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La fiscalización de los principales contribuyentes del país entrará en una nueva etapa con la llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), área desde la que buscará acelerar devoluciones, reducir tiempos de revisión y modificar la forma en que se realizan las auditorías.

Durante su comparecencia ante legisladores, la funcionaria delineó una estrategia enfocada en hacer mas eficientes los procedimientos fiscales y fortalecer la comunicación entre la autoridad tributaria y los contribuyentes sujetos a revisión.

Entre las medidas que presentó se encuentra la disminución de los tiempos para resolver devoluciones de impuestos, auditorías, consultas y autorizaciones, así como la aplicación de mecanismos que permitan concentrar los esfuerzos de fiscalización en operaciones consideradas de alto riesgo.

Castillo Madrid sostuvo que las revisiones no deben traducirse en cargas innecesarias para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. “No se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”, afirmó ante los integrantes de la Comisión Permanente.

Su propuesta contempla evitar auditorías simultáneas sobre un mismo contribuyente, limitar los requerimientos de información a muestras representativas de documentos y establecer criterios uniformes en los procesos de fiscalización para otorgar mayor certeza jurídica.

También planteó garantizar el cumplimiento de los plazos legales, respetar los procedimientos establecidos y observar los tratados internacionales relacionados con la doble tributación. Asimismo, señaló que las revisiones se realizarán bajo criterios homogéneos y sin efectos retroactivos derivados de nuevas interpretaciones o disposiciones.

La agenda presentada fue respaldada durante su proceso de ratificación. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Tercera Comisión: Asuntos Económicos, destacó que la funcionaria acreditó contar con el perfil requerido gracias a su preparación académica y a una trayectoria de 18 años en el servicio público.

Tras analizar su candidatura, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta obtuvo 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y ocho en contra de legisladores de oposición.

Con la aprobación legislativa, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, le tomó protesta como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT.

Castillo Madrid sustituye a Armando Ramírez Sánchez. Antes de incorporarse al SAT se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y ha ocupado diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México y del gobierno federal.

Las resoluciones judiciales relacionadas con el esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ya superan los 3 mil 67 millones de dólares a favor del Estado mexicano, luego de que un tribunal de Florida ordenara un nuevo pago millonario contra integrantes de la familia Weinberg y empresas asociadas.

La sentencia, informada este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obliga a los involucrados a cubrir 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al país mediante un esquema ilícito de contratación pública.

De acuerdo con Hacienda, el fallo deriva de investigaciones apoyadas en documentación financiera, testimonios y mecanismos de cooperación internacional que permitieron acreditar operaciones relacionadas con la obtención irregular de contratos públicos y el ocultamiento de recursos.

La dependencia federal señaló que el proceso judicial en Estados Unidos forma parte de una estrategia de recuperación de activos vinculados a la red de corrupción atribuida a García Luna. También precisó que la resolución contempla la entrega de activos por parte de las personas condenadas para cubrir las cantidades determinadas por las autoridades judiciales.

El nuevo fallo se agrega a otras sentencias previamente emitidas contra García Luna y su cónyuge, cuyo monto conjunto rebasa los 2 mil 448 millones de dólares.

“El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado”, indicó Hacienda en un comunicado.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, recibió en 2024 una condena en Estados Unidos de más de 38 años de prisión, además de cinco años de libertad condicional y una multa de 2 millones de dólares, tras ser declarado culpable por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.

A pesar de haber respaldado en 2022 una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado impulsa ahora un cambio legal para eliminar esa facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La propuesta, presentada por todos los senadores petistas encabezados por Alberto Anaya, plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito. Esto aplicaría en casos donde existan indicios de vínculos con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El giro ocurre después de que, el pasado 6 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la norma vigente, argumentando que contempla un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa, con plazos definidos, posibilidad de ofrecer pruebas y acceso a impugnaciones ante tribunales administrativos.

En contraste, la nueva iniciativa del PT sostiene que el esquema actual vulnera derechos constitucionales, como la audiencia previa y la propiedad privada establecidos en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 16, que exige un mandamiento escrito de autoridad competente para cualquier afectación. También señala afectaciones a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba contempladas en el artículo 20.

