El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.

“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.

Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.

Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.

La tarde de este lunes se registró el desplome de una aeronave privada en el municipio de Toluca, Estado de México, hecho que activó un amplio operativo de emergencia y movilizó a corporaciones de distintos niveles de gobierno. De acuerdo con información oficial, el accidente ocurrió en el cruce de las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, dentro de la delegación de San Pedro Totoltepec, una zona industrial cercana al Aeropuerto Internacional de Toluca.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México confirmó el reporte del siniestro, mientras que autoridades municipales señalaron que la aeronave impactó contra una bodega utilizada para el resguardo de cajas de tráiler. Tras el choque, se generó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros, lo que fue documentado en imágenes difundidas por autoridades y testigos.

La aeronave siniestrada fue identificada como una Cessna con matrícula XA-PRO, perteneciente a la empresa Servicios Aéreos Estrella. El vuelo había partido de Acapulco, Guerrero, alrededor de las 11:27 horas del lunes 15 de diciembre, con destino al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, en Toluca. A bordo viajaban diez personas.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos siete de los ocupantes perdieron la vida tras el impacto. Las víctimas fueron identificadas como integrantes de una misma familia, entre ellos tres menores de edad: Raúl, Natalia y Ximena, de cuatro, dos y nueve años, respectivamente. Los niños viajaban acompañados por adultos identificados como Gustavo, Ilse Lizeth, Raúl y Raúl, de 50, 31, 60 y 31 años. La tripulación estaba conformada por el piloto Juan Carlos, de 61 años, y el copiloto Walding, de 72.

La última comunicación con la aeronave se registró alrededor de las 12:31 horas. De acuerdo con audios de la torre de control, el contacto inicial se desarrolló con normalidad. En la grabación se escucha el intercambio de instrucciones previas al aterrizaje.

Posteriormente, la tripulación alertó sobre una situación crítica: “Nos estamos desplomando, Papa Romeo”,fue el último mensaje recibido antes del impacto.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca acudieron de inmediato al lugar para asegurar el perímetro y aplicar los protocolos de emergencia.

Al operativo se sumaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegaciones Toluca y Metepec, así como corporaciones de Lerma, San Mateo Atenco, Atenco y Huixquilucan.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que la aeronave operaba como taxi aéreo y que las investigaciones quedarían a cargo de las autoridades federales. “Era traslado, era un servicio de taxi aéreo… habrá que esperar el peritaje de la autoridad correspondiente”, señaló.

Debido a la cercanía del accidente con tanques de combustible, autoridades municipales de San Mateo Atenco habilitaron un albergue temporal con capacidad para 130 personas, como medida preventiva. La alcaldesa Ana Muñiz Neyra informó que se brindó atención médica, alimentos y apoyo a personas con crisis nerviosas o padecimientos crónicos. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación y desplegó agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Agencia de Investigación Criminal. De manera paralela, la Agencia Federal de Aviación Civil realiza los peritajes técnicos correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Un juez federal congeló la orden de aprehensión emitida contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, aunque el exfuncionario permanecerá en prisión debido a otro proceso penal que enfrenta en Tabasco por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el mandamiento judicial solicitado por el Ministerio Público Federal, lo que impide que se ejecute la nueva orden de captura mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el diverso cuarto”, señala la notificación emitida por el órgano judicial.

La orden de aprehensión había sido autorizada el 17 de septiembre por un Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano). Sin embargo, con la suspensión otorgada, el juez analizará ahora el fondo del asunto, tomando en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía.

La resolución no implica el cierre del caso, pues la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la decisión ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la medida y reactivar la orden de captura.

Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante los primeros dos años del gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, conforme al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en actividades vinculadas con tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

La acusación también incluye el delito de secuestro en agravio de R.M.A., sancionado por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional.

Pese a esta suspensión, Hernán Bermúdez continúa recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, derivado de un proceso penal en curso con número de causa 213/2025, iniciado en Tabasco el 18 de febrero de 2025, por los delitos de asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales y federales, mientras el exfuncionario enfrenta múltiples acusaciones de alto impacto que lo mantienen tras las rejas, en espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos por su defensa y las impugnaciones del Ministerio Público.