El Foro Shakespeare abre un ciclo documental sobre prisión, memoria y reconstrucción social

SHKSPR & Cía da inicio a su programación 2026 con Reincidencia Teatral, ciclo penitenciario para un público sospechoso, una propuesta escénica que reúne tres obras de teatro documental enfocadas en el encierro, la violencia, la memoria y los procesos de reinvención personal. Este ciclo constituye el primero de los tres actos que conformarán las actividades anuales de la compañía y se presenta como un espacio de escucha, confrontación y encuentro a través de historias reales.

Las funciones se llevarán a cabo en el Foro Shakespeare / Espacio Urgente 2, ubicado en la calle Zamora número 7, colonia Condesa, en la Ciudad de México. El ciclo integra los montajes Proyectiles: Dispositivo de Reinvención Social, Expediente Durango: bitácora de viaje y Fueradentro, tres piezas que, desde distintos dispositivos escénicos, colocan al espectador frente a testimonios atravesados por la prisión, la ausencia y la reconstrucción de la vida.

El ciclo inicia con Proyectiles: Dispositivo de Reinvención Social, un unipersonal de teatro documental ybiodramático creado e interpretado por Kevin Ley. La obra surge de su trabajo con jóvenes en internamiento en el ITAMA (Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes) y entrelaza, mediante una dramaturgia fragmentada, las historias de adolescentes privados de su libertad con la experiencia personal del intérprete, marcada por la violencia del crimen organizado en Ciudad Obregón, Sonora. Las funciones se realizarán el domingo 18 de enero a las 18:00 horas y el lunes 19 de enero a las 20:30 horas.

El segundo montaje es Expediente Durango: bitácora de viaje, resultado de una investigación escénica basada en viajes y conversaciones con familiares de personas privadas de la libertad. La obra construye un archivo testimonial que expone la vulnerabilidad, la desinformación y los abusos que enfrentan quienes acompañan a personas en reclusión. Este montaje se presentará el domingo 25 de enero a las 18:00 horas y el lunes 26 de enero a las 20:30 horas, bajo la dirección de Roberto Zayas, Santiago Obregón y Paola Romero.

El cierre del ciclo estará a cargo de Fueradentro, una obra de teatro documental que narra la historia real de una pareja de mujeres que se conocen en prisión, se enamoran y enfrentan juntas la salida a la libertad. La pieza aborda la vida después del encierro, la reconstrucción de los vínculos y la supervivencia emocional. Las funciones se llevarán a cabo los lunes 2, 9, 16 y 23 de febrero a las 20:30 horas.

Las tres propuestas se presentan como un ejercicio de memoria y testimonio que insiste en el teatro como espacio de resistencia. El costo del boleto es de 200 pesos, con un 30 por ciento de descuento para estudiantes, maestros e INAPAM. También se ofrece un combo para las tres obras por 360 pesos. Los boletos están disponibles en la taquilla del Foro Shakespeare y en el sitio foroshakespeare.com.

La Suprema Corte toma el caso Colosio: Amparo de Mario Aburto pone en juego su condena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

Juez suspende orden de captura por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.

Crece la investigación en Tabasco: Más funcionarios bajo la lupa por nexos con “La Barredora”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que más funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad.

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró a medios locales que ya existen carpetas abiertas contra diversos servidores públicos, aunque aclaró que por motivos de seguridad no puede revelar sus nombres. En paralelo, informó que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena de manera virtual, sin dar detalles debido a la secrecía del proceso.

El exfuncionario enfrenta cargos graves. En caso de ser declarado culpable, las penas que se le imputan superarían los 158 años de prisión. “En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado, sin considerar los delitos federales”, explicó Vázquez Landeros.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía tabasqueña anunció que solicitará la vinculación a proceso del exsecretario con base en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Asimismo, pedirá que se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo desde febrero de este año y fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay. Una semana después, el miércoles 17, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde la noche del jueves ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La FGR lo señala como líder de “La Barredora” y lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos como contra la salud, tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, según lo establecido en el artículo 2 de la legislación correspondiente.

Además, la nueva orden de aprehensión incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes también habrían estado vinculados a las operaciones de la organización.

