Sheinbaum impulsa propiedad agraria y entrega tierras a mujeres además promete 150 mil títulos agrarios

El acceso de las mujeres a la propiedad y al trabajo formal de la tierra ha sido históricamente limitado, una situación que el gobierno federal busca revertir mediante la entrega de certificados agrarios en distintas regiones del país. Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, la entrega de documentos que reconocen derechos agrarios a mujeres de pueblos originarios de la Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria destacó que su administración ha impulsado la incorporación de mujeres como ejidatarias y comuneras, un proceso que, señaló, ha sido difícil de alcanzar a lo largo del tiempo. Según explicó, hasta ahora se han entregado cerca de 30 mil títulos agrarios a mujeres en todo el país, mientras que la meta planteada para su gobierno es alcanzar la entrega de 150 mil certificados.

Sheinbaum subrayó que estos avances buscan garantizar igualdad de derechos en el acceso a la tierra, un ámbito que durante años estuvo dominado por hombres. En ese contexto, afirmó: “Uno de los derechos que parecía más difícil es el derecho a la propiedad parecía, como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa y en los derechos agrarios. Parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras, quién dijo eso, dónde estaba escrito, en ningún lado”.

La presidenta también señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer a las comunidades y reconocer el papel de las mujeres en el campo. “Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el sueldo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y estamos reivindicando los derechos de las mujeres y en particular los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, expresó.

En su intervención, recordó su vínculo con la alcaldía Tlalpan, donde vivió más de tres décadas en la comunidad de San Andrés Totoltepec. Desde ahí, explicó, participó en actividades comunitarias enfocadas en la preservación del suelo de conservación. Señaló que, pese a la expansión urbana, la zona continúa activa gracias a la organización de ejidos y comunidades, donde se mantiene la producción agrícola y el cuidado de los bosques.

Como parte de la ceremonia, uno de los certificados de uso común fue entregado a María Enrique Carrón Yescas, quien destacó la importancia de la colaboración entre autoridades y comunidades. La beneficiaria afirmó que estos esfuerzos pueden contribuir a la construcción de condiciones más equitativas para quienes trabajan la tierra y fortalecer el desarrollo del país.

Aprueban sanciones de hasta 36 horas de arresto contra franeleros en CDMX

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, en sesión virtual, la iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Brugada para imponer sanciones a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por permitir estacionarse, comúnmente conocidos como “franeleros”. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y dos abstenciones, y ahora será discutida en el pleno del Congreso capitalino.

La iniciativa establece que las personas que aparten lugares con objetos, impidan el libre tránsito o exijan dinero por permitir el estacionamiento en la vía pública podrían recibir sanciones de 24 a 36 horas de arresto. El objetivo central de esta reforma es desincentivar conductas asociadas a delitos como extorsión, robo de vehículos y autopartes, amenazas, daño a la propiedad y lesiones, al tiempo que se promueve el uso libre y seguro del espacio público.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La propuesta contempla adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se suma la Fracción XXXIX al artículo 3, se añade el artículo 28 Bis con infracciones especiales en materia de seguridad ciudadana vinculadas a la ocupación de espacios públicos, se incorpora un nuevo párrafo al artículo 31 y se modifica el artículo 32.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena subrayaron que la reforma no está dirigida contra trabajadores no asalariados ni personas en situación de calle, sino contra quienes realizan acciones que afectan a terceros al obstruir el uso del espacio público, coaccionar a los automovilistas o lucrar con bienes que no les pertenecen. Aseguraron que la iniciativa tiene como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El argumento central detrás de la medida, según lo expresado en la comisión, es garantizar que la ciudadanía disfrute del espacio público y de la movilidad de manera libre, sin temor a ser extorsionada ni obligada a pagar por ocupar un espacio en la calle. Además, se busca frenar la apropiación informal y no regulada de espacios vehiculares, muchas veces vinculada a redes de ilegalidad y microextorsión.

Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa de Brugada avanza hacia una etapa clave en el Congreso local, donde las y los legisladores deberán debatirla y, en su caso, convertirla en ley.