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Las autoridades de Sonora ampliaron la investigación relacionada con la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa, luego de confirmarse dos nuevas muertes vinculadas al mismo tratamiento, con lo que el número total de víctimas ascendió a cuatro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los casos comparten un antecedente común: todos los pacientes recibieron soluciones administradas y recetadas por el mismo médico en Hermosillo.

El avance más reciente de la indagatoria se dio este jueves, cuando la fiscalía confirmó el fallecimiento de dos personas adicionales, sumándose a los dos casos reportados previamente. El 1 de abril, la institución había anunciado la apertura formal de la investigación tras la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes presuntamente se sometieron a este tipo de tratamiento intravenoso.

Con la actualización del caso, la fiscalía indicó que se han recibido cuatro denuncias formales relacionadas con la muerte de dos hombres y dos mujeres. Según las autoridades, todas las víctimas coincidían en haber recibido sueros vitaminados mezclados y administrados bajo indicación del mismo profesional de la salud.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el caso. Durante esta acción, se aseguraron diversos materiales, entre ellos expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y otros insumos que ahora forman parte de la evidencia bajo análisis.

La Fiscalía detalló que estos objetos serán examinados con el fin de determinar las circunstancias en las que fueron administrados los sueros y establecer si existió una posible mala práctica médica. En ese sentido, también se informó que se realizarán estudios especializados a las víctimas.

“Las muestras de tejidos de las personas fallecidas serán sometidas a los análisis histopatológicos correspondientes por parte del servicio especializado de patología del sector público en el estado de Sonora, para determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los mencionados sueros”, señaló la FGJES.

Las autoridades sanitarias del estado activaron un sistema de vigilancia para detectar posibles casos adicionales. No obstante, la fiscalía precisó que, hasta el momento, “no existen más personas afectadas” relacionadas con el suministro de estos sueros.

Además, la institución confirmó que ya se tiene identificada a una persona presuntamente involucrada en los hechos. Sin embargo, la identidad no fue revelada debido a que las investigaciones continúan en curso.

La indagatoria sigue abierta mientras las autoridades analizan la evidencia asegurada y esperan los resultados de los estudios especializados que permitirán esclarecer las causas de los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora dio a conocer un hallazgo estremecedor durante una jornada de búsqueda en la zona rural de Hermosillo, capital del estado de Sonora. En el poblado Miguel Alemán, localizaron un campamento con al menos tres fosas clandestinas que contenían restos humanos, más de 200 prendas de vestir, casquillos de armas y evidencia de incineración.

Cecilia Flores, fundadora del colectivo, compartió en redes sociales imágenes del sitio donde aparecen huesos humanos, cráneos y una extensa línea de ropa cubierta de tierra. En la búsqueda, que se llevó a cabo entre el viernes y el sábado, se han contabilizado al menos cuatro cuerpos de hombres y cientos de indicios que podrían pertenecer a más personas desaparecidas.

“No sabemos cuántos hijos más haya escondidos aquí, pero sí les puedo decir que hay decenas de casquillos de armas largas y cortas, zonas que podrían ser usadas como crematorios por los huesos calcinados que encontramos y muchas prendas y zapatos”, expresó Cecilia Flores, quien continúa la búsqueda de sus hijos Alejandro Guadalupe Islas y Marco Antonio Sauceda, desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente.

Durante la jornada, las buscadoras documentaron en vivo desde la página de Facebook del colectivo, las labores de excavación en terrenos cercanos a viviendas, en compañía de algunos elementos policiales. Con picos, palas y las manos, removieron la tierra en una zona que, según las autoridades, pudo haber sido ocupada por un grupo armado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el descubrimiento de restos óseos y al menos 42 prendas de vestir durante el primer día de búsqueda, en un terreno próximo a la carretera 12 Norte. Informó que estos hallazgos ya están siendo sometidos a análisis forenses para su identificación.

Además, indicó que fueron encontrados cartuchos percutidos de diversas armas de fuego y que la exploración continuó en un predio cercano. Las investigaciones iniciales de la policía señalan que el sitio fue utilizado por un grupo armado que lo abandonó en septiembre de 2024 tras un operativo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 130 mil personas reportadas como desaparecidas desde la década de 1950. Un informe de Amnistía Internacional advierte que nueve de cada diez personas que se dedican a la búsqueda son mujeres, de las cuales el 97 % sufre violencia o afectaciones derivadas de su labor, una responsabilidad que, advierte el organismo, recae en el Estado.