Diputados avalan reforma clave para nombrar y atender todas las formas de violencia en el deporte mexicano

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que actualiza la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer, por primera vez, una definición jurídica amplia de violencia dentro del ámbito deportivo. Con esta reforma, se integran como conductas reconocibles las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, simbólicas y estructurales ejercidas por cualquier persona durante prácticas o actividades deportivas. El objetivo central es establecer bases claras que permitan prevenir, atender y sancionar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Paola Longoria, reconocida raquetbolista que suma 12 medallas de oro en Juegos Panamericanos, seis campeonatos mundiales y 10 medallas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde tribuna, señaló que esta iniciativa busca “saldar una deuda histórica de nuestro deporte” y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus sueños por problemas de acoso, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia.

Durante su intervención, Longoria destacó que cuando las y los atletas enfrentan situaciones que les generan ansiedad, estrés, depresión o vulneración a sus derechos humanos, los resultados siempre son negativos. Enfatizó que la propuesta incorpora en su espíritu las experiencias de deportistas que han sufrido abuso y que, “por temor, guardan silencio por miedo a las represalias”. Subrayó que la impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién acudir refleja un abandono institucional que durante años ha visto el deporte “solo como un hobby”.

La diputada también señaló que “el primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo”, refiriéndose a la indiferencia de autoridades a lo largo del tiempo. Con esta modificación, explicó, no solo se reconoce de manera formal el abanico de agresiones posibles, sino que se incorpora por primera vez la definición legal de “protocolo de prevención y atención”. Esto permitirá otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la facultad de emitir lineamientos y protocolos nacionales para evitar criterios contradictorios entre instituciones federales, estatales, municipales y federaciones deportivas.

Longoria añadió que, aunque existan diferencias políticas, “el deporte no tiene partido”. Llamó a votar a favor del dictamen para “derrotar de una vez por todas el silencio en el deporte” y acompañar a quienes dedican su vida a representar a México.

El proyecto fue aprobado con 416 votos a favor y ahora se turna al Senado de la República. La presentación cerró entre aplausos de diputadas y diputados de todas las bancadas, en un gesto que recordó los momentos en que Longoria subía al pódium durante su trayectoria deportiva.

Senado avala ley nacional contra la extorsión y endurece penas; Diputados revisarán cambios

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

Senado impulsa revisión nacional de leyes para castigar el acoso y la violencia contra mujeres

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.