A horas de que se realice una reunión clave en el Senado, persiste la falta de certeza sobre la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, convocada para abordar la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano.

El encuentro, previsto para este martes en la Comisión de Justicia, tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que fallecieron los elementos extranjeros, así como detallar las actividades que realizaban en la entidad. Sin embargo, hasta este lunes no existe confirmación oficial de que la mandataria estatal acuda.

Desde el Senado, el legislador de Morena, Enrique Inzunza, señaló que la información disponible proviene únicamente de lo difundido en medios. “Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo soy integrante, con esa garantía puedo intervenir, no tenemos confirmación formal, solamente lo que han dicho ellos a través de los medios”, afirmó.

En la misma línea, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, indicó que, pese a la comunicación existente entre su bancada y la gobernadora, no se ha ratificado su asistencia. La legisladora recordó que la invitación fue respaldada por Acción Nacional, aunque subrayó que la participación de Campos no es obligatoria.

“No tengo información en ese sentido, es una invitación la que se le hace y está en su disposición de asistir o no, no conozco cuál sea la decisión en este momento” enfatizó.

“El día que se votó esto con el voto a favor de Acción Nacional se comentó que se le hiciera esta invitación. En este momento no tengo conocimiento si va a asistir. Está en su derecho de hacerlo o no hacerlo, porque no es una comparencia, es una invitación”, declaró.

La convocatoria surge tras un incidente ocurrido en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA perdieron la vida en un accidente automovilístico. De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, ambos regresaban de un operativo en el que se desmanteló un laboratorio clandestino.

Las autoridades también informaron que los agentes ingresaron al país con distintos tipos de documentación: uno contaba con visa diplomática y el otro con visa de turista. La reunión en el Senado busca profundizar en estos hechos y en el contexto de su presencia en México, en medio de dudas que aún no han sido aclaradas.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó con 338 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención la nueva Ley de Amparo, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta reforma tiene el objetivo de actualizar la legislación y armonizarla con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada en septiembre pasado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la actualización de esta ley permitirá un acceso más ágil, equitativo y efectivo a la justicia. Entre los principales cambios, se encuentra la modificación en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el número de votos necesarios para que una decisión sea vinculante se reduce de ocho a seis ministras o ministros, lo que agilizará la consolidación de jurisprudencia y la declaración de inconstitucionalidad de normas generales.

La reforma establece que, hasta que los ministros electos tomen protesta el 1 de septiembre de 2025, la SCJN seguirá operando bajo las reglas de votación de la Ley de Amparo vigente antes de este decreto. Además, se estipula que el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, eliminando las atribuciones de las Salas en sus decisiones.

Otro aspecto relevante de la reforma es que el juicio de amparo ya no procederá contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se actualizan términos en la legislación, sustituyendo “Distrito Federal” por “Ciudad de México” y “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), con el fin de estandarizar criterios para sanciones y montos.

El lenguaje de la ley también ha sido modificado para promover la inclusión y la equidad de género. Expresiones como “grupos vulnerables” han sido reemplazadas por “grupos en situación de vulnerabilidad”, buscando fomentar el respeto y la igualdad.

Moreno Rivera subrayó que la reforma cumple con el mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo a los cambios recientes en la Carta Magna. También afirmó que estas modificaciones fortalecen la democracia y consolidan un Poder Judicial más eficiente, justo y transparente. Con esta actualización, el país avanza hacia una justicia más accesible y moderna para todas y todos los ciudadanos.