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El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa intensificando sus esfuerzos para garantizar un proceso electoral seguro y transparente en el país. A medida que se desarrollan las campañas, el número de solicitudes de protección por parte de candidatos ha incrementado notablemente, reflejando el nivel de tensión que enfrentan quienes compiten por cargos públicos en zonas clave.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que hasta el momento se han recibido 187 peticiones de resguardo. Entre ellas, cinco corresponden a aspirantes a juzgadores —cuatro del ámbito federal y uno local—, mientras que 182 fueron presentadas por candidatos a alcaldías en los estados de Veracruz y Durango. Estos casos fueron canalizados a la mesa de seguridad federal para su evaluación y atención conforme al protocolo de respuesta inmediata.

De los cinco solicitantes del sector judicial, tres han recibido escoltas y vehículos de seguridad proporcionados por elementos federales, y otro cuenta con una línea de comunicación directa para responder ante cualquier emergencia. Además, durante la rueda de prensa en la que se compartió esta información, el equipo del INE notificó que en ese preciso momento estaban siendo recibidas nueve solicitudes adicionales, lo que muestra que la demanda de protección sigue en aumento conforme se acerca el cierre de campañas.

Guadalupe Taddei aseguró que el INE mantiene una coordinación constante con las autoridades federales para garantizar que cada solicitud sea atendida con agilidad, conforme al nivel de riesgo identificado por las autoridades de seguridad.

En un contexto donde la protección electoral se convierte en prioridad, el INE también fortalece sus alianzas internacionales. En un acto protocolario reciente, la institución firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), con el objetivo de establecer un marco de cooperación que permita impulsar la capacidad técnica e institucional del INE y de otros organismos electorales en la región.

El acuerdo, vigente hasta abril de 2028, permitirá desarrollar actividades conjuntas enfocadas en el fortalecimiento de la democracia, tanto en México como en los países donde IFES brinda cooperación técnica. La presidenta del INE destacó que este instrumento da continuidad a una historia compartida de colaboración y representa una forma de construir soluciones a los desafíos democráticos a través del diálogo y el respeto mutuo.

“La cooperación horizontal que promovemos a través de este instrumento es un modelo que valoramos profundamente. Es un ejercicio de aprendizaje mutuo, de construcción colectiva y de fortalecimiento institucional”, afirmó Taddei Zavala.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, ha generado revuelo nacional al confirmar públicamente que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La revelación no ha pasado desapercibida, pues se trata de una figura en proceso de ser nombrada como juez, en un país donde la ética judicial es constantemente cuestionada por la opinión pública.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas abordó directamente su pasado. Declaró que en 2015 enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense tras ser detenido por autoridades fronterizas en el puente internacional Lincoln Juárez. En el vehículo donde viajaba, un autobús de pasajeros con destino a Dallas, Texas, fue localizado un extintor modificado que contenía metanfetamina. El artefacto se encontraba oculto debajo de su asiento.

El propio Chávez reconoció que asumió la responsabilidad del objeto, aunque aseguró no conocer su contenido. La detención dio paso a un juicio por cargos de conspiración e importación para traficar sustancias ilícitas, así como posesión con intención de distribución. Como resultado, pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida, un proceso injusto e inhumano”, afirmó en su mensaje. También señaló haber vivido atropellos y arbitrariedades durante su encarcelamiento.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Vargas utiliza su experiencia como parte de su discurso político. “Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, expresó con convicción.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata. El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de su candidatura.

La organización Defensorxs, dedicada al acompañamiento legal de personas en procesos judiciales, confirmó los detalles del caso y aseguró que la detención ocurrió el 13 de noviembre de 2015. La organización también reiteró que el aspirante fue condenado bajo cargos federales en Estados Unidos y que su liberación se dio después de cumplir la mayor parte de su sentencia.

Mientras el proceso de revisión de su candidatura avanza, el caso de Chávez Vargas pone sobre la mesa un debate complejo: la posibilidad de redención y reintegración social frente a los requisitos éticos de quienes aspiran a impartir justicia en México.

En un panorama que exige atención y acción inmediata, México enfrenta una ola de incendios forestales con 123 siniestros activos distribuidos en 28 de los 32 estados del país. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la superficie afectada ya supera las 52 mil hectáreas 

El esfuerzo por contener los incendios ha movilizado a un ejército de 4 mil 315 combatientes. Estos brigadistas, provenientes de la Conafor y de diversas instituciones, trabajan sin descanso para mitigar el avance del fuego y proteger tanto la biodiversidad como a las comunidades cercanas.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Sinaloa encabezan la lista de los estados más afectados. Cada día representa un reto para los equipos que luchan contra las llamas en terrenos escarpados, bajo altas temperaturas y condiciones que cambian rápidamente.

