Proponen “Ley Therian” en NL: Buscan protocolos escolares contra bullying y violencia por identidad animal

El Congreso de Nuevo León recibió una iniciativa ciudadana denominada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, conocida públicamente como “Ley Therian”, cuyo objetivo es establecer lineamientos para prevenir el acoso escolar, la discriminación y actos de violencia vinculados con manifestaciones de identidad o expresión personal en escuelas públicas y privadas del estado.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo, quien planteó la necesidad de crear mecanismos formales dentro de los planteles educativos que orienten a docentes y directivos sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con este grupo social. En las últimas semanas, el término “therian” ha ganado visibilidad en redes sociales en México. Se refiere a personas que afirman tener una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano y que, en algunos casos, utilizan máscaras, disfraces o imitan comportamientos asociados con esos animales.

Castillo acudió al recinto legislativo acompañado de Luis, un joven de 28 años que afirmó haber enfrentado discriminación desde la infancia por identificarse con un caballo. Durante su presencia en el Congreso portó una máscara alusiva y realizó gestos vinculados con ese animal. En declaraciones a medios, señaló que desde los 9 o 10 años actúa y siente afinidad con dicha identidad, y relató experiencias de incomprensión en su entorno familiar.

De acuerdo con el abogado promovente, en Nuevo León existen más de 100 casos de personas que se identifican como “therian” y que, según indicó, enfrentan obstáculos para expresarse libremente. La iniciativa propone la creación de protocolos de convivencia escolar, así como programas de observatorios ciudadanos dentro de las instituciones educativas para evitar daños a terceros, proteger la integridad física de estudiantes y brindar herramientas claras al personal docente.

El planteamiento también contempla acompañamiento psicosocial y psicológico para los jóvenes involucrados, además de coordinación institucional. Castillo hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud estatales para participar en el diseño de medidas de apoyo, y propuso instalar mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con el fin de prevenir posibles delitos en su contra.

Según lo expuesto por el abogado, existen antecedentes de legislación sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia, los cuales fueron citados como referencia para el diseño de la propuesta. La iniciativa quedó en manos del Congreso local para su análisis y eventual discusión legislativa.

Senado avala ley nacional contra la extorsión y endurece penas; Diputados revisarán cambios

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

Senado impulsa revisión nacional de leyes para castigar el acoso y la violencia contra mujeres

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.