se han detenido a tres personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen, intención y patrón detrás de estos incidentes, si es que existiese alguno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también ha tomado medidas. Su titular, Pablo Vázquez, señaló que se ha implementado un protocolo de atención inmediata especializado para abordar cada reporte. Este incluye la intervención de policías de proximidad y el traslado de la víctima a unidades médicas para su atención y evaluación.

Actualmente, 5 mil 800 elementos de la policía capitalina están desplegados en el Metro como parte del operativo de vigilancia, y personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha sido designado exclusivamente para dar seguimiento a los casos relacionados con los pinchazos.

Aunque las investigaciones están en curso y aún no se ha determinado una causa común o móvil claro, las autoridades insisten en que no se debe minimizar la situación. La acción inmediata, la coordinación interinstitucional y la vigilancia reforzada buscan brindar tranquilidad a los usuarios del transporte público y asegurar que cualquier caso se atienda con seriedad y eficacia.

Agresión a mujer transgénero en la Alameda Central: Dos funcionarios detenidos

El pasado 23 de febrero, una mujer transgénero fue agredida en la Alameda Central de la Ciudad de México por dos servidores públicos que realizaban labores de regulación en la vía pública. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó los hechos y aseguró que no se tolerará la violencia en la capital.

A través de su cuenta de X, Brugada informó que los responsables fueron presentados ante el Ministerio Público y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación. También señaló que la víctima fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital Balbuena y posteriormente dada de alta, aunque decidió permanecer en el hospital por voluntad propia.


Los hechos ocurrieron mientras se llevaba a cabo un operativo para retirar a vendedores ambulantes de la zona. Sin embargo, no se ha aclarado por qué la agresión se dirigió específicamente hacia la mujer transgénero. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la víctima estaba dialogando con el personal de reordenamiento cuando dos hombres la golpearon y huyeron del lugar. Policías auxiliares intervinieron y solicitaron servicios de emergencia para asistirla.


La jefa de Gobierno reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la erradicación de la violencia en la ciudad. Declaró que todas las personas servidoras públicas deben actuar con respeto a la ley y bajo el principio de no violencia. Además, instruyó a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad capitalina para realizar las investigaciones necesarias y evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir.


Este caso ha generado preocupación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad y el respeto a los derechos de las personas trans en la capital del país. Diversos sectores de la sociedad han exigido justicia y garantías para que hechos similares no se repitan. Las autoridades han prometido transparencia en el proceso de investigación y sanciones para los responsables de la agresión.