La Conafor ha logrado avances importantes en algunos puntos críticos. En Tepoztlán, Morelos, dentro del área natural protegida “El Tepozteco”, el incendio forestal que afecta al predio Santo Domingo Ocotitlán se encuentra con un 85% de liquidación, tras impactar preliminarmente 1,200 hectáreas. En la Autopista México-Cuernavaca, otro incendio ya se encuentra completamente controlado, con un 90% de liquidación sobre una superficie de 35 hectáreas.

Otro punto relevante se ubica entre Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México, donde las Áreas Nacionales Protegidas Corredor Biológico Chichinautzin y El Tepozteco registran un control total y un 90% de liquidación, tras haber sido afectadas 240 hectáreas.

En Aramberri, Nuevo León, el predio Cañón de Vacas reporta un 95% de control y 90% de liquidación, con mil hectáreas afectadas. En Xilitla, San Luis Potosí, el avance del incendio ha sido contenido en un 85% y presenta un 70% de liquidación.

En el estado de Puebla, el municipio de Libres enfrenta un incendio con 900 hectáreas afectadas, y un progreso del 90% en el control del fuego. Por su parte, en los límites de Puebla y Tlaxcala, el área del Pico de Orizaba muestra avances, con un 80% de control y 60% de liquidación en una zona de mil 500 hectáreas.

La Conafor ha lanzado un llamado contundente a la población: evitar el uso del fuego en áreas forestales, no dejar basura y, especialmente, no arrojar colillas encendidas. También hizo hincapié en que la participación voluntaria en el combate a los incendios debe realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con capacitación, equipo adecuado y dentro de brigadas organizadas.

En México, la temporada más crítica de incendios se extiende de enero a junio, especialmente en las regiones centro, norte, noreste, sur y sureste. En el noroeste del país, el riesgo se eleva de mayo a septiembre. La situación actual exige responsabilidad ciudadana y coordinación constante para evitar una mayor catástrofe ambiental.

En un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la soberanía de México. Durante un evento en Durango, la mandataria enfatizó la importancia de mantener la independencia del país frente a las amenazas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

Ante la posibilidad de nuevos impuestos del 25% sobre productos mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump, Sheinbaum hizo un llamado a la unidad y destacó que México es un país libre y democrático. Enfatizó que en sus recientes conversaciones con el mandatario estadounidense ha defendido con firmeza la autonomía nacional, asegurando que no permitirá injerencias que comprometan la estabilidad del país.

El evento en el municipio de Guadalupe Victoria sirvió de plataforma para reiterar su postura sobre la importancia de la democracia y la justicia. En presencia de funcionarios clave como el gobernador Esteban Villegas y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la mandataria subrayó que los mexicanos no aceptarán medidas que vulneren la economía nacional ni la dignidad del país.

Sheinbaum continúa su gira de trabajo en Durango, impulsando programas sociales en beneficio de las mujeres y sectores vulnerables. La próxima parada de su recorrido será en el poblado de Bermejillo, donde seguirá entregando apoyos y reforzando su mensaje de unidad y resistencia ante los desafíos internacionales.

El panorama político y económico sigue evolucionando, pero el mensaje de la presidenta es claro: México no cederá ante presiones externas y seguirá avanzando con determinación hacia un futuro de mayor justicia y equidad.

Un operativo a gran escala ha asestado un golpe contundente contra el crimen organizado en México. Con la participación de las principales fuerzas de seguridad del país, se logró el decomiso de narcóticos, armamento y dinero en efectivo por un valor cercano a los 400 millones de pesos. 

Estas acciones, lideradas por la Estrategia Nacional de Seguridad, involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y diversas autoridades estatales. La coordinación entre estas instituciones permitió la detención de decenas de personas vinculadas con actividades ilícitas y la confiscación de toneladas de drogas.

Uno de los hallazgos más impactantes fue la intercepción de seis kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un paquete con destino a Nueva Jersey. Se estima que su valor en el mercado supera los 48.7 millones de pesos. En Sinaloa, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 140 kilos de metanfetamina, armamento y más de 4,000 cartuchos, con un valor de 42 millones de pesos.

Además, en Sonora, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina junto con vehículos y armas de alto calibre. En los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, fueron destruidas más de 24 hectáreas de cultivos ilícitos, incluyendo plantíos de amapola y marihuana.

La lucha contra el tráfico de drogas también incluyó la incineración de más de cinco toneladas de cocaína en distintas localidades, destacando operativos en Culiacán, Michoacán e Isla Mujeres. En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo y cheques por millones de pesos en diversos cateos, además de desmantelar una toma clandestina de hidrocarburos en Guanajuato.

El impacto de estos decomisos no solo representa pérdidas millonarias para los grupos criminales, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. La operación ha sido un claro mensaje de que la seguridad nacional sigue en pie de lucha para frenar estas actividades ilícitas.