Fiscalía asegura caso resuelto tras capturas por ataque en parque de San Francisco del Rincón que dejó dos muertos

Con órdenes de aprehensión cumplimentadas y dos detenidos bajo custodia, la Fiscalía estatal dio por esclarecida en su fase investigativa la agresión armada registrada en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. Los arrestados serán puestos a disposición de un juez por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que las detenciones se realizaron la mañana posterior a los hechos, tras cateos ejecutados en el mismo municipio. “El asunto está plenamente resuelto en lo investigativo, tenemos órdenes de aprehensión”, declaró al detallar que el avance fue presentado ante el gabinete de seguridad. La autoridad continúa la búsqueda de otros dos hombres señalados por su participación directa en la agresión.

El ataque ocurrió la noche del martes, cuando hombres armados identificados como integrantes del grupo criminal “Los Carranza” irrumpieron en el parque. De acuerdo con la investigación, el objetivo era un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien realizaba una transacción de droga en el lugar.

En el sitio fue asesinado Fernando “N”, de 36 años. Un día después falleció Giovanni, de 24 años, debido a las lesiones sufridas durante el atentado. En medio de los disparos, ocho menores de entre cinco y 16 años resultaron heridos; cinco de ellos son hombres. Todos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta, reportados fuera de peligro.

Las autoridades atribuyen la agresión al grupo “Los Carranza”, organización que opera desde hace más de una década en San Francisco del Rincón y a la que se le relaciona con delitos como homicidios y secuestros en la zona.

Con las dos capturas confirmadas y las órdenes judiciales en proceso de ejecución contra otros implicados, la Fiscalía sostiene que la línea de investigación está definida y que el caso avanza hacia su etapa judicial tras un ataque que dejó víctimas mortales y menores lesionados en un espacio público del municipio.

La Suprema Corte toma el caso Colosio: Amparo de Mario Aburto pone en juego su condena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

Sheinbaum refuerza inteligencia y justicia en Michoacán tras asesinato de alcalde de Uruapan

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

SRE descarta impacto en camioneros mexicanos tras suspensión de visas en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la suspensión de visas para conductores de camiones en Estados Unidos no tendrá repercusión en los transportistas mexicanos, gracias a las disposiciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano analiza la medida anunciada el jueves, pero descartó afectaciones para los choferes nacionales. “Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”, señaló.

De la Fuente explicó que la decisión del gobierno estadounidense responde principalmente a la intención de “prevenir el cabotaje”, es decir, el traslado de mercancías entre diferentes estados dentro de Estados Unidos por parte de choferes extranjeros. Subrayó que México continuará revisando los alcances de la medida para garantizar la certidumbre de los trabajadores del transporte.

El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales. Justificó que esta medida busca proteger tanto la seguridad vial como las oportunidades laborales de los camioneros estadounidenses, aunque no presentó cifras sobre accidentes o la proporción de choferes extranjeros en el sector.

El anuncio se dio pocos días después de que un camionero de origen indio, Harjinder Singh, fuera detenido y acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente ocurrido en Florida. El conductor realizó un giro prohibido en una autopista, lo que derivó en el trágico incidente. El caso cobró relevancia política en Estados Unidos, ya que Singh, en situación migratoria irregular, había obtenido su licencia de conducir en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, crítico de la actual administración y posible aspirante presidencial en 2028.

El hecho generó críticas por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quienes lo utilizaron como argumento contra los demócratas en materia de control migratorio y seguridad. En paralelo, la administración republicana confirmó que se lleva a cabo un proceso de verificación de más de 55 millones de visados válidos en ese país. De encontrarse irregularidades, se podría proceder a la anulación de documentos y la deportación de sus titulares.

Mientras tanto, la SRE en México mantiene seguimiento puntual de las disposiciones estadounidenses y reiteró que los camioneros nacionales seguirán protegidos por el marco legal del T-MEC, el cual garantiza la validez de su visa B para operar en territorio estadounidense.

Caen 13 implicados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada en la CDMX

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor. Ambos fueron asesinados durante un ataque armado registrado la mañana del martes 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia, la mandataria capitalina informó que de los detenidos, tres están identificados como autores materiales del ataque, mientras que el resto habría participado en la planeación logística del crimen.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras en la preparación logística”, señaló Brugada, quien subrayó la coordinación interinstitucional como factor clave para este avance.

