La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, enfrentará proceso penal por la portación de arma de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La determinación judicial incluye que el imputado permanezca bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la autoridad federal, el juez validó la imputación presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La resolución se produce días después de que una jueza federal concediera a “El Jardinero” una suspensión de plano que detiene temporalmente su posible traslado a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos asociación delictuosa contra la salud y portación de armas.

La captura de Flores ocurrió el pasado 27 de abril en Nayarit, durante un operativo realizado por fuerzas federales. Su detención se dio en un contexto marcado por la reconfiguración interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, dos meses antes, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras ese hecho, especialistas identificaron a “El Jardinero” como uno de los perfiles que habrían asumido funciones de liderazgo dentro de la organización criminal. Su nombre figuraba entre quienes podrían ocupar posiciones clave en la estructura del grupo.

Con la vinculación a proceso ya formalizada, el caso entra en una nueva etapa judicial, mientras el imputado continúa recluido en el penal de máxima seguridad y se desarrollan las diligencias para fortalecer la acusación en su contra.

Un juez federal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango. La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este viernes en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicadas en el Altiplano, donde el juzgador determinó que la detención se realizó conforme a derecho.

En la misma sesión, el juez impuso la prisión preventiva a Ángel “N”, Guillermo Fernando “N”, Juan José “N”, Juan Carlos “N” y Alexis Mauricio “N”, quienes fueron señalados como integrantes del grupo criminal conocido como “Los Cabreras”, vinculado con la facción de “Los Mayos”. Con esta determinación, las seis personas permanecerán privadas de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia, el juzgador analizó la legalidad del operativo llevado a cabo por agentes federales, concluyendo que las capturas cumplieron con los requisitos legales. Fuentes del PJF consultadas por diversos medios de comunicación indicaron que, al inicio de la diligencia, los detenidos no contaban con representación legal, por lo que solicitaron la asignación de defensores de oficio para poder continuar con el procedimiento.

Una vez validada la detención, los acusados pidieron que la audiencia de imputación se difiriera, solicitud que fue concedida. La continuación del proceso quedó programada para el día de mañana en la misma sala, a la espera de que los detenidos comparezcan con defensores particulares. En esa etapa, se prevé que el Ministerio Público formalice la imputación por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y uso de armas de uso exclusivo del Ejército.

La detención de “El Limones” fue informada el pasado miércoles por el Gabinete de Seguridad, que lo identificó como presunto operador financiero de “Los Cabreras”. De acuerdo con las autoridades, dicha organización ha sido relacionada con amenazas y extorsiones dirigidas a comerciantes y ganaderos en la región. Las investigaciones señalan que Edgar “N” habría recibido depósitos millonarios sin justificación y realizado transferencias a empresas presuntamente vinculadas con esquemas de lavado de dinero.

Posteriormente, el gobierno federal dio a conocer la captura de otras cinco personas relacionadas con “Los Cabreras”, como parte del mismo expediente de investigación. En el desarrollo de los operativos, se cumplimentaron órdenes de cateo en diversos inmuebles localizados tanto en el estado de Durango como en Coahuila. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y vehículos, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un comunicado oficial.

Como parte de las indagatorias financieras, el Gabinete de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de “El Limones” y de personas identificadas como integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se ordenó el congelamiento de empresas que presentaban patrones financieros irregulares, las cuales mostraban aparentes recursos de procedencia ilícita, en el marco del seguimiento patrimonial del caso.

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que más funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad.

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró a medios locales que ya existen carpetas abiertas contra diversos servidores públicos, aunque aclaró que por motivos de seguridad no puede revelar sus nombres. En paralelo, informó que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena de manera virtual, sin dar detalles debido a la secrecía del proceso.

El exfuncionario enfrenta cargos graves. En caso de ser declarado culpable, las penas que se le imputan superarían los 158 años de prisión. “En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado, sin considerar los delitos federales”, explicó Vázquez Landeros.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía tabasqueña anunció que solicitará la vinculación a proceso del exsecretario con base en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Asimismo, pedirá que se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo desde febrero de este año y fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay. Una semana después, el miércoles 17, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde la noche del jueves ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La FGR lo señala como líder de “La Barredora” y lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos como contra la salud, tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, según lo establecido en el artículo 2 de la legislación correspondiente.

Además, la nueva orden de aprehensión incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes también habrían estado vinculados a las operaciones de la organización.

