Trabajadores celebran la revisión de la Reforma en la Suprema Corte

Entre aplausos y gritos de victoria, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lograron un gran avance en su lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar la legalidad de la polémica reforma judicial. La decisión llegó como una bocanada de aire fresco para jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes se reunieron a las afueras del máximo tribunal, esperando ansiosos el veredicto.

 

“¡Ocho a tres en contra! La Corte ha decidido revisar esta reforma”, anunció emocionado Fernando Miguez, vocero de los trabajadores del PJF, mientras la multitud estallaba en júbilo. La sesión, dirigida por la ministra presidenta Norma Piña, culminó en un gesto de esperanza para quienes temían por su autonomía laboral y el futuro del Poder Judicial.

 

Carlos Ávila, secretario de juzgado y otro de los líderes del movimiento, no tardó en expresar su satisfacción: “Que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo el país: hay República porque las ministras y ministros patriotas han defendido el Estado de derecho”. Su mensaje resonó con fuerza, no solo entre los trabajadores presentes, sino también en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

 

La decisión de la SCJN abre la puerta para que se analicen los procedimientos que llevaron a la aprobación de la reforma judicial. Según Ávila, el proceso legislativo “tiene muchos vicios” que podrían invalidar la reforma. “Si todo sigue este curso, podemos regresar al estado de cosas antes de su aprobación, y eso es lo que esperamos”, declaró en una entrevista posterior.

 

Jesús Cruz Sibaja, otro trabajador del Poder Judicial, destacó que este proceso también toca temas clave como la “autonomía de los órganos judiciales” y la independencia de jueces y magistrados. Los manifestantes, conscientes de que aún queda camino por recorrer, mantendrán la presión y analizarán su situación laboral en los próximos días.

 

A pesar de esta victoria, los trabajadores aún evalúan extender su paro de labores. Se espera que se reúnan el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para discutir si continúan con el paro hasta el 15 de octubre, como una forma de asegurar que sus derechos sean respetados y que las mesas de diálogo sigan activas.

 

Este triunfo en la Suprema Corte representa más que una simple revisión de la reforma: es un mensaje de resistencia y unión entre los trabajadores judiciales, que seguirán luchando para mantener la independencia de su institución.

Jóvenes universitarios se alzan contra la Reforma al Poder Judicial

En un acto que resonó con fuerza en las calles de Ciudad de México, cientos de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) salieron a las calles este lunes para alzar la voz contra la controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo el lema “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”, los jóvenes marcharon desde el icónico Águila de la Facultad de Derecho hasta el edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), marcando una clara postura de rechazo hacia los cambios propuestos que, aseguran, ponen en riesgo la independencia judicial del país.

 

El movimiento comenzó a las 12:30 del mediodía en Ciudad Universitaria, con una nutrida asistencia de estudiantes que portaban banderas, pancartas y lonas en las que se leían mensajes contundentes: “UNAM-CJF ¡Unidos!”, “Defender la justicia es nuestro derecho”, “Sin independencia judicial, no hay democracia”. A lo largo de su recorrido por Avenida Insurgentes Sur, la manifestación generó cortes intermitentes en el tránsito, atrayendo la atención de medios de comunicación, ciudadanos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

 

La movilización no se limitó a la comunidad de la UNAM. Con un llamado abierto a la solidaridad, los estudiantes invitaron a sus pares de la Universidad Panamericana (UP) y de la Universidad Iberoamericana (Ibero) a sumarse a la protesta. “No se trata solo de defender a la UNAM o a nuestras universidades; se trata de proteger el Estado de derecho, de asegurarnos que nuestras instituciones sean realmente autónomas”, expresó Javier Ramírez, estudiante de quinto semestre de Derecho en la UNAM.

 

La reforma al Poder Judicial, incluida en el paquete de medidas del Plan C del presidente López Obrador, ha generado un intenso debate en el país. La propuesta establece, entre otros puntos, que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, y que se considere la carrera judicial como un requisito obligatorio para quienes aspiren a estos cargos. Según los estudiantes y varios expertos, estas medidas podrían debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a la politización del sistema de justicia.

 

El pasado 26 de agosto, representantes de nueve facultades y escuelas de derecho de México emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por la reforma. “Nos preocupa que se pierda la imparcialidad que debe caracterizar a los jueces y magistrados”, señaló Valeria Gómez, representante de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Si los jueces son elegidos por voto popular, estaríamos abriendo la puerta a intereses partidistas que pueden comprometer la justicia en nuestro país”.