La jefa de Gobierno agradeció de manera personal el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que la colaboración entre la Ciudad de México y el gobierno federal ha sido determinante en la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los reportes, Guzmán y Muñoz viajaban juntos cuando fueron interceptados y agredidos directamente por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Tras el crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, la Fiscalía General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo conjunto. Entre las diligencias, se revisaron cámaras del sistema de videovigilancia para seguir rutas de escape e identificar a los responsables.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, encabezará una conferencia de prensa para detallar los resultados del operativo. Brugada precisó que no se aceptaron preguntas en el anuncio inicial debido a que la investigación continúa y apenas se están mostrando los primeros resultados.

En redes sociales, la jefa de Gobierno lamentó el asesinato y envió condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que “el compromiso es claro: los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, condenó el hecho y garantizó que todas las áreas de la dependencia colaboran con la fiscalía y con las instancias federales. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, calificó el ataque como un acto cobarde y expresó: “No dejaremos que este hecho quede impune”.

Las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer el móvil del crimen, calificado por las autoridades como una agresión directa.

Empresas constructoras en la mira tras contratos millonarios ligados a reo extraditado

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

Tribunal congela el proceso contra Garduño en caso del incendio migrante

La decisión ha quedado firme: el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023, permanecerá suspendido. Un tribunal de apelaciones ratificó la orden judicial que detiene el procedimiento legal en su contra, consolidando una resolución que había sido emitida previamente por un juez de distrito en el estado de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, desechó los argumentos presentados para revertir la decisión tomada el 24 de enero pasado. En esa fecha, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal de la entidad determinó viable el recurso legal que congelaba el proceso, con base en la figura del mecanismo alternativo relacionado con la reparación del daño.

 

Según el proyecto presentado por el tribunal, los recursos de impugnación fueron considerados inoperantes e infundados. El análisis indicó que no existe una oposición jurídicamente fundada respecto a las condiciones de reparación del daño, elemento clave para dar curso a dicha suspensión.

 

El magistrado Octavio Pineda, al justificar la determinación, recalcó que el caso se relaciona con hechos profundamente trágicos: “No soslayo que se hizo mucho énfasis y es hacerlo notar nuevamente el que este asunto proviene de un asunto de hechos muy lamentables donde 40 personas perdieron la vida”. Sin embargo, también subrayó que el tipo de delito atribuido a Garduño permite aplicar el mecanismo alternativo sin menoscabar la posibilidad de que en otras causas penales relacionadas se siga buscando justicia por la vía de imputaciones más severas.

 

El incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó una profunda herida social. Las víctimas —provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador— perdieron la vida por asfixia provocada por el humo de un fuego que, según las investigaciones, se extendió por poco más de tres minutos. La Fiscalía General de la República señaló que el incendio fue originado por dos personas de nacionalidad venezolana.

 

En el proceso judicial que se abrió a raíz del incidente, Garduño fue vinculado por el delito de omisión, al no haber implementado las medidas necesarias que pudieran haber evitado la tragedia. Con esta reciente resolución, el proceso contra el funcionario queda suspendido, mientras que otros implicados continúan enfrentando cargos penales por delitos más graves como el de homicidio.

 

La determinación judicial marca un giro clave en uno de los casos más impactantes del sistema migratorio mexicano en los últimos años.

Caso Carlota ‘N’: Fiscalía devuelve inmueble mientras avanza proceso por doble homicidio

La historia que estremeció a Chalco y sacudió al Estado de México suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México decidió devolver la posesión de una vivienda a Mariana ‘N’, hija de Carlota ‘N’, una mujer de 74 años detenida por su presunta implicación en el homicidio de dos personas y la tentativa de asesinato de un menor de edad. La propiedad, ubicada en el municipio de Chalco, fue el epicentro de un conflicto que derivó en violencia, arrestos y una polémica resolución judicial. 

Todo comenzó cuando Mariana ‘N’ denunció el 25 de marzo que un grupo de personas había invadido el inmueble familiar. Acudió a la Fiscalía Regional de Chalco para levantar un acta por despojo, iniciando así una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Seis días después, el 31 de marzo, volvió al lugar acompañada por policías municipales, aunque esa jornada no se ejecutó ninguna acción de desalojo por parte de los agentes.

