Familia Bermúdez enfrenta cerco financiero: Tribunales mantienen bloqueos

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.

Sheinbaum va contra las apuestas ilegales: Prepara reforma para regular casinos físicos y digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

Empresas constructoras en la mira tras contratos millonarios ligados a reo extraditado

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

Reyes Colmenares llega a la UIF para blindar la inteligencia financiera contra el crimen: Sheinbaum

Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.

Reyes Colmenares, el perfil de inteligencia que llega a la UIF en medio de investigaciones por lavado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la designación de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en México.

La llegada de Reyes Colmenares ocurre en un momento crítico. Actualmente, la UIF tiene en curso investigaciones sobre instituciones financieras mexicanas como Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por organismos como el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) por presuntas operaciones vinculadas al narcolavado.

Con una trayectoria consolidada en áreas de seguridad e inteligencia, Omar Reyes ya había formado parte del equipo operativo cercano a Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su perfil técnico-operativo también lo vincula estrechamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Su experiencia en la capital del país abarca cargos de alto impacto. En 2024, fungió como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), específicamente en el área de Fuerza de Seguridad e Inteligencia. Antes, fue director general en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, donde enfrentó situaciones complejas como la riña registrada en 2023 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la cual derivó en disturbios y la irrupción de familiares al penal. Durante su gestión se reforzaron los operativos de decomiso, logrando incautar más de 6 mil celulares en los centros penitenciarios capitalinos.

En el año 2021, tuvo a su cargo la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, unidad especializada en responder a delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, con una operación táctica coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previo a estas funciones, en 2020, trabajó en la Policía Bancaria e Industrial, también dentro de la SSC, en tareas de inteligencia destinadas a proteger infraestructura crítica, como entidades financieras y centros de distribución.

A nivel federal, su papel más destacado fue entre 2017 y 2019, cuando se desempeñó como director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo colaboró en la ejecución de alertas rojas y procesos de coordinación internacional para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

En cuanto a su formación, Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título que registró en 2019, según consta en su declaración patrimonial publicada en la plataforma Declara CDMX.

Identificado en círculos de seguridad como “El Aceites”, Reyes Colmenares llega a la UIF con un perfil operativo y técnico que responde a la lógica del nuevo gabinete de seguridad encabezado por Sheinbaum: estructura cerrada, confianza política y eficacia institucional.

Tensión en San Lázaro: PAN acusa intento de destruir al INE; Morena promete transformación

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.

Reforma Antilavado redibuja el mapa del dinero y la política en México

El Senado de la República dio luz verde a una serie de reformas que marcan un antes y un después en la vigilancia financiera del país. Se trata de un nuevo paquete legislativo contra el lavado de dinero que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía el cerco sobre operaciones sospechosas, especialmente en el entorno político y financiero nacional.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó modificaciones clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su siguiente revisión.

Uno de los puntos más sensibles de estas reformas recae sobre la definición y supervisión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). A partir de ahora, se establece la obligación de monitorear más de cerca a funcionarios públicos y a cualquier individuo vinculado con ellos. La Secretaría de Hacienda será la responsable de elaborar un listado actualizado de los cargos considerados como políticamente expuestos, y las instituciones financieras deberán reportar cualquier movimiento inusual de este grupo.

Los cambios también introducen nuevas obligaciones para múltiples entidades públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar información sobre partidos, precandidaturas, coaliciones y candidaturas independientes. Las Secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, compartirán datos de sindicatos y sus dirigentes. Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer lo mismo cuando Hacienda lo solicite.

Una reforma destacada es la conversión de los umbrales de vigilancia económica de pesos a UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que redefine los montos que despiertan sospechas. Por ejemplo, si una empresa transfiere 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito y no se encuentra en los registros fiscales como proveedor actualizado, la operación podría considerarse de riesgo.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República a notificar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de dinero. El objetivo es cerrar la brecha institucional y permitir que se recaben denuncias, se ejerzan acciones penales y se rastreen activos relacionados con redes criminales.

La senadora Claudia Anaya del PRI expresó preocupación por el impacto de esta reforma en los trabajadores informales. Según su postura, la iniciativa apunta más hacia la economía informal que al crimen organizado. “Van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, declaró en tribuna.

Senadoras como Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también manifestaron inquietudes sobre el término “personas relacionadas”, que podría abarcar desde familiares hasta vecinos o empleados. Señalaron que esta ambigüedad permite que Hacienda interprete las disposiciones según criterios propios.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, respaldó las reformas como una herramienta para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y a los sectores de poder.

Las reformas reflejan el esfuerzo de México por alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de operaciones ilícitas. Mientras se afina su implementación en la Cámara de Diputados, el país entra en una nueva etapa de fiscalización donde los movimientos financieros y políticos quedarán bajo un lente más exigente.

Datos biométricos, seguridad y vigilancia digital: El Senado arranca en periodo extraordinario

El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

Golpe de los 2,488 millones: Sheinbaum celebra justicia histórica contra García Luna

Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.

“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.

García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.

La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.

El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.

La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.

“El Ratón” se rinde: Ovidio Guzmán pacta con EU y evita juicio a toda costa

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.