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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó formalmente integrado con la incorporación de tres nuevos consejeros que ejercerán funciones hasta 2035, en un momento clave previo a la organización de las elecciones federales de 2027.

Blanca Yaasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López asumieron el cargo tras rendir protesta en sesión solemne este 22 de abril de 2026, iniciando un periodo que concluirá el 21 de abril de 2035. Su llegada ocurre en un contexto de renovación institucional que, de acuerdo con la autoridad electoral, marca el arranque de una nueva fase en la preparación de futuros procesos comiciales.

Durante la ceremonia, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó el alcance del encargo que asumen los nuevos integrantes del órgano electoral. “asuman ustedes hoy una responsabilidad de Estado”, expresó, al tiempo que destacó que su labor será determinante para fortalecer el funcionamiento del instituto.

En su mensaje, enfatizó que los consejeros tienen frente a sí “la oportunidad y el deber de contribuir a la consolidación de la democracia mexicana desde el más alto órgano de dirección electoral en el país”. Asimismo, indicó que su incorporación se suma al trabajo del Servicio Profesional Electoral, responsable de ejecutar las decisiones institucionales bajo principios constitucionales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Sobre el perfil de los nuevos funcionarios, se señala que Cruz García fue respaldada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, mientras que Gómez Puga contó con el impulso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. En el caso de Chávez López, quien ha sido asesor cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo una calificación casi perfecta en el examen aplicado por la Cámara de Diputados, a pesar de no contar con experiencia previa en la organización de elecciones.

Taddei también remarcó que las funciones dentro del Consejo General demandan altos estándares de desempeño. “tiene ustedes frente así la oportunidad y el deber de contribuir…”, reiteró, al referirse a la exigencia de profesionalismo, rigor técnico y transparencia que implica el cargo.

Finalmente, sostuvo que la integración completa del INE responde a una visión centrada en la ciudadanía, con el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales y fortalecer la confianza en los procesos democráticos del país.

Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a instituciones públicas utilizar recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles, una decisión que avanzó con el respaldo de Morena y aliados, pero que generó el rechazo del PAN y PRI.

El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalado en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Estudios Legislativos Primera con 15 votos a favor de Morena, PT y PVEM, ocho en contra del PAN y PRD, y la abstención de Movimiento Ciudadano. La minuta podría discutirse en el pleno del Senado esta misma semana.

Durante la sesión, seis legisladores de Morena que no estuvieron presentes dejaron firmado su voto a favor, pero la senadora Geovanna Bañuelos informó que dichos sufragios no fueron contabilizados debido a que ese mecanismo no está contemplado en el reglamento del Senado.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como el Infonavit, realicen inversiones y aportaciones destinadas a adquirir, construir, rehabilitar o demoler viviendas, además de financiar la autoproducción y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. El objetivo es generar condiciones que faciliten a los trabajadores acceder a créditos más accesibles y suficientes.

La discusión evidenció posturas encontradas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la reforma permitirá al gobierno federal disponer de recursos de los trabajadores al servicio del Estado para la construcción de vivienda.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la medida como un “atraco” y advirtió que el uso de esos fondos podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Señaló que, aunque es necesario construir más viviendas con mejores servicios, existe la posibilidad de que los recursos se destinen a proyectos que no resulten exitosos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, respondió a las críticas y señaló: “otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño y yo creo que ese cuento nadie les cree”.

El dictamen también contempla modificar el lenguaje de la legislación al sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como reemplazar “familias” por “personas”, con el fin de reconocer la vivienda adecuada como un derecho para todos.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.

El escenario electoral rumbo a 2027 comenzó a perfilar tensiones dentro de Partido Acción Nacional, luego de que el senador Marko Cortés planteara la necesidad de permitir alianzas en elecciones locales, aun cuando el partido ya definió competir sin coaliciones en las diputaciones federales.

La postura del legislador surge después de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, anunciara que el PAN participará en solitario en la contienda federal de 2027. Aunque Cortés respaldó esa determinación para la Cámara de Diputados, consideró que el partido debe flexibilizar su estrategia en las elecciones de gubernaturas y ayuntamientos.

El también expresidente nacional del PAN sostuvo que la prioridad debe ser incrementar la competitividad electoral en distintos niveles. En ese contexto, defendió la posibilidad de construir acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas en contiendas estatales y municipales.

“Busquemos que podamos ser lo más competitivos posible, tanto en lo federal, teniendo más diputados federales de mayoría y pluris, logrando más de los que obtuvimos en el 2021 y también tratar de recuperar terreno en gubernaturas, refrendando lo que tenemos, y teniendo más alcaldías de las que actualmente tenemos”, planteó.

El senador subrayó que la decisión sobre alianzas locales debe considerar la opinión de los aspirantes a gubernaturas, particularmente en entidades donde el PAN busca consolidar o ampliar su presencia política. En ese sentido, mencionó casos específicos como Zacatecas, Colima y Michoacán.

Hay que preguntarle a Riult Rivera, que es alcalde de Colima, que ganó en coalición y que puede ser el gobernador, el primer gobernador panista de Colima. Yo no sé si él ocupe o no la coalición para ser candidato. Hay que preguntarle a Alfonso Martínez, alcalde Morelia, Michoacán, que eventualmente va a ser nuestro candidato a gobernador. Puede convertirse en el primer gobernador, pero seguramente él ha de querer una coalición”, planteó.

“Si nosotros tenemos candidatos en 300 distritos federales electorales, es claro que tendremos más votos y también tendremos más representación proporcional, no sólo mayoría, sino más representación. Cuando haces una coalición en lo federal ganas más mayorías, pero algo de representación proporcional”, señaló.

A pesar de esta apertura para acuerdos locales, Cortés Mendoza coincidió con la dirigencia panista en competir sin coaliciones en la elección federal, al considerar que esa estrategia puede aumentar la representación legislativa del partido.

La discusión interna se da en un contexto en el que Acción Nacional busca recuperar posiciones políticas y fortalecer su presencia territorial de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán cargos federales y locales en distintas entidades del país.

La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.