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Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

El Senado de la República adjudicó un contrato para el suministro de insumos de cafetería a Café del Sureste, una empresa tabasqueña cuyo propietario, Jorge González Gutiérrez de Velasco, ha mantenido vínculos públicos con el actual coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández, desde su etapa como gobernador de Tabasco.

La relación entre la marca y el entonces mandatario estatal se remonta a 2019, cuando Café del Sureste y su submarca Café La Cabaña impulsaron una campaña comercial que consistía en donar un peso por cada bebida vendida en sus sucursales al DIF de Tabasco. En ese periodo, el organismo asistencial era presidido por Dea Isabel Estrada, esposa de Adán Augusto López. La iniciativa fue difundida por el propio gobierno estatal como parte de las acciones sociales de ese año.

Cuatro años después, la empresa fue invitada por el Senado a participar en el procedimiento de compra identificado como SENIDGRMSGIINV01312025, destinado a la adquisición de insumos de cafetería para el ejercicio fiscal 2025. La licitación contempló un monto máximo de 624 mil 470 pesos para productos como café, galletas, tés, semillas, salsas y leche, entre otros artículos.

En cumplimiento con la normativa, el Senado convocó al menos a tres participantes: Café del Sureste, Efrén Iván Sandoval Angulo y Gustavo Nava Muñoz. Los tres proveedores entregaron propuestas técnicas que, de acuerdo con la Secretaría General de Servicios Administrativos, cumplieron con todos los criterios de evaluación establecidos. Para este proceso, la Cámara alta aprobó un presupuesto total de un millón 256 mil 427 pesos para el año 2025.

El fallo determinó la contratación de Café del Sureste y Gustavo Nava Muñoz para cubrir dos partidas relacionadas con café e insumos. En el dictamen se indicó que ambas propuestas resultaron solventes y convenientes en términos de precio, calidad y oportunidad. Como parte del contrato, el Senado adquirió entre mil 150 y 4 mil 500 bolsas de café de la marca Café La Cabaña, además de otros productos como azúcar, canela, cucharas, agitadores de madera, refrescos, agua mineral y frutos secos.

Café La Cabaña fue fundada en 1991 en Villahermosa y actualmente cuenta con 17 sucursales en Tabasco. En 2022, una fuga de gas provocó un incendio en una de sus cafeterías, lo que ocasionó daños materiales en la zona, sin que ese antecedente afectara su operación comercial posterior.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

El diputado Ricardo Monreal presentó este jueves una nueva iniciativa para crear la Ley de Economía Circular, con el objetivo de enfrentar la extracción desmedida de recursos naturales y la creciente acumulación de residuos en el país. Esta propuesta representa su segundo intento en más de seis años por impulsar un marco legal que coloque al medio ambiente en el centro de las políticas públicas. La primera vez ocurrió el 29 de octubre de 2019, cuando, junto con el entonces senador Raúl Bolaños-Cacho, presentó el proyecto para avanzar hacia un modelo que redujera la generación de basura.

En aquella ocasión, Bolaños-Cacho destacó que la iniciativa buscaba “producir menos basura”, una idea que dos años más tarde se tradujo en el dictamen aprobado en lo general con 87 votos a favor y, en lo particular, con 77 votos y tres abstenciones el 17 de noviembre de 2021. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde permaneció sin avance durante la coordinación parlamentaria de Ignacio Mier Velazco. Desde entonces, la propuesta quedó detenida pese al impulso inicial.

Seis años después, Monreal y Bolaños-Cacho regresan al Congreso como diputados, mientras que Mier ahora es uno de los senadores más cercanos al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández. En esta nueva etapa, los impulsores de la iniciativa sostuvieron reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. Como resultado de dichas conversaciones, se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de coordinar los trabajos que dará forma al nuevo sistema de economía circular.

Durante la sesión legislativa, el diputado morenista Antonio Lorenzo Castro presentó el proyecto desde tribuna e invitó a cambiar la visión del país sobre los desechos. Señaló que es momento de “dejar de ver la basura como basura y empezar a verla como recurso”, y destacó que, mientras otras naciones alcanzan tasas de recuperación de materias primas secundarias cercanas al 90%, México continúa “enterrando riqueza”. Castro también agradeció a Monreal por permitirle participar en la elaboración de la iniciativa.

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros expresó que le habría gustado que su bancada participara desde las primeras etapas del proceso, pero aun así se sumó a la propuesta. Asimismo, la diputada del PAN Paola Espinosa presentó una iniciativa paralela enfocada en economía circular y gestión de plásticos, explicando que su objetivo es establecer legalmente que los productos tengan mayor duración y puedan repararse, reutilizarse y reciclarse. Subrayó que el propósito es “pasar del usar y tirar al usar, reusar y volver a aprovechar”.

Espinosa planteó la necesidad de que los tres niveles de gobierno adopten políticas públicas, programas e incentivos fiscales que impulsen prácticas responsables en las empresas, especialmente aquellas que reduzcan sus residuos y opten por materiales reciclables, reutilizables o compostables. Tanto la propuesta de Morena como la presentada por Acción Nacional fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pospuso su comparecencia ante el pleno del Senado, programada para este martes, debido a que fue comisionado para atender las afectaciones que las recientes lluvias dejaron en planteles educativos de diversas regiones del país. Así lo informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien precisó que el funcionario se encuentra en las zonas más impactadas supervisando los daños y coordinando acciones de respuesta.

