Sheinbaum impulsa propiedad agraria y entrega tierras a mujeres además promete 150 mil títulos agrarios

El acceso de las mujeres a la propiedad y al trabajo formal de la tierra ha sido históricamente limitado, una situación que el gobierno federal busca revertir mediante la entrega de certificados agrarios en distintas regiones del país. Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, la entrega de documentos que reconocen derechos agrarios a mujeres de pueblos originarios de la Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria destacó que su administración ha impulsado la incorporación de mujeres como ejidatarias y comuneras, un proceso que, señaló, ha sido difícil de alcanzar a lo largo del tiempo. Según explicó, hasta ahora se han entregado cerca de 30 mil títulos agrarios a mujeres en todo el país, mientras que la meta planteada para su gobierno es alcanzar la entrega de 150 mil certificados.

Sheinbaum subrayó que estos avances buscan garantizar igualdad de derechos en el acceso a la tierra, un ámbito que durante años estuvo dominado por hombres. En ese contexto, afirmó: “Uno de los derechos que parecía más difícil es el derecho a la propiedad parecía, como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa y en los derechos agrarios. Parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras, quién dijo eso, dónde estaba escrito, en ningún lado”.

La presidenta también señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer a las comunidades y reconocer el papel de las mujeres en el campo. “Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el sueldo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y estamos reivindicando los derechos de las mujeres y en particular los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, expresó.

En su intervención, recordó su vínculo con la alcaldía Tlalpan, donde vivió más de tres décadas en la comunidad de San Andrés Totoltepec. Desde ahí, explicó, participó en actividades comunitarias enfocadas en la preservación del suelo de conservación. Señaló que, pese a la expansión urbana, la zona continúa activa gracias a la organización de ejidos y comunidades, donde se mantiene la producción agrícola y el cuidado de los bosques.

Como parte de la ceremonia, uno de los certificados de uso común fue entregado a María Enrique Carrón Yescas, quien destacó la importancia de la colaboración entre autoridades y comunidades. La beneficiaria afirmó que estos esfuerzos pueden contribuir a la construcción de condiciones más equitativas para quienes trabajan la tierra y fortalecer el desarrollo del país.

Senado avala ley nacional contra la extorsión y endurece penas; Diputados revisarán cambios

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

SEP lanza trámite para actualizar documentos escolares según identidad de género

A partir de junio, mes en que se celebra el Orgullo LGBT+, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha un nuevo trámite dirigido a personas que han modificado legalmente su identidad de género y buscan que sus documentos escolares reflejen correctamente su nombre.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien subrayó que esta medida representa un paso clave hacia la inclusión y el respeto a los derechos humanos. La rectificación de documentos escolares, dijo, forma parte del compromiso del gobierno federal con el reconocimiento de la diversidad y la eliminación de barreras institucionales que afectan a la comunidad LGBT+.

Este nuevo procedimiento permite que personas cuya identidad de género haya sido legalmente reconocida, a través de una sentencia judicial o resolución administrativa, puedan solicitar la modificación de sus certificados, boletas y demás constancias académicas emitidas por la SEP. La gestión estará a cargo de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación.

El trámite se realizará únicamente de manera presencial en las oficinas centrales de la SEP, ubicadas en la Ciudad de México, y estará disponible de lunes a viernes, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas. Entre los documentos requeridos se espera la presentación de una identificación oficial y el documento legal que acredite la nueva identidad.

Mario Delgado enfatizó que la finalidad del trámite es garantizar el derecho a la identidad, protegiendo así a las personas trans y no binarias de actos de discriminación en entornos laborales, educativos y sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha reafirmado esta línea política, al señalar desde su toma de posesión que su administración defenderá la “libertad sexual” y los derechos de todas las personas.

El reconocimiento del nombre y la identidad en los documentos oficiales es una herramienta fundamental para el acceso igualitario a oportunidades educativas y profesionales. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad LGBT+ por mecanismos institucionales que acompañen su identidad legal sin obstáculos.

México ha registrado avances legales en materia de identidad de género, matrimonio igualitario y documentación para personas no binarias. No obstante, los retos persisten. El país ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio contra personas LGBT+, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.

El lanzamiento de este trámite escolar se enmarca en un contexto de transformación institucional, donde el derecho a ser reconocido conforme a la identidad propia se articula como una prioridad estatal y una garantía que fortalece la inclusión y el respeto a la diversidad.