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Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

México recibió el año 2026 con el nacimiento de Sofía Isabela, la primera bebé registrada en el país en el nuevo calendario. El alumbramiento ocurrió a las 12:01 horas de este jueves 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, Sofía Isabela llegó al mundo mediante una cirugía cesárea. Al nacer, la recién nacida presentó un peso de 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros, parámetros que fueron verificados durante la primera valoración clínica realizada inmediatamente después del procedimiento.

El Seguro Social precisó que la intervención se desarrolló conforme a los lineamientos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS). En el proceso participaron tres médicas especialistas y dos enfermeras, todas mujeres, quienes aplicaron los protocolos institucionales para garantizar la seguridad de la madre y de la bebé durante el nacimiento.

Tras concluir la cesárea, Sofía Isabela fue colocada en brazos de su madre como parte del apego inmediato desde el primer minuto de vida. Este contacto temprano forma parte de las prácticas médicas promovidas por el IMSS, al considerarse un elemento fundamental para el bienestar físico y emocional tanto de la madre como de la recién nacida. Así lo destacó el instituto en un comunicado difundido con motivo del inicio del año.

La madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, es originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con el nacimiento de Sofía Isabela, se convirtió en madre por primera vez. El personal médico brindó acompañamiento durante todo el proceso, desde la atención obstétrica hasta la revisión inicial posterior al nacimiento.

Horas después del inicio de 2026, el IMSS compartió en sus redes sociales diversas imágenes del acontecimiento. En las fotografías se observan las labores del equipo de salud durante la recepción de la bebé, así como los primeros exámenes clínicos realizados para constatar su estado general.

En un contexto más amplio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante 2024 se registraron en México un millón 672 mil 227 nacimientos. Esta cifra representó una disminución de 8.2 por ciento respecto a los un millón 820 mil 888 nacimientos contabilizados en 2023.

Según los datos oficiales, las entidades con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fueron Chiapas, Durango, Nayarit y Guerrero. En contraste, los estados con menor número de nacimientos registrados fueron la Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo y el Estado de México, entidad donde ocurrió el nacimiento de la primera bebé de 2026.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

Un juez federal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango. La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este viernes en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicadas en el Altiplano, donde el juzgador determinó que la detención se realizó conforme a derecho.

En la misma sesión, el juez impuso la prisión preventiva a Ángel “N”, Guillermo Fernando “N”, Juan José “N”, Juan Carlos “N” y Alexis Mauricio “N”, quienes fueron señalados como integrantes del grupo criminal conocido como “Los Cabreras”, vinculado con la facción de “Los Mayos”. Con esta determinación, las seis personas permanecerán privadas de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia, el juzgador analizó la legalidad del operativo llevado a cabo por agentes federales, concluyendo que las capturas cumplieron con los requisitos legales. Fuentes del PJF consultadas por diversos medios de comunicación indicaron que, al inicio de la diligencia, los detenidos no contaban con representación legal, por lo que solicitaron la asignación de defensores de oficio para poder continuar con el procedimiento.

Una vez validada la detención, los acusados pidieron que la audiencia de imputación se difiriera, solicitud que fue concedida. La continuación del proceso quedó programada para el día de mañana en la misma sala, a la espera de que los detenidos comparezcan con defensores particulares. En esa etapa, se prevé que el Ministerio Público formalice la imputación por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y uso de armas de uso exclusivo del Ejército.

La detención de “El Limones” fue informada el pasado miércoles por el Gabinete de Seguridad, que lo identificó como presunto operador financiero de “Los Cabreras”. De acuerdo con las autoridades, dicha organización ha sido relacionada con amenazas y extorsiones dirigidas a comerciantes y ganaderos en la región. Las investigaciones señalan que Edgar “N” habría recibido depósitos millonarios sin justificación y realizado transferencias a empresas presuntamente vinculadas con esquemas de lavado de dinero.

Posteriormente, el gobierno federal dio a conocer la captura de otras cinco personas relacionadas con “Los Cabreras”, como parte del mismo expediente de investigación. En el desarrollo de los operativos, se cumplimentaron órdenes de cateo en diversos inmuebles localizados tanto en el estado de Durango como en Coahuila. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y vehículos, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un comunicado oficial.

Como parte de las indagatorias financieras, el Gabinete de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de “El Limones” y de personas identificadas como integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se ordenó el congelamiento de empresas que presentaban patrones financieros irregulares, las cuales mostraban aparentes recursos de procedencia ilícita, en el marco del seguimiento patrimonial del caso.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez, y Durango, Esteban Villegas, además de representantes de asociaciones ganaderas, con el objetivo de enfrentar la crisis derivada del cierre de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

El encuentro tuvo como eje la emergencia provocada por la detección del gusano barrenador, que llevó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a suspender la entrada de bovinos mexicanos en julio. Sheinbaum informó que se estableció un programa especial de apoyo destinado a mitigar los efectos del cierre fronterizo. “Acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, destacó que el plan busca dar certeza al sector ganadero, luego de que la decisión estadounidense frenara de inmediato el flujo de exportaciones. Recordó que la medida se tomó apenas tres días después de la reapertura que había permitido enviar 900 cabezas de ganado a Estados Unidos. Este es el tercer cierre en ocho meses, lo que ha generado un fuerte impacto económico en los productores nacionales.

