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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

En un esfuerzo por garantizar una reforma integral y libre de corrupción, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la revisión a la Ley del Infonavit se llevará a cabo en un parlamento abierto a inicios de 2025. Este proceso pretende escuchar a todos los sectores involucrados para asegurar que la nueva legislación sea justa, funcional y transparente.

“Queremos una ley que derrote la corrupción y las malas prácticas, y que garantice viviendas dignas y adecuadas para las y los trabajadores de México”, declaró Monreal en una entrevista reciente.

La decisión de posponer la discusión de la reforma se debe a la necesidad de reflexionar y escuchar propuestas de sindicatos, empresarios e industriales. Morena y sus aliados buscan asegurar que la ley proteja a los derechohabientes y evite los abusos.

“Estamos haciendo una pausa para revisar a fondo. No queremos que haya desinformación ni aprovechamiento por parte de vivales que intentan engañar a los trabajadores”, afirmó el legislador.

La iniciativa de parlamento abierto arrancará después del 6 de enero y será un espacio crucial para debatir las modificaciones a la ley. La Comisión de Vivienda y la de Trabajo y Previsión Social jugarán un papel esencial en este proceso de diálogo y construcción de consenso.

Monreal hizo un llamado a la calma, garantizando que los ahorros y aportaciones de los trabajadores están seguros. “Ni un solo centavo de los derechohabientes está en riesgo. Antes de aprobar la reforma, escucharemos a todos los sectores y actuaremos con responsabilidad”, puntualizó.

Este esfuerzo legislativo no solo busca mejorar el acceso a una vivienda digna, sino también cerrar las puertas a posibles actos de corrupción. La pausa en la aprobación no significa retroceso, sino una oportunidad para construir una ley que beneficie realmente a los trabajadores y al desarrollo del país.

Con un 2025 a la vuelta de la esquina, el futuro de la Ley del Infonavit se perfila hacia una transformación que promete justicia, transparencia y eficiencia en el derecho a la vivienda. La “Cuarta Transformación”, una vez más, apuesta por el diálogo y la participación ciudadana para consolidar un cambio real en beneficio de millones de mexicanos.

Con una votación mayoritaria de 389 a favor y 65 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma crucial para regular el trabajo en plataformas digitales. Tras una sesión que apenas superó los 40 minutos de debate, la iniciativa fue enviada al Senado y promete cambiar el panorama laboral para miles de repartidores y conductores.

La reforma modifica los artículos 49, 50, 127 y 997 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar derechos básicos a quienes operan en aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi. Entre los beneficios más destacados está el acceso al reparto de utilidades y la posibilidad de ser atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de accidente.

Esta medida llega en un momento de tensión entre los trabajadores de plataformas y las empresas que los contratan. “La reforma es necesaria, pero debe equilibrarse con las condiciones reales del trabajo digital”, advirtió Luis García, representante de Alianza In México, una asociación que agrupa a DiDi, Rappi y Uber. La organización exhortó a los legisladores a establecer un diálogo más amplio e incluyente para evitar confusiones fiscales y operativas.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de diciembre, busca establecer un régimen de garantías laborales, acceso a salud y vivienda para los trabajadores digitales. Sin embargo, no todos están convencidos de que la implementación sea tan simple como suena.

El IMSS tendrá un plazo de 180 días para definir los lineamientos del programa piloto que asegure a estos trabajadores. “El cambio es histórico, pero no podemos ignorar las complejidades de asegurar a quienes trabajan por su cuenta y a distintos horarios”, comentó Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Uno de los puntos más debatidos es la necesidad de un régimen fiscal claro. Al no tener horarios fijos ni un salario estable, muchos conductores y repartidores temen que la reforma pueda derivar en obligaciones tributarias poco claras. “Nos quieren proteger, pero no saben cómo operamos en realidad”, afirmó Rosa Martínez, repartidora en la Ciudad de México.

Empresas como Uber, DiDi y Rappi han mostrado su preocupación por la falta de especificidad en algunos puntos de la reforma. Aseguran que las nuevas disposiciones podrían limitar su operatividad o incrementar los costos del servicio. “La flexibilidad es clave en este trabajo. Si las nuevas reglas no lo respetan, podría haber menos oportunidades para quienes dependen de estas plataformas”, comentó un portavoz de DiDi.

