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México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, ha generado revuelo nacional al confirmar públicamente que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La revelación no ha pasado desapercibida, pues se trata de una figura en proceso de ser nombrada como juez, en un país donde la ética judicial es constantemente cuestionada por la opinión pública.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas abordó directamente su pasado. Declaró que en 2015 enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense tras ser detenido por autoridades fronterizas en el puente internacional Lincoln Juárez. En el vehículo donde viajaba, un autobús de pasajeros con destino a Dallas, Texas, fue localizado un extintor modificado que contenía metanfetamina. El artefacto se encontraba oculto debajo de su asiento.

El propio Chávez reconoció que asumió la responsabilidad del objeto, aunque aseguró no conocer su contenido. La detención dio paso a un juicio por cargos de conspiración e importación para traficar sustancias ilícitas, así como posesión con intención de distribución. Como resultado, pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida, un proceso injusto e inhumano”, afirmó en su mensaje. También señaló haber vivido atropellos y arbitrariedades durante su encarcelamiento.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Vargas utiliza su experiencia como parte de su discurso político. “Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, expresó con convicción.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata. El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de su candidatura.

La organización Defensorxs, dedicada al acompañamiento legal de personas en procesos judiciales, confirmó los detalles del caso y aseguró que la detención ocurrió el 13 de noviembre de 2015. La organización también reiteró que el aspirante fue condenado bajo cargos federales en Estados Unidos y que su liberación se dio después de cumplir la mayor parte de su sentencia.

Mientras el proceso de revisión de su candidatura avanza, el caso de Chávez Vargas pone sobre la mesa un debate complejo: la posibilidad de redención y reintegración social frente a los requisitos éticos de quienes aspiran a impartir justicia en México.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.

El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también conocido como “El Diablo”, ya no se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos, según el registro de la Oficina Federal de Prisiones. De acuerdo con la información oficial, Veytia estaba recluido en la prisión de Ashland, en Kentucky, y dejó de estar bajo custodia el pasado 10 de febrero.

Veytia había sido sentenciado en 2019 por su participación en una conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. 

Originalmente, su condena era de 20 años, pero en abril de 2024, una jueza redujo su sentencia a 10 años, estableciendo su liberación para 2027. Sin embargo, esta pena se acortó nuevamente, y según registros consultados a finales de 2023, su liberación estaba programada para octubre de 2024. Ahora, ha salido de custodia antes de lo previsto.

El exfiscal fue detenido en marzo de 2017 y, tras dos años en proceso judicial, fue declarado culpable el 26 de febrero de 2019. Durante su estancia en prisión, Veytia se convirtió en uno de los testigos clave en el juicio estadounidense contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y también fue declarado culpable de narcotráfico.

La salida de custodia de Veytia ha generado interrogantes sobre las razones detrás de su liberación anticipada. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado declaraciones sobre los motivos exactos de su excarcelación antes de la fecha programada. Su caso sigue siendo de interés debido a su vinculación con altos funcionarios y el impacto de su testimonio en procesos judiciales clave contra el crimen organizado.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre su situación legal y su posible regreso a México, donde también enfrenta señalamientos por sus actividades durante su gestión como fiscal de Nayarit.