La suspensión fue anunciada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, con el argumento de proteger al mercado interno ante la posible propagación de la plaga.

En paralelo, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) exigió al gobierno mexicano medidas adicionales para proteger a los productores. A través de un comunicado, solicitaron suspender la importación de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala, países donde también se han registrado brotes de gusano barrenador.

El organismo denunció además el tráfico ilegal de aproximadamente 800 mil cabezas de ganado que ingresan por la frontera sur desde Centroamérica. De acuerdo con la UNTA, muchos de esos animales estarían infectados, lo que provocaría pérdidas millonarias al limitar las exportaciones hacia Estados Unidos.

La crisis golpea de manera particular a los estados del norte, donde la producción ganadera representa un motor económico clave. La decisión de Sheinbaum de coordinar acciones conjuntas con los mandatarios estatales busca evitar mayores afectaciones a los productores y establecer medidas de contención frente a la plaga.

Con el nuevo programa de apoyo, el gobierno federal y los estados implicados intentan dar respuesta inmediata a una situación que mantiene en incertidumbre a uno de los sectores estratégicos del campo mexicano.

El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa intensificando sus esfuerzos para garantizar un proceso electoral seguro y transparente en el país. A medida que se desarrollan las campañas, el número de solicitudes de protección por parte de candidatos ha incrementado notablemente, reflejando el nivel de tensión que enfrentan quienes compiten por cargos públicos en zonas clave.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que hasta el momento se han recibido 187 peticiones de resguardo. Entre ellas, cinco corresponden a aspirantes a juzgadores —cuatro del ámbito federal y uno local—, mientras que 182 fueron presentadas por candidatos a alcaldías en los estados de Veracruz y Durango. Estos casos fueron canalizados a la mesa de seguridad federal para su evaluación y atención conforme al protocolo de respuesta inmediata.

De los cinco solicitantes del sector judicial, tres han recibido escoltas y vehículos de seguridad proporcionados por elementos federales, y otro cuenta con una línea de comunicación directa para responder ante cualquier emergencia. Además, durante la rueda de prensa en la que se compartió esta información, el equipo del INE notificó que en ese preciso momento estaban siendo recibidas nueve solicitudes adicionales, lo que muestra que la demanda de protección sigue en aumento conforme se acerca el cierre de campañas.

Guadalupe Taddei aseguró que el INE mantiene una coordinación constante con las autoridades federales para garantizar que cada solicitud sea atendida con agilidad, conforme al nivel de riesgo identificado por las autoridades de seguridad.

En un contexto donde la protección electoral se convierte en prioridad, el INE también fortalece sus alianzas internacionales. En un acto protocolario reciente, la institución firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), con el objetivo de establecer un marco de cooperación que permita impulsar la capacidad técnica e institucional del INE y de otros organismos electorales en la región.

El acuerdo, vigente hasta abril de 2028, permitirá desarrollar actividades conjuntas enfocadas en el fortalecimiento de la democracia, tanto en México como en los países donde IFES brinda cooperación técnica. La presidenta del INE destacó que este instrumento da continuidad a una historia compartida de colaboración y representa una forma de construir soluciones a los desafíos democráticos a través del diálogo y el respeto mutuo.

“La cooperación horizontal que promovemos a través de este instrumento es un modelo que valoramos profundamente. Es un ejercicio de aprendizaje mutuo, de construcción colectiva y de fortalecimiento institucional”, afirmó Taddei Zavala.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, ha generado revuelo nacional al confirmar públicamente que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La revelación no ha pasado desapercibida, pues se trata de una figura en proceso de ser nombrada como juez, en un país donde la ética judicial es constantemente cuestionada por la opinión pública.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas abordó directamente su pasado. Declaró que en 2015 enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense tras ser detenido por autoridades fronterizas en el puente internacional Lincoln Juárez. En el vehículo donde viajaba, un autobús de pasajeros con destino a Dallas, Texas, fue localizado un extintor modificado que contenía metanfetamina. El artefacto se encontraba oculto debajo de su asiento.

El propio Chávez reconoció que asumió la responsabilidad del objeto, aunque aseguró no conocer su contenido. La detención dio paso a un juicio por cargos de conspiración e importación para traficar sustancias ilícitas, así como posesión con intención de distribución. Como resultado, pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida, un proceso injusto e inhumano”, afirmó en su mensaje. También señaló haber vivido atropellos y arbitrariedades durante su encarcelamiento.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Vargas utiliza su experiencia como parte de su discurso político. “Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, expresó con convicción.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata. El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de su candidatura.

La organización Defensorxs, dedicada al acompañamiento legal de personas en procesos judiciales, confirmó los detalles del caso y aseguró que la detención ocurrió el 13 de noviembre de 2015. La organización también reiteró que el aspirante fue condenado bajo cargos federales en Estados Unidos y que su liberación se dio después de cumplir la mayor parte de su sentencia.

Mientras el proceso de revisión de su candidatura avanza, el caso de Chávez Vargas pone sobre la mesa un debate complejo: la posibilidad de redención y reintegración social frente a los requisitos éticos de quienes aspiran a impartir justicia en México.