Empresas constructoras en la mira tras contratos millonarios ligados a reo extraditado

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

“La Tuta” intenta frenar su salida de México y prende las alertas legales

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

 

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

 

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

 

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

 

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

 

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.

Osiel Cárdenas, el viejo fantasma del narco, regresa a México para enfrentar la justicia

Osiel Cárdenas, el nombre que alguna vez sembró terror en las calles y fronteras, ha regresado a México. El exlíder del cartel del Golfo y brazo operativo de Los Zetas fue deportado por Estados Unidos para enfrentar cargos por homicidio y posesión ilegal de armas. Tras décadas tras las rejas en el país vecino, su retorno reabre una página oscura del narcotráfico en territorio mexicano.

 

A sus 57 años, Cárdenas fue entregado sin incidentes en la garita de San Diego a las autoridades mexicanas por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No es la primera vez que pisa suelo mexicano bajo custodia: en 1993, después de su detención en Texas por narcotráfico, fue trasladado al país en virtud del Tratado de Ejecución de Sentencias Penales. Sin embargo, el destino lo volvió a atrapar, y su historial delictivo se extendió como una mancha que no se borra fácilmente.

 

Su captura inicial en 1992 fue un duro golpe para el narcotráfico: Cárdenas fue arrestado en Brownsville con dos kilogramos de cocaína y la firme intención de distribuirla. Años después, los cargos aumentaron exponencialmente. La Fiscalía de Houston lo acusó de 13 delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y agresión a funcionarios federales. En 2010, fue sentenciado a 25 años de prisión y multado con 50 millones de dólares, cifra que reflejaba el poderío financiero de su imperio ilegal.

 

A pesar de su larga condena, Cárdenas fue liberado recientemente de la prisión de Terre Haute, Indiana, tras cumplir 17 años. Su retorno es una bomba de tiempo para las autoridades mexicanas, que deberán enfrentar a un hombre cuya influencia y contactos aún podrían ser una amenaza.

 

“Es un capítulo que no está cerrado”, comentó un analista de seguridad. “Su nombre todavía resuena en el mundo del narcotráfico, y su presencia podría reconfigurar ciertos equilibrios de poder.”

 

Ahora, Cárdenas deberá responder en suelo mexicano por delitos pendientes, un recordatorio de que las sombras del pasado nunca desaparecen del todo. Mientras tanto, el país observa con cautela y preocupación: el regreso de un líder de su calibre no es una simple anécdota, sino una advertencia.

 

México vuelve a enfrentar a un viejo fantasma. Esta vez, la justicia tiene una segunda oportunidad para sellar su destino.