Operativo Atarraya da golpe a la criminalidad en bares del Edomex

El Operativo Atarraya continúa su lucha frontal contra el crimen organizado en el Estado de México, marcando un paso firme hacia la seguridad en los municipios más afectados. En una acción conjunta entre autoridades federales y estatales, se aseguraron siete bares y “chelerías” en Naucalpan y Tlalnepantla, elevando a 194 el número total de establecimientos intervenidos desde el inicio del operativo.

 

Bajo la dirección de instituciones como la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, este esfuerzo tiene como objetivo principal desmantelar espacios utilizados para actividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y homicidios.

 

En Naucalpan, fueron intervenidos establecimientos populares como “La Rumba”, “Malibú” y “Rock Bar”, además de otros centros conocidos por sus vínculos con actividades delictivas. En Tlalnepantla, “El Barrigón” y “Meduza” también fueron asegurados, dejando claro que no habrá tolerancia ante prácticas que pongan en riesgo a la población.

 

Desde su inicio el 13 de diciembre, este operativo ha impactado a 27 municipios del Estado de México, incluyendo Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chalco. Los primeros resultados arrojaron el cierre de 149 locales, en un movimiento que busca restaurar la seguridad en estas comunidades.

 

El impacto del Operativo Atarraya va más allá de las estadísticas. En cada intervención, las autoridades desmantelan estructuras que sostienen la violencia y la inseguridad en el Estado de México, enviando un mensaje claro a quienes buscan operar al margen de la ley.

 

La coordinación entre fuerzas de seguridad es uno de los pilares de este éxito. Con la participación de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional Antisecuestro, el despliegue masivo ha logrado asegurar zonas de alta incidencia delictiva.

 

El Operativo Atarraya no solo representa un golpe directo contra el crimen organizado, sino también una esperanza renovada para miles de habitantes del Estado de México que exigen paz y justicia en sus comunidades. La misión es clara: no ceder terreno ante quienes atentan contra la tranquilidad de la sociedad.

Rescate en Tapachula: Liberan a 18 Migrantes de red de extorsión de migrantes

En un operativo que trajo alivio y esperanza, 18 migrantes fueron rescatados en Tapachula, Chiapas, tras ser víctimas de una red de extorsión. Entre ellos, se encontraban ocho colombianos, seis ecuatorianos, tres venezolanos y un salvadoreño, quienes enfrentaban amenazas directas de ser entregados al crimen organizado o a las autoridades migratorias si no pagaban 100 dólares por persona.

El rescate fue realizado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes, durante un patrullaje, detectaron dos vehículos estacionados con cuatro personas en actitud sospechosa. Los gritos de auxilio provenientes de los vehículos llevaron a los agentes a actuar de inmediato. Dos de los responsables, identificados como Luis “N” y Julio “N”, intentaron huir, pero fueron detenidos antes de lograrlo.

Las víctimas, visiblemente afectadas, relataron cómo los agresores los mantenían bajo constante amenaza, aprovechándose de su situación vulnerable. Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a la Fiscalía de Inmigrantes, donde se les brindará atención y se definirán las acciones legales correspondientes.

Este caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan las personas migrantes en su travesía por México. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) reveló que, en lo que va del año, más de 6,000 migrantes han sido víctimas de delitos o actos violentos, desde extorsiones hasta secuestros.

El rescate en Tapachula marca un paso importante en la lucha contra el abuso y la violencia hacia migrantes. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir las redes criminales que lucran con el sufrimiento de quienes buscan un futuro mejor.

En medio de la compleja realidad que enfrentan los migrantes, este operativo ofrece un rayo de esperanza. Los detenidos serán procesados conforme a la ley, mientras que las víctimas recibirán el apoyo necesario para continuar con su camino o regresar a sus países de origen.

La valentía de quienes buscan mejores oportunidades no debe ser explotada, sino protegida, y este esfuerzo coordinado es un recordatorio de que la justicia puede prevalecer.

Senado amplía prisión preventiva oficiosa a nuevos delitos graves

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

  • Abuso o violencia sexual contra menores.
  • Delincuencia organizada.
  • Extorsión.
  • Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
  • Contrabando.
  • Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Operativo Enjambre: Pendientes órdenes de aprehensión contra presidentas municipales y otros funcionarios en Edomex

El Operativo Enjambre, llevado a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con fuerzas federales, continúa ejecutando órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado. En total, 14 órdenes han sido emitidas, pero aún faltan algunas capturas, entre ellas las de dos presidentas municipales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la fiscalía, las autoridades están buscando a Rosario “N”, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos por el PRD, y Marlen “N”, presidenta municipal de Tonatico por el PAN. Además, aún están pendientes las detenciones de Hipólito “N”, presidente del Comisariado Ejidal de Chicoloapan, Armando “N”, comisario de Seguridad Ciudadana de Coacalco, y Arturo “N”, comisario de Seguridad Pública y Movilidad de Jilotzingo.