“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, expone el documento.

La iniciativa también advierte sobre el impacto práctico de estas medidas: “El bloqueo de una cuenta bancaria es una de ellas. No se trata únicamente de un acto administrativo; es una interrupción inmediata de la vida económica y patrimonial de una persona”.

El texto añade que esta acción puede impedir cubrir necesidades básicas o cumplir obligaciones financieras, afectando tanto a empresarios como a personas en la informalidad.

La reforma que ahora se busca modificar fue aprobada en 2022 con el respaldo del propio PT y de Morena, permitiendo a la Secretaría de Hacienda incluir a personas en la lista de bloqueados con base en indicios de actividades ilícitas.

Las metas fiscales del gobierno mexicano para los próximos años enfrentan un escenario complejo si el crecimiento económico resulta menor al previsto, advirtió BBVA Research al analizar los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027. El banco señaló que los supuestos oficiales se sustentan en estimaciones más optimistas que las del mercado, lo que incrementa la posibilidad de que los objetivos presupuestarios no se cumplan.

De acuerdo con el análisis, la Secretaría de Hacienda proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, y entre 1.9% y 2.9% en 2027. Estas previsiones superan las estimaciones del propio BBVA, que calcula un avance de 1.8% para 2026 y de 2.0% para 2027. Por su parte, el consenso del mercado anticipa incrementos de 1.5% y 2.4% para esos años, mientras que el Banco de México prevé un crecimiento de 1.6% y 2%, respectivamente.

A estas diferencias se suman las expectativas sobre inflación y tasas de interés. El gobierno plantea que la inflación se ubique en 3% en 2027 y que la tasa de referencia cierre en 5.5%. Sin embargo, el banco español proyecta niveles más elevados, con una inflación de 3.5% y una tasa de interés de 6.5%.

El reporte advierte que, en un escenario de menor dinamismo económico, lograr el superávit primario de 1.1% del PIB planteado para 2027 sería más complicado y obligaría a realizar ajustes adicionales en el gasto programable. Además, el banco señaló que las previsiones sobre el precio del petróleo también añaden presión, ya que el menor nivel esperado para 2027 respecto a 2026 implicaría una caída real de 23.8% en los ingresos petroleros y de 1.4% en los ingresos presupuestarios.

Otro factor de riesgo identificado es la posibilidad de que un conflicto bélico prolongado en Medio Oriente mantenga elevadas las tasas de interés de largo plazo, lo que incrementaría el costo del servicio de la deuda. A pesar de estos riesgos, el análisis destacó como positiva la intención del gobierno de mantener una política fiscal responsable y prudente.

El estudio también subrayó la reducción del margen fiscal disponible. Tras cubrir participaciones, aportaciones, pensiones y el pago de la deuda, únicamente queda 32% de los ingresos presupuestarios para gasto discrecional, equivalente a 8% del PIB, cifra que disminuye aún más al descontar programas sociales obligatorios por ley.

En este contexto, BBVA consideró complicado reducir el déficit fiscal desde el 4.1% del PIB estimado para 2026 hasta 3.5% en 2027. Asimismo, anticipó que el nivel de deuda podría ubicarse por encima del 55% previsto oficialmente.

El banco respaldó la decisión de no aumentar impuestos en un entorno económico débil, aunque advirtió que el país requerirá una reforma fiscal de mediano plazo ante el crecimiento de las presiones derivadas de programas sociales y pensiones. Finalmente, calificó como “muy positivo” el impulso a proyectos mixtos de infraestructura, al señalar que la participación de capital privado se perfila como la vía más viable para desarrollar obras en un contexto de espacio fiscal limitado.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

Maestros de telesecundaria interrumpieron en dos ocasiones un mensaje público de la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira de trabajo en San Luis Potosí, para exigir el cumplimiento de la promesa de regularizar sus salarios y avanzar en la federalización de esta modalidad educativa. El reclamo se produjo en un mitin de corta duración, de aproximadamente 16 minutos, en el que la presencia y consignas del magisterio superaron a la porra organizada.