El arribo de Bermúdez Requena a México ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vestía una sudadera café con capucha y un pantalón negro, la misma ropa que llevaba al momento de su detención. Fue custodiado por cerca de una decena de agentes federales.

Con la cabeza agachada, escuchó cómo un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le notificaba el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El fiscal Vázquez Landeros reiteró que las investigaciones en torno a otros funcionarios continúan abiertas y que la Fiscalía estatal mantiene estrecha coordinación con la FGR para avanzar en el caso.

Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

Israel Vallarta recupera su libertad tras absolución total: El fin de un capítulo de 19 años

Israel Vallarta Cisneros salió libre la mañana del viernes 1 de agosto del penal federal del Altiplano, luego de casi dos décadas de permanecer en prisión por acusaciones relacionadas con el caso Florence Cassez. En su primer mensaje público, confirmó ante medios de comunicación que fue absuelto de todas las acusaciones que enfrentaba.

La noticia le fue notificada la noche anterior, alrededor de las 21:00 horas, por personal penitenciario. Con evidente emoción, Vallarta relató que no terminaba de asimilar lo que escuchaba. “No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido”, expresó frente a cámaras y micrófonos.

El caso Vallarta-Cassez se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente en México, marcado por acusaciones de montaje mediático, violaciones al debido proceso y tortura. Aunque Florence Cassez fue liberada en 2013 por resolución de la Suprema Corte, Israel Vallarta permaneció tras las rejas casi 12 años más, sin sentencia.

Durante su breve encuentro con la prensa, también compartió que en días recientes fue trasladado del penal del Altiplano el exfuncionario Luis Cárdenas Palomino, acusado de haberlo torturado y señalado como uno de los operadores más cercanos de Genaro García Luna. “Luis Carlos Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer, unos dicen que fue al penal de Santa Marta, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe. No sabemos”, indicó.

A pesar del pasado que los une, Vallarta aseguró que no existió confrontación directa con él dentro del penal. “Nunca lo amenacé porque mi justicia no era ni golpearlo ni matarlo ni hacer daño a su familia. Es una justicia como la que es correcta”, aclaró, rechazando cualquier ánimo de venganza.

Tras su liberación, Vallarta enfrenta una nueva etapa personal: el reencuentro con familiares, muchos de los cuales no conoció durante su encarcelamiento. Se convirtió en abuelo durante su estancia en prisión, y también vivió dolorosas pérdidas como la muerte de su madre, su padre y algunos hermanos.

El caso de Israel Vallarta cierra un ciclo que durante años fue emblema de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Su salida del Altiplano no solo marca su libertad, sino también un momento de alto simbolismo en la historia reciente del país.

México endurece reglas: Cárcel por explosivos caseros y armas modificadas

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

Cae el último intento de ‘La Tuta’: Se allana el camino hacia su extradición

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

 

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

 

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

 

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

 

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

De líder de seguridad a prisionero: la caída estrepitosa de García Luna

Genaro García Luna, el hombre que alguna vez encabezó la estrategia de seguridad nacional durante el sexenio de Felipe Calderón, ha comenzado una nueva etapa de su vida tras las rejas. Tras ser sentenciado en octubre a 460 meses de prisión, aproximadamente 38 años, el exsecretario de Seguridad Pública fue trasladado recientemente a una prisión federal en Oklahoma. Un destino irónico para quien, en su tiempo, juró combatir al narcotráfico con todas sus fuerzas.

 

El juez Brian Cogan, conocido por llevar casos de alto perfil como el del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, dictó una sentencia que fue considerada un punto medio entre la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía y los 20 años propuestos por la defensa. Además, impuso una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada una vez cumplida su condena. En un comentario lapidario, Cogan le dijo a García Luna: “Ya se engañó usted mismo en pensar que respeta la ley. Tiene usted esa misma mente nublada que ‘El Chapo’”.

 

La caída de García Luna ha sido espectacular y trágica. Reconocido como el “zar antidrogas” y arquitecto de la llamada guerra contra el narcotráfico, su mandato abarcó los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, entre 2001 y 2012, según las pruebas presentadas por la Fiscalía estadounidense, García Luna trabajó en las sombras para proteger y favorecer al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos.