A través de sus redes sociales, Castillo detalló que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, será quien reagende la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en una nueva fecha, como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se pospone debido a que se encuentra atendiendo las afectaciones en las escuelas derivadas de las fuertes lluvias en diversas regiones del país”, señaló la presidenta del Senado, destacando que la decisión responde a la prioridad de garantizar la seguridad y funcionamiento de los planteles educativos.

El Senado de la República continuará con el calendario de comparecencias programadas dentro del análisis del informe presidencial. El próximo miércoles se espera la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien acudirá al pleno para rendir cuentas sobre las estrategias de seguridad implementadas durante el primer año de gobierno de Sheinbaum.

En paralelo, los trabajos legislativos avanzan con la revisión del paquete económico 2026. El dictamen de la Ley de Ingresos será discutido y votado hasta la próxima semana, tras una serie de reuniones entre senadores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como parte de esta agenda, los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostendrán encuentros con integrantes del gabinete hacendario para analizar los detalles del dictamen previamente aprobado por la Cámara de Diputados. Entre los funcionarios que participarán en las reuniones se encuentran María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda; Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos; y Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La suspensión temporal de la comparecencia de Delgado se da en un contexto en el que diversas entidades del país enfrentan severos daños por las lluvias y desbordamientos recientes, que afectaron infraestructura educativa, caminos y viviendas. La SEP, bajo su dirección, coordina labores para garantizar la reanudación segura de clases en las zonas afectadas, mientras que el Senado ajusta su calendario legislativo para mantener el seguimiento a los temas prioritarios de la agenda nacional.

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la extinción de un fideicomiso creado en 1994 que acumulaba más de mil millones de pesos, originalmente destinado para la adquisición de terrenos y construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con López Hernández, el fondo contaba con un saldo actual de mil 56 millones 670 mil 709.05 pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en dos etapas. El senador detalló que este miércoles se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos a la Tesorería del Senado, que a su vez remitirá los recursos al gobierno federal. El remanente será entregado en enero del próximo año.

El fideicomiso fue creado hace 31 años, durante los preparativos para la nueva sede legislativa, con el fin de adquirir terrenos, construir las instalaciones y posteriormente equiparlas. Una vez que el proyecto fue concluido, López Hernández explicó que el fideicomiso ya había cumplido su propósito.

“Toda vez que ya cumplió el objeto para el cual fue creado y se modificó posteriormente, le pedimos al fiduciario la extinción del fideicomiso. Ya se extinguió, y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado”, señaló el legislador. Agregó que, aunque la ley permite integrar esos recursos al presupuesto anual del Senado, se optó por adelantar su devolución a la Federación.

El también exsecretario de Gobernación precisó que el reintegro total superará los mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre mil 40 y mil 50 millones. “Vamos a dividirlo en dos etapas: una primera entrega de 800 millones para cerrar el año fiscal, y en enero se hará entrega del remanente”, explicó.

López Hernández subrayó que la decisión busca reactivar recursos que permanecían inmovilizados para destinarlos a causas prioritarias del país. Señaló que, aunque la disposición final de los fondos dependerá del gobierno federal, podrían utilizarse en tareas de reconstrucción tras las recientes lluvias que afectaron comunidades en cinco estados.

“Se va a requerir algo de dinero para la reconstrucción de los estados de la comunidad afectada y en algo ha de servir, en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”, apuntó el senador.

La medida marca el cierre definitivo de un fideicomiso con más de tres décadas de existencia, y representa una acción coordinada entre el Senado y el Ejecutivo federal para optimizar recursos públicos y redirigirlos a necesidades urgentes del país.

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo su primer informe de gobierno durante un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento congregó a simpatizantes de Morena, gobernadores, integrantes de su gabinete y políticos afines al movimiento que encabeza. La mandataria realizó esta presentación después de recorrer diversos estados para exponer su informe a un año de su llegada a Palacio Nacional.

Desde el templete instalado en la plancha del Zócalo, Sheinbaum dirigió un mensaje en el que marcó distancia con administraciones pasadas. “Eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo enfrenta la justicia”, afirmó. Con esta declaración, reiteró su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en el ejercicio público.

En su intervención, la presidenta arremetió contra los conservadores y recordó que fue en el pasado cuando los presidentes vivían “rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente y fortunas construidas al amparo del poder público”. La mandataria situó el periodo de 1982 a 2018 como la “oscura noche del neoliberalismo”, en la que, según dijo, los gobernantes carecían de convicciones “más allá del dinero”.

El mensaje presidencial se dio en medio de señalamientos públicos que han marcado la agenda política en semanas recientes. Entre ellos, el enriquecimiento de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena; los viajes al extranjero realizados por integrantes de su movimiento, como el de Andy López Beltrán a Japón; y la revelación de una red de “huachicol” fiscal que involucra a la Marina.

En su discurso, Sheinbaum subrayó que “el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional”. Estas palabras se sumaron a su llamado a consolidar un gobierno cercano a la gente, enfocado en la justicia social y la administración honesta de los recursos.

El acto en el Zócalo se convirtió en un escaparate para reafirmar las prioridades del actual gobierno federal. Entre banderas, consignas y pancartas, simpatizantes y funcionarios escucharon un mensaje que vinculó la gestión presidencial con un proyecto de transformación que, según la mandataria, busca desterrar privilegios y fortalecer la rendición de cuentas. Con este evento, Sheinbaum cumplió su primer año al frente del Ejecutivo federal con una narrativa centrada en la austeridad, la justicia y el combate a la corrupción.