El arribo de Bermúdez Requena a México ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vestía una sudadera café con capucha y un pantalón negro, la misma ropa que llevaba al momento de su detención. Fue custodiado por cerca de una decena de agentes federales.

Con la cabeza agachada, escuchó cómo un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le notificaba el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El fiscal Vázquez Landeros reiteró que las investigaciones en torno a otros funcionarios continúan abiertas y que la Fiscalía estatal mantiene estrecha coordinación con la FGR para avanzar en el caso.

Israel Vallarta Cisneros salió libre la mañana del viernes 1 de agosto del penal federal del Altiplano, luego de casi dos décadas de permanecer en prisión por acusaciones relacionadas con el caso Florence Cassez. En su primer mensaje público, confirmó ante medios de comunicación que fue absuelto de todas las acusaciones que enfrentaba.

La noticia le fue notificada la noche anterior, alrededor de las 21:00 horas, por personal penitenciario. Con evidente emoción, Vallarta relató que no terminaba de asimilar lo que escuchaba. “No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido”, expresó frente a cámaras y micrófonos.

El caso Vallarta-Cassez se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente en México, marcado por acusaciones de montaje mediático, violaciones al debido proceso y tortura. Aunque Florence Cassez fue liberada en 2013 por resolución de la Suprema Corte, Israel Vallarta permaneció tras las rejas casi 12 años más, sin sentencia.

Durante su breve encuentro con la prensa, también compartió que en días recientes fue trasladado del penal del Altiplano el exfuncionario Luis Cárdenas Palomino, acusado de haberlo torturado y señalado como uno de los operadores más cercanos de Genaro García Luna. “Luis Carlos Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer, unos dicen que fue al penal de Santa Marta, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe. No sabemos”, indicó.

A pesar del pasado que los une, Vallarta aseguró que no existió confrontación directa con él dentro del penal. “Nunca lo amenacé porque mi justicia no era ni golpearlo ni matarlo ni hacer daño a su familia. Es una justicia como la que es correcta”, aclaró, rechazando cualquier ánimo de venganza.

Tras su liberación, Vallarta enfrenta una nueva etapa personal: el reencuentro con familiares, muchos de los cuales no conoció durante su encarcelamiento. Se convirtió en abuelo durante su estancia en prisión, y también vivió dolorosas pérdidas como la muerte de su madre, su padre y algunos hermanos.

El caso de Israel Vallarta cierra un ciclo que durante años fue emblema de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Su salida del Altiplano no solo marca su libertad, sino también un momento de alto simbolismo en la historia reciente del país.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

Después de una década en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue trasladado al penal federal número 18 en Coahuila. Esta reubicación fue ordenada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, y se concretó el 30 de abril de 2025.

La salida de Abarca del Altiplano ocurre luego de años marcados por procesos judiciales, sentencias y múltiples acusaciones. En ese periodo, fue señalado por delitos graves como secuestro y delincuencia organizada, además de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero anunció, el pasado 7 de abril, una sentencia de 20 años de prisión en su contra por su participación en el asesinato del síndico municipal Justino Carbajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo de 2013 en pleno centro de Iguala.

En esa investigación, la fiscalía estatal sostuvo que José Luis Abarca ordenó directamente privar de la vida al funcionario municipal. La sentencia fue resultado de una indagatoria calificada como “intensa”, en la que se logró probar la responsabilidad del exedil. Abarca, durante su gestión, acumuló múltiples acusaciones que lo mantuvieron durante años en uno de los penales de mayor seguridad en el país.

El cambio de centro penitenciario se realizó tras una solicitud presentada por el propio Abarca mediante un juicio de amparo. En su recurso, el exalcalde reclamó que no se le estaba proporcionando la atención médica especializada que requiere debido a su estado de salud. Las autoridades consideraron el argumento y autorizaron su traslado al Centro Federal de Reinserción Social Número Dieciocho, donde actualmente permanece bajo custodia.

Aunque en mayo de 2023 fue absuelto por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, José Luis Abarca no quedó en libertad. Otra sentencia lo condena a 92 años de prisión por el delito de secuestro, lo que lo mantiene firme dentro del sistema penitenciario federal.

La trayectoria judicial de Abarca se mantiene como una de las más controversiales del país. Su caso sigue vinculado a uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y su figura continúa siendo referencia obligada en el análisis de la corrupción, la impunidad y la violencia política. El cambio de penal marca un nuevo episodio en una historia aún lejos de cerrarse.

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.

El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.

Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.

En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.

Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.