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Con miras al arranque del Mundial 2026, las fuerzas armadas mexicanas reforzaron su preparación mediante una estrategia de capacitación especializada dirigida a miles de elementos que participarán en la seguridad del torneo. De acuerdo con información oficial, cerca de 7 mil soldados y miembros de la Guardia Nacional recibieron entrenamiento enfocado en la prevención y respuesta ante distintos escenarios de riesgo durante la justa deportiva.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que hasta febrero se impartieron al menos doce cursos enfocados en la preparación del personal que será desplegado en instalaciones clave del evento. Estos entrenamientos incluyeron el manejo de sistemas antidrón, la detección de artefactos explosivos improvisados y la actuación frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

El dispositivo contempla la participación de 2 mil 100 militares y 4 mil 700 integrantes de la Guardia Nacional con formación especializada, quienes serán asignados a estadios, aeropuertos y otros puntos estratégicos en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas sedes albergarán los encuentros del torneo, incluido el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Dentro del programa de preparación también se contemplaron ejercicios para agrupamientos montados, enfocados en patrullaje y control de zonas. A ello se sumó la capacitación de 188 células de binomios caninos del Ejército, entrenadas para la detección de explosivos y drogas, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas antes y durante el evento.

Por su parte, los elementos de la Guardia Nacional recibieron instrucción específica en control de personas, implementación de dispositivos de seguridad y atención de primeros auxilios en situaciones de combate. Estas habilidades forman parte del esquema integral de seguridad diseñado para responder ante posibles incidentes durante la competencia internacional.

Los efectivos capacitados integran la Fuerza Operativa que será responsable de la seguridad del Mundial. Este despliegue estará conformado por casi 21 mil integrantes de las fuerzas armadas, además de 58 mil policías y 20 mil guardias privados, según lo informado por las autoridades.

El 6 de marzo, el jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, Román Villalvazo, explicó que los especialistas del Ejército realizarán inspecciones previas al despliegue de seguridad en las instalaciones.

Las acciones de preparación no son recientes. Desde 2023, el Ejército ha realizado ejercicios de ensayo ante “eventos de alto impacto”, incluyendo escenarios de amenazas terroristas, con el fin de anticipar posibles riesgos durante el torneo.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 y recibirá al menos a 12 selecciones nacionales, incluida la mexicana, lo que ha motivado el despliegue de un esquema de seguridad de gran escala en las tres ciudades anfitrionas.

México, Estados Unidos y Canadá desarrollan desde hace varios años un esquema de seguridad conjunto para enfrentar posibles incidentes de alto impacto durante la Copa Mundial de Futbol 2026. Se trata del Plan de Operaciones QBRNE, enfocado en la atención de amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas, diseñado para proteger a la población civil y garantizar el desarrollo del torneo en las sedes de los tres países.

De acuerdo con documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), difundidos a través de la plataforma Guacamaya, la cooperación trinacional en esta materia se formalizó desde 2018, cuando distintas dependencias comenzaron a intercambiar información estratégica. En este proceso participaron instancias mexicanas y norteamericanas como la Dirección General de Protección Civil, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comando Norte (NORTHCOM) y el Comité Especializado de Alto Nivel sobre Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI).

Uno de los correos fechados el 18 de junio de 2018 da cuenta de la propuesta para crear un Centro Integrado para el Desarrollo de Capacidades Nacionales QBRNE, así como de la solicitud de equipamiento al gobierno estadounidense para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias de este tipo.

Los trabajos de planeación continuaron en años posteriores. El 23 de agosto de 2022, representantes de las instituciones involucradas se reunieron en instalaciones del CANDESTI para definir esquemas de actuación frente a incidentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares o explosivos. En ese encuentro se establecieron grupos de trabajo y mecanismos de coordinación para responder de manera conjunta ante cualquier eventualidad durante el Mundial.

El plan contempla tres fases principales. La primera es la de coordinación y planeación, que integra a autoridades de los tres países, organismos participantes y al comité organizador del torneo. La segunda corresponde a la preparación, donde se desarrollan instructivos, documentos base, formatos y lineamientos operativos. Finalmente, la fase de ejecución considera la instalación de un Centro Coordinador de Operaciones Trinacional, la conformación de una Fuerza de Tarea Multinacional y su interacción con el Sistema de Comando de Incidentes.

En el caso de México, los documentos señalan la implementación de acciones preventivas, de respuesta y mitigación antes, durante y después del Mundial, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en las entidades federativas donde se disputarán los partidos. La planeación incluye escenarios de riesgo asociados a organizaciones terroristas no especificadas en los informes.

Asimismo, se establecen lineamientos para que las autoridades locales identifiquen puntos críticos y vulnerabilidades en estadios y sus alrededores, realicen análisis de riesgos en la periferia de las sedes, municipios y ciudades, y preparen inventarios de instalaciones estratégicas y servicios. Todo ello con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de alto impacto y asegurar un entorno de seguridad colectiva durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó que los delitos de alto impacto en México mantienen una tendencia sostenida a la baja, alcanzando su nivel más bajo en los últimos ocho años. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos los indicadores delictivos muestran reducciones significativas, excepto la extorsión, que continúa siendo el único delito con un incremento respecto a años anteriores.

Durante la presentación del informe mensual, la titular del SNSP, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos en octubre de 2025 fue de 54.4 casos, lo que representa una disminución del 37% en comparación con septiembre del año anterior, cuando se registraban 86.9 en promedio.

Esta reducción marca un avance importante en uno de los rubros más sensibles para la población, aunque los homicidios continúan concentrándose en siete entidades: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

En la comparación con 2019, el informe muestra descensos notables en varios tipos de delitos. Los feminicidios se redujeron un 25%, las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 22.9% y el secuestro extorsivo cayó 59%. 

También se registraron disminuciones importantes en los robos con violencia: 48.6% menos en asaltos generales, 52.3% en robos a casa habitación, 44.3% en robo de vehículos, 49.9% en robo a transportista, 45% en robo a transeúnte y 56.8% en robo a negocio. En promedio, los robos en general con algún tipo de violencia se redujeron cerca del 50% respecto a 2019.

A pesar de la mejora en la mayoría de los indicadores, la extorsión sigue siendo el delito que preocupa a las autoridades. Aunque aumentó 22.9% respecto a 2019, se observó una leve mejora en comparación con 2024, con una reducción diaria del 14% en los reportes registrados. 

El gobierno atribuye esta variación al uso creciente de medios digitales y telefónicos para cometer este delito, lo que representa un reto para las estrategias de prevención y persecución.

En términos generales, el panorama nacional refleja un descenso del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto respecto a 2018, pasando de 969.4 a 522 delitos por día. Esta cifra, según el informe, representa el nivel más bajo de los últimos ocho años y consolida la tendencia descendente que el actual gobierno busca mantener.

El reporte del SNSP forma parte de las evaluaciones periódicas impulsadas por la administración federal para medir el avance de su política de seguridad. Con estos resultados, el gobierno de Sheinbaum busca reforzar la narrativa de una reducción sostenida en los delitos más graves, aunque reconoce que aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de extorsión y violencia focalizada en ciertas regiones del país.