 

Para muchos de los manifestantes, la protesta no es solo una respuesta a una iniciativa gubernamental; es un llamado a la reflexión y a la acción por parte de la sociedad civil. “Esta es una reforma que afecta a todos, no solo a los abogados o estudiantes de Derecho. Si perdemos la independencia del Poder Judicial, todos perdemos”, comentó Carlos Morales, alumno de la Universidad Iberoamericana, quien se unió al contingente frente al edificio del CJF.

 

El apoyo a la protesta se ha extendido a otras instituciones académicas, incluyendo el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad La Salle, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta unidad entre las principales casas de estudio del país destaca la magnitud del desafío que representa esta reforma para el sistema democrático mexicano.

 

Aunque la manifestación concluyó de manera pacífica frente al CJF, los estudiantes dejaron en claro que esta es solo una de muchas acciones que están dispuestos a tomar para defender la justicia y la legalidad en México. “Esta marcha es solo el principio. Vamos a seguir informando a la ciudadanía, haciendo foros, discutiendo y exigiendo que se respete la autonomía del Poder Judicial”, añadió Daniela Pérez, integrante del comité organizador de la marcha.

Parálisis en el Poder Judicial Afecta Miles de Casos Diarios, Incluidos Casos Mediáticos

Debido a la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales, cerca de 40 mil casos diarios quedarán sin atención, incluyendo algunos de los más relevantes de este sexenio, como los de Ayotzinapa, Mario Aburto, Emilio Lozoya y Carlos Ahumada. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció recientemente, a través de una circular, que los juzgados y tribunales deben atender únicamente casos urgentes, como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva y decisiones sobre extradición, entre otros.

Sin embargo, audiencias de tipo intermedio, como la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no se consideran dentro de estas excepciones. Murillo Karam enfrenta dos procesos judiciales relacionados con el caso Ayotzinapa, y aunque la Fiscalía General de la República (FGR) planeaba formalizar las acusaciones el 20 de agosto, la audiencia fue suspendida debido al acuerdo entre jueces y magistrados para detener labores en protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por Morena en la Cámara de Diputados.

En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también se ven afectados los procedimientos. Lozoya enfrenta cargos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y el Ministerio Público Federal ha solicitado penas de 46 y 15 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, la apertura del juicio oral no puede proceder debido a que Lozoya promovió amparos y obtuvo suspensiones que deben resolverse primero, lo que, al no ser considerado urgente, retrasa el proceso.

El caso de Mario Aburto Martínez, quien confesó haber asesinado al ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, también se encuentra en pausa. Aburto presentó dos amparos para impedir que la Fiscalía General de la República cierre la investigación contra ex funcionarios que presuntamente lo torturaron tras su arresto. Aunque las demandas fueron aceptadas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el caso no avanza debido a que no se considera urgente.

Por otro lado, el amparo promovido por Carlos Ahumada contra una orden de reaprehensión también está detenido. Ahumada, empresario mexicano de origen argentino, cuenta con una suspensión definitiva que impide su arresto. A pesar de que debe comparecer ante un juez de ejecución de sanciones en el reclusorio Norte el 27 de agosto, no podrá ser detenido debido a la situación actual.

Asimismo, el amparo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que busca que Pemex le pague las pensiones pendientes, está igualmente suspendido. Además, los casos contra militares involucrados en delitos relacionados con el caso Ayotzinapa también están en espera debido a la suspensión de actividades en los tribunales.

Confirmada la Participación de la SCJN y el CJF en los Diálogos para la Reforma del Poder Judicial

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han confirmado su asistencia a los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, organizados por el Congreso de la Unión.

En un comunicado, sin especificar nombres ni fechas, se destacó que la participación busca promover un diálogo abierto sobre un tema de gran importancia. Los ministros y ministras de la SCJN, junto con los integrantes del CJF, se unirán a estos diálogos para discutir la Reforma del Poder Judicial, subrayando la necesidad de escuchar las voces de los jueces y magistrados federales en un asunto de tal envergadura.

El primero de los nueve foros convocados por el Poder Legislativo para analizar la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevará a cabo este jueves 27 de junio. A estos foros han sido invitados especialistas y abogados, y se ha confirmado la participación de los ministros del Pleno y jueces de diferentes niveles del PJF.

Sanciones a servidores públicos del Poder Judicial

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.