Las investigaciones apuntan a que estos funcionarios estarían implicados en delitos graves como homicidio, secuestro exprés y extorsión. Los operativos continúan para capturarlos, ya que se encuentran prófugos de la justicia.

El objetivo de estas detenciones es desarticular una red de complicidad entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, como La Familia Michoacana. El 22 de noviembre, la operación culminó con la detención de siete personas, entre ellas cinco mandos policiales, una presidenta municipal y un presidente honorífico del DIF.

Este mismo viernes iniciaron las audiencias de los funcionarios detenidos en la operación. Entre los detenidos se encuentran el subdirector operativo de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Omar “N”, y los mandos policiales de Ixtapaluca, Rodolfo “N” y Roberto “N”. Además, en el Valle de Toluca se llevarán a cabo las audiencias de la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, y otros directores de Seguridad Pública de la región.

Rescatan a 71 migrantes en Oaxaca; dos son detenidos por presunta extorsión

En un importante operativo de rescate, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) encontró a 71 migrantes retenidos en una vivienda en la región del Istmo, específicamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Los migrantes, entre ellos 19 menores de edad, fueron hallados en condiciones de confinamiento en un domicilio de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz. En el lugar, las autoridades detuvieron a dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 42, ambos de origen extranjero, quienes presuntamente vigilaban a los migrantes y exigían pagos a sus familias a cambio de liberarlos.

 

La FGEO detalló en un comunicado que la operación fue resultado de una extensa investigación ministerial, en la cual se sumaron fuerzas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Guardia Nacional. “Este tipo de colaboraciones son clave para enfrentar una problemática de gran magnitud, donde la vida y la libertad de personas vulnerables están en juego”, señaló un portavoz de la Fiscalía.

 

El grupo de migrantes estaba compuesto por personas de diversas nacionalidades: 32 de Ecuador, 25 de Venezuela, siete de Colombia, tres de Honduras, una de Chile, una de El Salvador, una de Perú y una originaria de un país africano. La fiscalía precisó que “los migrantes presuntamente se encontraban privados de su libertad y en condiciones de hacinamiento”. Los detenidos serán presentados ante las autoridades para definir su situación legal y enfrentar los cargos correspondientes.

 

Tras el rescate, los migrantes recibieron apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargó de trasladarlos a un sitio seguro y de proporcionarles asistencia médica para evaluar su estado de salud. De acuerdo con fuentes del INM, la prioridad es “garantizar la integridad y el bienestar de las personas afectadas, particularmente de los menores, quienes son especialmente vulnerables en estos casos”.

 

Este tipo de operativos pone de relieve la situación crítica que atraviesan miles de migrantes en su paso por México, donde se enfrentan a redes de tráfico de personas que los exponen a graves riesgos. Desde octubre de 2018, la migración irregular ha incrementado notablemente en el país, impulsada por crisis políticas, económicas y de violencia en Centro y Sudamérica, el Caribe, y algunos países de África y Asia. Pese al aumento de la vigilancia en la frontera sur, los traficantes continúan encontrando rutas clandestinas para el cruce de migrantes, utilizando estados del sur como Oaxaca, Tabasco y Chiapas como puntos de tránsito.

 

Durante su travesía, muchos migrantes son engañados y sometidos a situaciones de extorsión. Se estima que estas personas pagan miles de dólares a los traficantes, quienes prometen ayudarlos a llegar a Estados Unidos pero, en muchos casos, los mantienen bajo amenaza o en condiciones de abuso.

 

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de enfrentar estas prácticas de explotación y continuar colaborando con otras instituciones para desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en el país. Este rescate de 71 migrantes en Juchitán representa un logro importante en la lucha contra la trata y la extorsión, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad a la que miles de personas están expuestas en su intento por buscar una vida mejor. 

Refuerzan seguridad en el sector limonero de Michoacán

Un total de 200 soldados del Ejército Mexicano han llegado a Michoacán para apoyar la seguridad del sector limonero en la región de Apatzingán, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este despliegue se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional implementada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Los militares serán responsables de asegurar todas las fases del proceso del limón, desde su cosecha hasta la venta, lo que incluye la producción, el empaque y el transporte del producto. Esta información fue revelada en un comunicado oficial de la Sedena, que también mencionó el apoyo de otros organismos en la región.

Además de los elementos del Ejército, en la zona han llegado personal de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, y representantes de diversas secretarías, incluyendo la de Gobernación y la de Agricultura de Michoacán.

