Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.
La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.
El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.
Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.
Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.