Por otro lado, activistas laborales celebran la aprobación como un avance hacia la justicia social. “Estos trabajadores son fundamentales en nuestra economía moderna, pero han estado desprotegidos durante años. Esta reforma es apenas el primer paso”, afirmó Mariana Vázquez, abogada laboral.

El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar y, posiblemente, ajustar esta iniciativa. El desenlace podría definir el futuro de miles de trabajadores que, cada día, recorren las calles para mantener en movimiento a las ciudades.

En un giro crucial para la educación judicial en México, el Senado de la República decidió no extinguir la Escuela Judicial Electoral (EJE), institución clave para la formación en materia electoral. La decisión se dio durante la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos establecieron su incorporación a la Escuela Nacional de Formación Judicial, garantizando así su continuidad como un centro especializado.

La Escuela Judicial Electoral, dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estaba en riesgo de desaparecer según lo planteado en una propuesta inicial de reforma impulsada por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la intervención de figuras como Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, marcó la diferencia.

“El trabajo de esta escuela es esencial para la capacitación y profesionalización en materia electoral, un pilar para la democracia”, expresó Gutiérrez Luna, quien además es egresado de la institución con una maestría y aspirante a un doctorado.

El dictamen aprobado estipula que la EJE será integrada a la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este cambio asegura que la institución continúe desempeñando sus funciones en formación, capacitación, investigación y difusión en materia electoral.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó: “La reforma busca no solo fortalecer la educación judicial, sino también combatir de manera frontal la corrupción, la impunidad y el nepotismo en el Poder Judicial”.

Además del rescate de la EJE, las reformas aprobadas en el Senado introducen cambios significativos en el sistema judicial mexicano. La Ley de Carrera Judicial ahora incluye la noción de “justicia social” como eje rector, mientras que la Ley General de Responsabilidades se adapta para reflejar las competencias de nuevos órganos creados en las recientes modificaciones constitucionales.

La Escuela Judicial Electoral, en su nueva etapa, será una pieza clave en la formación de un Poder Judicial renovado. Su continuidad es vista como un triunfo para quienes defienden la especialización y la profesionalización en áreas críticas para el fortalecimiento de la democracia.

El rescate de la EJE demuestra que el diálogo y la colaboración pueden prevalecer en momentos de incertidumbre política. Como señaló Gutiérrez Luna, “La educación judicial es la columna vertebral de una democracia fuerte. Su preservación es un mensaje claro de que México apuesta por el conocimiento y la profesionalización como motores de cambio”.

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.

La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.

Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.

La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.

Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.

La Cámara de Diputados avanza con paso firme en la discusión del presupuesto que definirá el rumbo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año al frente de México. Este lunes, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la Ley de Derechos 2025, enviándolos al Pleno de San Lázaro para su revisión final. Sin embargo, no todo ha sido consenso: la oposición cuestiona duramente las proyecciones macroeconómicas y la falta de estrategias recaudatorias a largo plazo.

Los documentos aprobados proyectan ingresos presupuestarios por 8.056 billones de pesos, un aumento real del 5.4% respecto a 2024. Este optimismo se sustenta en un crecimiento económico esperado de entre 2% y 3% para 2025, cifras que, según la oposición, distan de las expectativas del mercado financiero. “Es irresponsable proyectar un crecimiento tan optimista sin medidas claras para fomentar la inversión y el empleo”, señaló un diputado del PAN durante la sesión.

En cuanto a los ingresos por derechos, se anticipa una recaudación de 137,500 millones de pesos, un salto significativo respecto a los 59,091 millones aprobados para 2024. Parte de este aumento provendrá de ajustes como la elevación del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5%, medida que, según la Secretaría de Hacienda, busca equilibrar los beneficios obtenidos por las empresas mineras frente a los recursos no renovables de la nación.

Otro punto de debate ha sido la autorización de un endeudamiento neto interno por 1.5 billones de pesos, destinado a cubrir los ingresos faltantes del Presupuesto de Egresos, que asciende a 9.226 billones de pesos. La oposición critica que esta decisión compromete la sostenibilidad financiera del país. “Estamos hipotecando el futuro para financiar proyectos sin un impacto claro en el crecimiento económico”, advirtió un legislador de Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, la Ley de Derechos incluye una distribución específica de los recursos obtenidos por el uso de aeropuertos federales: el 60% será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 40% a la Secretaría de Marina para infraestructura y operaciones. Esta decisión busca fortalecer el desarrollo aeroportuario bajo la gestión de estas dependencias.

La supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso apunta a aprobar el paquete el próximo 27 de noviembre, pero no sin enfrentar cuestionamientos. Desde la ausencia de funcionarios de Hacienda durante las discusiones hasta la falta de una política recaudatoria clara, el debate está lejos de terminar. “México merece un presupuesto realista y responsable que atienda las necesidades actuales sin hipotecar el futuro”, expresó un diputado del PRI.

Con un respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados, Antonio Martínez Dagnino asumió oficialmente la dirección del Servicio de Administración Tributaria (SAT) este martes. Su ratificación, avalada por 362 votos a favor y 89 en contra, consolida un nuevo capítulo en la administración tributaria de México, donde Martínez Dagnino se compromete a fortalecer el combate a la evasión fiscal y a mantener la transparencia como prioridad.

Martínez Dagnino fue acompañado en su toma de protesta por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y por el subsecretario Edgar Amador Zamora, completando un equipo económico que cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta ha subrayado la importancia de dar continuidad a los esfuerzos de recaudación para sostener los programas de desarrollo nacional, y Martínez Dagnino es una pieza clave para alcanzar esos objetivos.

La trayectoria de Martínez Dagnino en el SAT no es nueva: ha trabajado en esta institución desde 2018, primero como administrador general de Grandes Contribuyentes y, desde 2022, como jefe del SAT, un cargo en el que fue ratificado ahora. Durante este tiempo, ha sido conocido por su rigor y su estrategia fiscal, especialmente a través de su Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. Este plan no solo ha establecido metas claras de recaudación, sino que ha sido crucial para obtener ingresos de hasta 22.1 billones de pesos en los últimos cinco años, un incremento nominal del 85% respecto a la administración pasada.

“El SAT es una institución que debe responder a los retos de una economía globalizada y a la complejidad del sistema financiero moderno,” afirmó Martínez Dagnino al asumir su cargo. Su enfoque estará en mejorar la eficiencia del sistema de recaudación y combatir la evasión fiscal en todos los niveles. “La transparencia y la responsabilidad son nuestras guías, y trabajaremos para que el SAT sea un referente de eficiencia,” añadió.

Además del Plan Maestro, Martínez Dagnino fue responsable de implementar procedimientos de supervisión y auditoría que permitieron la recuperación de ingresos de grandes contribuyentes. Esta experiencia le ha valido el reconocimiento dentro y fuera del SAT, donde su gestión ha sido descrita como “ejemplar” en términos de rigor y control fiscal.

Para completar su equipo, Martínez Dagnino cuenta con nuevos administradores en áreas clave, quienes también tomaron protesta. Amelia Guadalupe De León Ortega estará a cargo de la Auditoría Fiscal Federal; Armando Ramírez Sánchez supervisará a Grandes Contribuyentes, y Gari Flores Hernández González será el responsable de la administración de Recaudación, entre otros. Esta estructura se perfila para responder a los retos fiscales del país con una estrategia integral que involucra tanto al sector público como al sector privado.

Con estudios en Contaduría y Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martínez Dagnino también trae consigo una experiencia amplia en el sector financiero privado y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En este último, desarrolló procedimientos de supervisión de capital y liquidez para instituciones financieras, lo que lo dota de una perspectiva completa sobre la gestión del riesgo y el cumplimiento en el sistema fiscal.

Para el nuevo jefe del SAT, los desafíos no son menores. México enfrenta un entorno económico en el que la eficiencia recaudatoria es fundamental para financiar los programas sociales y proyectos de infraestructura que propone la actual administración. Además, se espera que mantenga una relación de trabajo cercana y sin fricciones con los contribuyentes, especialmente con el sector empresarial, al que busca involucrar activamente en la tarea de responsabilidad fiscal.

En sus palabras, “El SAT debe ser un pilar de confianza y cumplimiento, y no descansaremos hasta cumplir con esta misión”. Con la mira en el desarrollo de nuevas estrategias para fiscalizar y optimizar la recaudación, Antonio Martínez Dagnino promete una administración fiscal que responda a las demandas de transparencia y eficiencia que requiere el país.