El acto formó parte de una visita relámpago de la mandataria a la entidad. Mientras Sheinbaum dirigía su mensaje, docentes de telesecundaria alzaron la voz para recordar el compromiso asumido en septiembre pasado, cuando se ofreció atender el rezago en los pagos y resolver la situación laboral de quienes trabajan bajo este esquema educativo que no fue federalizado.

Ante las consignas, la presidenta respondió públicamente al reclamo. “Estoy encargando al gobernador y también a Mario Delgado en Palacio Nacional con autoridades de la Secretaría de Hacienda que se resuelva la federalización de las telesecundarias”, afirmó desde el templete, en referencia al secretario de Educación Pública y a las gestiones que se realizarían a nivel federal.

La protesta se reactivó minutos después, cuando Sheinbaum hacía un recuento histórico para explicar la visión oficial sobre las llamadas cuatro transformaciones del país. Nuevamente, los maestros solicitaron ser escuchados, lo que llevó a la presidenta a interrumpir su discurso. Visiblemente molesta, declaró: “Bueno, ya dije de las telesecundarias, vamos a hablar de otras cosas”, frase tras la cual cesaron las manifestaciones durante el evento.

El antecedente del reclamo se remonta al sábado 13 de septiembre de 2025, cuando la presidenta, durante su gira denominada La Transformación Avanza, ofreció atender el problema de los adeudos y la situación administrativa de los docentes de telesecundaria. Desde entonces, el magisterio ha insistido en la regularización de los salarios y en la incorporación plena de esta modalidad al sistema federal.

Tras concluir el evento en San Luis Potosí, la presidenta Sheinbaum y su comitiva continuaron con la agenda programada y se trasladaron al municipio de García, en el estado de Nuevo León, como parte de la misma gira de trabajo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó un retraso en el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de enero para el personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) que labora fuera del país y aseguró que el adeudo será cubierto el próximo lunes 12. La dependencia federal atribuyó la demora a procesos administrativos vinculados con la apertura del ejercicio fiscal y a los sistemas utilizados para realizar transferencias internacionales.

De acuerdo con la Cancillería, el pago pendiente corresponde a la nómina del personal adscrito a representaciones de México en el extranjero. En un comunicado oficial, la SRE precisó que ya se realizaron las gestiones necesarias para que los depósitos se efectúen en la fecha anunciada, con el objetivo de regularizar la situación salarial del personal afectado.

El reconocimiento oficial se dio luego de que trabajadores diplomáticos difundieran una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que expusieron que más de mil integrantes del SEM no habían recibido su salario ni las prestaciones de ley. En el documento, el personal señaló que, pese a que los recursos para el pago de nómina fueron contemplados por la Secretaría de Hacienda para el presente año, el depósito no se había reflejado en sus cuentas.

Los firmantes indicaron que la Dirección General del Servicio Exterior había informado previamente que el pago se realizaría el jueves anterior, lo que habría implicado un retraso de ocho días respecto a la fecha habitual. La falta de cumplimiento de ese compromiso profundizó la preocupación entre el personal desplegado en distintas representaciones diplomáticas y consulares.

En la misiva, los trabajadores del SEM subrayaron que desempeñan sus funciones en el extranjero sin haber recibido su salario, situación que impacta de manera directa en su estabilidad económica. También expusieron que los sueldos del personal diplomático no han sido objeto de una revisión integral en más de 25 años, lo que ha generado un rezago en sus percepciones frente a las condiciones actuales de vida en distintos países.

El documento hace especial énfasis en la situación del personal técnico-administrativo, que, según lo expuesto, enfrenta salarios que se ubican por debajo de los límites de pobreza en diversas adscripciones internacionales. Esta condición, señalaron, dificulta el cumplimiento de sus funciones y la cobertura de gastos básicos en los lugares donde están asignados.

En su comunicación dirigida a la titular del Ejecutivo federal, el personal del Servicio Exterior solicitó solidaridad institucional para garantizar el respeto a las garantías laborales básicas, entre ellas el pago puntual de la nómina y la revisión de las condiciones salariales vigentes. Mientras tanto, la SRE reiteró su compromiso de cubrir el adeudo en la fecha establecida y normalizar el proceso de pago para el personal diplomático mexicano en el exterior.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.