Los efectivos se distribuirán en varios municipios, como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. Este apoyo es crucial, ya que en lo que va del año, los productores de limón han enfrentado severas interrupciones en sus actividades debido a la influencia del crimen organizado. Los agricultores han denunciado extorsiones, donde los cárteles les exigen pagos de hasta 3 pesos por cada kilo de limón producido, así como infiltraciones en las empresas de empaque a través de personal administrativo.

La cruda realidad de los niños sicarios en Sonora, detienen a siete entre los 12 y 15 años

En un país donde la violencia y el crimen organizado han moldeado la vida de muchos, los más jóvenes no están exentos de ser arrastrados al abismo. Este 11 de agosto, las autoridades mexicanas detuvieron a siete menores de edad, presuntos sicarios al servicio de un grupo criminal en Sonora. Estos niños, cuya edad oscila entre los 12 y 15 años, representan una triste muestra de cómo el crimen organizado manipula y destruye la inocencia de la niñez.

 

El primer operativo, llevado a cabo el 8 de agosto en la colonia Bella Vista de Santa Ana, Sonora, resultó en la detención de cuatro menores junto a otros 15 sujetos. Las autoridades lograron rescatar a dos personas que habían sido secuestradas, desmantelando así una célula criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Armamento, equipo táctico y un recipiente con abrojos fueron asegurados en el lugar. Estos jóvenes, que apenas deberían estar disfrutando de su infancia, se encontraban en medio de un mundo de violencia y terror, capturados por un sistema que los utiliza como herramientas desechables.

 

No es nuevo que los grupos delictivos recurran al reclutamiento de menores para sus operaciones. Como informantes, transportistas de droga, dinero o armas, y hasta como sicarios, los niños son una elección “conveniente” para los criminales. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ofrece una ventana para que estos jóvenes puedan salir libres al cumplir la mayoría de edad, una vez que han sido procesados. Esta es una de las razones por las cuales los menores son tan valiosos para estas organizaciones.

 

El reclutamiento de niños a menudo se realiza contra su voluntad. Arrancados de sus hogares o atraídos por falsas promesas, estos jóvenes terminan sumidos en un mundo que no comprenden del todo, donde la muerte y la violencia son parte de la cotidianidad. A los ojos del crimen organizado, estos niños no son más que herramientas, prescindibles y fácilmente reemplazables.

 

La detención de estos siete menores en Sonora revive el sombrío recuerdo de Edgar “N”, conocido como “El Ponchis”, un niño sicario que fue detenido en 2010 a la edad de 14 años. Reclutado a los 11 años por el Cártel del Pacífico Sur, “El Ponchis” fue responsable de la decapitación de múltiples personas, por las cuales recibía un pago de 45 mil pesos. Su caso se convirtió en un símbolo de cómo el crimen organizado en México devora a los más jóvenes, llevándolos a cometer atrocidades que ningún niño debería conocer.

 

En su confesión, “El Ponchis” reveló la existencia de otros menores trabajando para el mismo grupo delictivo, todos participando en la brutalidad de los crímenes organizados. Tras cumplir su condena, fue liberado en 2017 y se trasladó a Estados Unidos, donde supuestamente vive con su madre. Sin embargo, su historia sigue siendo una advertencia escalofriante sobre la realidad que enfrentan muchos niños en México.

 

Los menores detenidos en Sonora, con chalecos antibalas que les quedaban grandes y rostros aún no marcados por el tiempo, han sido puestos bajo custodia del DIF mientras se decide su futuro. 

Xóchitl Gálvez asegura Reducción de Brecha con Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que está a solo cinco puntos porcentuales de distancia de Claudia Sheinbaum, candidata del partido Morena, y predijo que logrará superar esa diferencia para ganar las elecciones del 2 de junio.

Durante un mitin multitudinario con sus seguidores, Gálvez Ruiz sostuvo que millones de mexicanos reconocen que ella es la mejor opción para el país. En ese contexto, exhortó a sus simpatizantes a salir a las calles para persuadir a más personas de que el cambio es posible.

La candidata opositora también prometió restaurar programas sociales que beneficiaban a los agricultores y que fueron eliminados por el Gobierno Federal en el actual sexenio. Aseguró a los campesinos que, si llega a la presidencia, trabajará para garantizar la seguridad de sus cosechas.

“En Michoacán y toda la región, la extorsión y el cobro de piso han aumentado. Los agricultores de aguacate y limón tienen que pagar por protección. Han estado acosando a los campesinos, pero les digo: no están solos. Vamos a restablecer los programas de apoyo que este gobierno eliminó. ¡Basta de injusticias!”, declaró Gálvez Ruiz.

Con estas declaraciones, la candidata busca ganar apoyo entre los agricultores y otros sectores afectados por las políticas del gobierno actual, fortaleciendo su mensaje de cambio y recuperación de programas sociales clave.