 

La tensión escaló rápidamente. El 2 de abril, Carlota ‘N’, en un intento por recuperar el domicilio, se presentó presuntamente armada y en compañía de sus hijos. El enfrentamiento terminó de forma trágica. Dos personas perdieron la vida y un menor resultó herido. La mujer de la tercera edad fue arrestada en el sitio, junto con sus familiares Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’.

 

De acuerdo con la Fiscalía, a los detenidos se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Permanecen a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

 

La fiscalía, luego de analizar la carpeta de investigación, determinó este 4 de abril otorgar la posesión del inmueble a Mariana ‘N’. La resolución se basó en la documentación y declaraciones recopiladas a lo largo del proceso legal.

 

Sin embargo, el giro inesperado surgió en voz del abogado defensor de Mariana ‘N’, quien expresó que, por el momento, “no era de su interés” aceptar la restitución de la propiedad. La razón detrás de esta negativa no fue especificada.

 

El caso continúa generando repercusiones y atrayendo la atención pública. La tensión en la comunidad de Chalco persiste, mientras la autoridad judicial avanza en la evaluación del proceso legal de los implicados. La restitución de una propiedad en disputa, los crímenes cometidos y la complejidad del conflicto familiar mantienen en vilo a quienes siguen de cerca esta historia que combina lo legal, lo social y lo trágico.

México extradita a dos prófugos buscados por homicidio en EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México extraditó este viernes a dos ciudadanos mexicanos solicitados por la justicia estadounidense por delitos de homicidio. La entrega se realizó en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

El primer caso involucra a Louie “H”, requerido por la Corte Superior del Estado de Washington, Condado de King, por el asesinato de su expareja. Se le acusa de haberle disparado con un arma de fuego, causándole la muerte. Antes de su extradición, se encontraba detenido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, donde enfrentaba un proceso penal por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y salud.

 

El segundo caso es el de Juan “R”, quien fue extraditado a California, donde enfrenta cargos por homicidio, acecho y amenazas. Se le acusa de haber apuñalado a su expareja sentimental, provocando su muerte. Su extradición fue solicitada por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara. Fue detenido en julio de 2024 en Felipe Carrillo Puerto, Michoacán.

 

Las entregas se llevaron a cabo en distintos puntos fronterizos. Louie “H” fue trasladado a Estados Unidos a través del puente fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Ysidro, California. Por su parte, Juan “R” fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses se hicieron cargo de su traslado final.

 

Con estas extradiciones, las autoridades mexicanas refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el cumplimiento de la justicia entre ambos países.

Asesinato en Querétaro, hijo de narcotraficante entre las víctimas: Carlos Alcázar

El asesinato de Diego Méndez Velázquez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”,ha sacudido a Querétaro. Méndez Vargas fue uno de los fundadores del cártel de La Familia Michoacana y recientemente fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 criminales de alta peligrosidad. 

Las autoridades confirmaron que el homicidio ocurrió el sábado en un ataque directo en el estacionamiento de un bar ubicado en una zona exclusiva del estado. Junto a Méndez Velázquez, otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas dentro de un lujoso Lamborghini Urus. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital en estado delicado.


Carlos Alcázar, secretario de gobierno de Querétaro, informó que las víctimas no residían en el estado y que el crimen está relacionado con el “contexto nacional” y el vínculo de Méndez Velázquez con su padre, recientemente extraditado a Estados Unidos. La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.


José de Jesús Méndez Vargas, conocido como “El Chango Méndez“, fue capturado en 2011 y encarcelado en México hasta su traslado a Estados Unidos el 27 de febrero de este año. La extradición masiva de criminales coincidió con la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano fortaleciera sus acciones contra el crimen organizado.


Diego Méndez Velázquez también tuvo antecedentes delictivos. Fue detenido en 2018 por presuntos vínculos con el narcotráfico y el robo de combustible, aunque actualmente estaba en libertad.


El crimen ha generado interrogantes sobre el impacto de la reciente extradición de líderes criminales en la violencia dentro de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del ataque y su posible relación con el cártel de La Familia Michoacana u otros grupos del crimen organizado.