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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba, integrada por productos alimentarios y otros insumos básicos, como parte de una estrategia inmediata para atender necesidades urgentes de la población cubana. El anuncio fue realizado durante su gira de trabajo en Guaymas, Sonora, en el marco de la inauguración del museo subacuático sonorense.

De acuerdo con la mandataria, la ayuda será trasladada por la Secretaría de Marina y se concentrará en artículos de primera necesidad. Explicó que este envío se realizará mientras se desarrollan gestiones diplomáticas relacionadas con el tema del suministro de petróleo con fines humanitarios. “Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba; es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, señaló.

Sheinbaum detalló que su administración ya trabaja en los mecanismos necesarios para concretar el apoyo inmediato, con el objetivo de cubrir necesidades básicas mientras continúan las conversaciones diplomáticas. Indicó que se trata de insumos fundamentales requeridos por el pueblo cubano, en tanto se busca una solución institucional a los temas energéticos.

En este contexto, la presidenta negó que durante la llamada telefónica que sostuvo el pasado 29 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya abordado el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba. Subrayó que dicho asunto no formó parte de la conversación bilateral. “No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, afirmó, al tiempo que recordó que ese mismo día se anunciaron aranceles para cualquier país que envíe crudo a la isla.

Sheinbaum reiteró que su gobierno explora todas las vías diplomáticas disponibles para atender lo que calificó como un asunto de ayuda humanitaria esencial para Cuba. Sus declaraciones se producen después de que el presidente Trump afirmara públicamente que, durante esa llamada, solicitó a la mandataria mexicana detener el flujo de petróleo hacia la isla y que ella accedió a dicha petición. “Le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada”, declaró el mandatario estadounidense.

En otro anuncio, Claudia Sheinbaum informó que la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero se llevará a cabo en una estación del Tren Interurbano México-Toluca. La sede será el tramo Santa Fe–Observatorio, donde se realizará la inauguración oficial de la última sección de este proyecto de transporte.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se contabilizaron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con información oficial del gobierno federal dada a conocer en conferencia de prensa. El registro corresponde al periodo posterior al retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y al endurecimiento de la política migratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la mayoría de los retornos se concretaron por vía terrestre. En total, 116 mil 156 personas ingresaron a México a través de cruces fronterizos, mientras que 29 mil 381 fueron trasladadas por vía aérea. Estas acciones se realizan bajo la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, cuyo objetivo es ofrecer atención inmediata y ordenada a las personas retornadas.

De ese universo, 99 mil 924 connacionales aceptaron ingresar a los centros de atención habilitados por el gobierno mexicano. En contraste, 45 mil 613 personas decidieron no hacerlo. Rodríguez aclaró que, aun cuando no ingresan a estos espacios, se les garantiza acceso a alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo logístico para su traslado a los lugares de origen.

La infraestructura de atención está integrada por nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran principalmente en estados fronterizos del norte, entre ellos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de las repatriaciones aéreas, la recepción y atención se canalizan en Chiapas y Tabasco, en el sur del país, desde donde se coordina la movilidad de personas procedentes de distintos puntos del territorio estadounidense.

En el ámbito consular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que 130 mil 364 personas repatriadas recibieron algún tipo de asistencia consular. Este acompañamiento incluye orientación durante procesos de detención, apoyo legal y seguimiento individualizado de casos.

Durante el mismo periodo, personal consular realizó 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 28 visitas diarias. Además, se brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas y se canalizaron 3 mil 848 casos al programa de atención legal a migrantes. En materia de apoyos económicos, se reportaron 33 casos en los que se destinaron recursos para el pago de fianzas, con un monto acumulado de 146 mil dólares. También se registraron 75 repatriaciones de carácter médico.

Como complemento a estas acciones, Velasco destacó los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de migrante”, que permitió recaudar 115 millones de pesos. De ese total, 50 millones se asignarán al fortalecimiento de la representación legal y al pago de fianzas, mientras que 10 millones de pesos se destinarán a la realización de visitas a centros de detención. El resto de los fondos se utilizará para apoyo humanitario y labores de difusión preventiva dirigidas a la población migrante.

Los datos presentados dan cuenta de la operación conjunta de dependencias federales y de la red consular mexicana para atender el volumen de repatriaciones registradas en los primeros meses de la actual administración estadounidense, así como de los mecanismos desplegados para brindar asistencia, orientación y acompañamiento a las personas retornadas.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.