 

Durante su juicio en Brooklyn, testigos clave como Jesús “Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande”, y Óscar “Lobo” Valencia detallaron cómo García Luna recibía maletas repletas de dinero a cambio de garantizar el libre tránsito de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Se le responsabiliza, entre otros actos, de proteger al menos 53 toneladas de cocaína enviadas al país vecino entre 2002 y 2008.

 

A pesar de las declaraciones y pruebas presentadas, García Luna ha insistido en su inocencia. En una carta enviada a la prensa en septiembre, acusó a la justicia estadounidense de basarse en “información falsa proporcionada por el gobierno de México” y en testimonios de criminales a los que él mismo había perseguido. Aun así, su apelación parece ser su última carta en un juego donde las probabilidades están en su contra.

 

Mientras García Luna inicia su condena en la prisión federal de Oklahoma, el gobierno de México no ha cerrado el capítulo. La administración actual ha solicitado su extradición por cargos de malversación de fondos públicos, una acusación que podría complicar aún más su futuro.

 

La historia de García Luna es un reflejo de cómo el poder puede transformarse en corrupción y traición. Para muchos, su condena representa una victoria simbólica contra la impunidad que ha corroído las instituciones de seguridad en México. Sin embargo, para otros, es apenas el comienzo de una larga y difícil batalla para desenmarañar los vínculos del crimen organizado con el aparato estatal.

Un paso crucial para la justicia trans en CDMX con la entrada de la “Ley Paola Buenrostro”

El 23 de agosto marca un día histórico en la Ciudad de México con la publicación de la Ley Paola Buenrostro en la Gaceta Oficial, una legislación que redefine el panorama de los derechos humanos y la justicia para las mujeres trans en el país. Esta ley tipifica el transfeminicidio como un delito, imponiendo penas que van desde los 35 hasta los 70 años de prisión, un castigo severo que busca frenar la violencia extrema contra este sector vulnerable de la población.

 

Con la entrada en vigor de esta legislación, la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad federativa en México, después de Nayarit, en reconocer el transfeminicidio como un delito. La Ley Paola Buenrostro, nombrada en honor a la primera víctima de transfeminicidio reconocida en el país, tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina y erradicar la impunidad que ha prevalecido en casos de violencia extrema contra mujeres trans.

 

“Es un acto de justicia histórica para nuestras compañeras trans que han sido víctimas de odio y violencia. La Ley Paola Buenrostro no solo honra la memoria de Paola, sino que envía un mensaje claro: la violencia transmisógina no será tolerada en nuestra ciudad”, expresó una activista trans durante una manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México.

 

La ley contempla reformas significativas en el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Estas modificaciones no solo establecen el transfeminicidio como un delito autónomo, sino que también agravan las penas cuando el crimen se comete bajo circunstancias específicas, como en el contexto del trabajo sexual, en presencia de personas cercanas a la víctima, o cuando la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o es una persona adulta mayor trans.

 

El artículo 148 Ter del Código Penal, ahora modificado, define el transfeminicidio como “el acto de privar de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”. Además, se añaden agravantes que aumentan la condena hasta en una tercera parte cuando el delito se perpetra con saña relacionada con la identidad o expresión de género de la víctima.

 

Otra adición crucial es la modificación del artículo 118 del Código Civil, que ahora permite que, en caso de fallecimiento de una persona transgénero, y si sus familiares se niegan a realizar el trámite de defunción o podrían vulnerar su identidad, una persona de su familia social, definida según la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pueda realizar dicho trámite. Esta medida busca asegurar que la identidad de las personas trans sea respetada incluso después de su muerte, un derecho fundamental que había sido ignorado hasta ahora.

 

Este avance legislativo en la Ciudad de México es un paso crucial en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos humanos de las personas trans. Sin embargo, a pesar de este progreso, aún queda un largo camino por recorrer en el resto del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya han instado a que todos los casos de muertes violentas de mujeres trans sean investigados bajo protocolos de feminicidio, y han exigido a los congresos locales que implementen medidas similares para garantizar la justicia en todo el territorio nacional.

 

“La Ley Paola Buenrostro es un hito, pero no es el final de nuestra lucha. Continuaremos presionando para que todos los estados adopten legislaciones similares y para que ningún crimen de odio quede impune en México”, afirmó la representante de una organización de derechos trans.