Senado avala ley nacional contra la extorsión y endurece penas; Diputados revisarán cambios

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

Una reforma histórica para garantizar salarios mínimos siempre por encima de la Inflación

En un acto que marcará un antes y un después en la política salarial del país, el Senado de la República aprobó de manera unánime una reforma constitucional que garantiza que los salarios mínimos no queden por debajo de la inflación. Con un contundente apoyo de 124 votos a favor, la reforma es vista como un paso crucial en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, en un contexto en el que la inflación ha sido un enemigo constante de las familias.

 

Esta reforma, enviada en febrero por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca instaurar un mecanismo que asegure que la fijación anual de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, sea siempre superior a la inflación registrada durante su vigencia. Con esto, se evitarán los retrocesos económicos que han afectado a los trabajadores más vulnerables en décadas pasadas.

 

La reforma no solo abarca a los trabajadores del sector privado, sino que también establece que sectores clave del servicio público, como las maestras y maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, personal de las fuerzas armadas, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta medida, además de proteger a estos grupos esenciales, busca reconocer su importancia en el desarrollo y seguridad del país.

 

Alfonso Cepeda, senador de Morena y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebró con entusiasmo la aprobación de la reforma, destacando su impacto en la justicia social. En su intervención, Cepeda señaló: “Durante años, los trabajadores fueron víctimas de un modelo económico que promovía salarios bajos. Hoy, con esta reforma, la transformación de México se refleja en hechos, no solo en palabras”. Para Cepeda, esta es una de las reformas más significativas en términos de recuperación del poder adquisitivo y dignificación del trabajo en México.

 

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, también mostró su apoyo a la medida, subrayando la importancia de proteger a las familias mexicanas frente a los embates de la inflación. “Esta reforma no solo es necesaria, es urgente. Los mexicanos no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, y con esta medida estamos dándoles un respiro económico”, afirmó el priista.

 

Por su parte, el panista Ricardo Anaya coincidió en la importancia de la reforma, pero instó a Morena a aclarar ciertos puntos. “Es una reforma que tiene dos grandes aciertos: primero, que nunca más el salario aumente por debajo de la inflación, y segundo, que ningún docente, enfermero o policía gane menos que el salario promedio registrado. Sin embargo, necesitamos claridad sobre si esta reforma beneficiará también a los policías estatales y municipales”, comentó Anaya.

 

Ante esta inquietud, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, aclaró que la aplicación de la reforma en policías de distintos niveles quedará a consideración de los estados, un aspecto que los congresos locales deberán analizar y decidir en los próximos meses.

 

Con la aprobación de esta reforma, se vislumbra una transformación radical en la política salarial de México. La medida no solo busca corregir los errores del pasado, donde el salario mínimo crecía de manera desproporcionada frente a la inflación, sino también crear un marco donde el bienestar económico de los trabajadores esté garantizado.

 

El dictamen ahora pasa a los congresos estatales para su discusión y aprobación final, una fase crucial que definirá su implementación efectiva en todo el país. Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de consolidar una reforma que podría cambiar el curso económico de México y mejorar significativamente la calidad de vida de millones de trabajadores.

Tensión en Tlalpan tras enfrentamiento entre policías y vecinos durante intento de linchamiento

Tensión en Tlalpan tras enfrentamiento entre policías y vecinos durante intento de linchamiento

La colonia Pueblo de Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, se convirtió en escenario de un violento enfrentamiento entre policías y habitantes que intentaban linchar a un hombre acusado de agresión física y sexual. El saldo del altercado dejó once heridos, incluyendo nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y dos civiles. 

Todo comenzó durante un patrullaje preventivo de la SSC, cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los agentes sobre un reporte de agresiones en la carretera México-Ajusco y la calle Primavera. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una multitud de aproximadamente 150 personas que agredían a un sujeto.


La situación se tornó rápidamente caótica. Los agentes intervinieron de inmediato y solicitaron refuerzos para controlar la situación y proteger la integridad física del hombre acusado, quien se encontraba en evidente peligro de ser linchado. “La escena era muy tensa, con los comuneros enfurecidos y los policías intentando mantener el orden”, comentó uno de los testigos.


Según los relatos de testigos, la violencia se desató tras un presunto ataque físico y sexual ocurrido por la mañana. Un hombre a bordo de un vehículo blanco se habría aproximado a una mujer y la agredió. La víctima fue trasladada a un hospital, donde fue diagnosticada con múltiples contusiones, posible abuso sexual y traumatismo craneoencefálico.


Familiares y vecinos de la víctima, al revisar las cámaras de circuito cerrado de las casas aledañas, identificaron al presunto agresor como la expareja de la mujer. Enfurecidos, decidieron tomar la justicia por sus propias manos, localizaron al hombre y comenzaron a insultarlo y agredirlo físicamente.


“Lo que ocurrió fue una reacción inmediata de la comunidad ante la indignación y el deseo de justicia”, señaló uno de los vecinos. La tensión en la comunidad se palpaba en el aire, exacerbada por el deseo de vengar la agresión sufrida por una de sus propias integrantes.


Ante el pedido de los afectados, los policías detuvieron al sujeto de 38 años, quien tras una revisión preventiva, fue encontrado en posesión de 14 bolsitas de plástico con una hierba verde seca, presumiblemente mariguana. El personal de la SSC puso al detenido a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones correspondientes.


El enfrentamiento no quedó sin consecuencias. Nueve policías y dos civiles resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales en la alcaldía Cuauhtémoc para recibir atención médica. “La prioridad era restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los involucrados”, declaró un portavoz de la SSC.


Este incidente pone en relieve las tensiones subyacentes en la comunidad y la desesperación de los ciudadanos cuando sienten que las vías legales no son suficientes para proteger a sus seres queridos. El linchamiento, aunque condenable, refleja una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.


La alcaldía Tlalpan y la SSC han hecho un llamado a la calma y han asegurado que se llevarán a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. “Estamos comprometidos a proteger a nuestra comunidad y a asegurar que todos los actos delictivos sean investigados con la mayor rigurosidad”, aseguró el jefe de la policía local.


La comunidad de Magdalena Petlacalco ahora enfrenta el reto de reconstruir la confianza y trabajar junto con las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia. Mientras tanto, el caso sigue bajo la lupa de las autoridades judiciales, quienes tienen la tarea de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.


Este evento subraya la importancia de una respuesta coordinada y efectiva de las fuerzas de seguridad para evitar que la justicia por mano propia se convierta en una peligrosa norma. La colaboración entre la comunidad y las autoridades es esencial para prevenir futuros incidentes de este tipo y asegurar un entorno seguro y justo para todos.

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