La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.