En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el sexto día del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 35 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La nueva institución será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría de Economía. Sustituirá a la Cofece con un diseño institucional distinto, mayores atribuciones y cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Su principal objetivo será garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos.

El dictamen forma parte del paquete de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicado el 20 de diciembre de 2024. Establece un nuevo marco institucional, que modifica procedimientos, endurece sanciones y amplía las facultades del Estado para intervenir en los mercados.

Entre las innovaciones más destacadas figura la facultad para ordenar la desincorporación de activos en casos de concentración indebida en sectores clave como telecomunicaciones, medios y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.

También se fortalece la cooperación internacional. La reforma establece mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, especialmente en el marco del T-MEC, para permitir investigaciones transnacionales sobre colusión empresarial o prácticas anticompetitivas.

Se amplía el periodo para investigar concentraciones entre empresas de uno a tres años y se incorpora un nuevo libro legal que regula la participación cruzada en medios de comunicación.

El artículo Tercero Transitorio establece que la Cofece continuará en funciones de manera provisional hasta que se conforme el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Los nombramientos deberán ser enviados por el Ejecutivo al Senado y los periodos de los comisionados estarán escalonados hasta el año 2032.

Las sanciones se incrementan de manera considerable: se establecen multas de hasta 200 mil UMAs por obstrucción a verificaciones y se podrá inhabilitar hasta por cinco años a empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas en procesos de contratación pública.

Las resoluciones firmes de la Comisión habilitarán a los consumidores a presentar acciones colectivas sin necesidad de agotar juicio previo, facilitando la defensa de derechos en casos de afectación por prácticas anticompetitivas.

Desde tribuna, senadores de oposición calificaron la reforma como un retroceso. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de concentración de poder y pérdida de autonomía técnica. Por su parte, legisladores de Morena defendieron el rediseño institucional, al asegurar que responde a una realidad económica desigual y busca romper con estructuras tecnocráticas que no han garantizado una competencia auténtica. El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final.

El Senado de la República dio luz verde a una serie de reformas que marcan un antes y un después en la vigilancia financiera del país. Se trata de un nuevo paquete legislativo contra el lavado de dinero que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía el cerco sobre operaciones sospechosas, especialmente en el entorno político y financiero nacional.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó modificaciones clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su siguiente revisión.

Uno de los puntos más sensibles de estas reformas recae sobre la definición y supervisión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). A partir de ahora, se establece la obligación de monitorear más de cerca a funcionarios públicos y a cualquier individuo vinculado con ellos. La Secretaría de Hacienda será la responsable de elaborar un listado actualizado de los cargos considerados como políticamente expuestos, y las instituciones financieras deberán reportar cualquier movimiento inusual de este grupo.

Los cambios también introducen nuevas obligaciones para múltiples entidades públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar información sobre partidos, precandidaturas, coaliciones y candidaturas independientes. Las Secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, compartirán datos de sindicatos y sus dirigentes. Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer lo mismo cuando Hacienda lo solicite.

Una reforma destacada es la conversión de los umbrales de vigilancia económica de pesos a UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que redefine los montos que despiertan sospechas. Por ejemplo, si una empresa transfiere 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito y no se encuentra en los registros fiscales como proveedor actualizado, la operación podría considerarse de riesgo.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República a notificar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de dinero. El objetivo es cerrar la brecha institucional y permitir que se recaben denuncias, se ejerzan acciones penales y se rastreen activos relacionados con redes criminales.

La senadora Claudia Anaya del PRI expresó preocupación por el impacto de esta reforma en los trabajadores informales. Según su postura, la iniciativa apunta más hacia la economía informal que al crimen organizado. “Van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, declaró en tribuna.

Senadoras como Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también manifestaron inquietudes sobre el término “personas relacionadas”, que podría abarcar desde familiares hasta vecinos o empleados. Señalaron que esta ambigüedad permite que Hacienda interprete las disposiciones según criterios propios.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, respaldó las reformas como una herramienta para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y a los sectores de poder.

Las reformas reflejan el esfuerzo de México por alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de operaciones ilícitas. Mientras se afina su implementación en la Cámara de Diputados, el país entra en una nueva etapa de fiscalización donde los movimientos financieros y políticos quedarán bajo un lente más exigente.

La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones volvió a encender el debate en el Senado, en un ambiente donde la tensión entre libertad de expresión y regulación estatal tomó el protagonismo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en voz de su presidente José Antonio García Herrera, expresó un contundente rechazo ante lo que considera una propuesta regresiva que afecta directamente a los medios tradicionales, dejando fuera del marco regulatorio a los medios digitales y plataformas globales.

Durante su participación en el último conversatorio organizado en el Senado sobre esta ley, García Herrera calificó la propuesta como una amenaza directa a la democracia mexicana, acusando una sobrerregulación que discrimina a la radio y televisión abierta, mientras que plataformas de streaming, redes sociales y servicios digitales quedan intocables.

La inquietud central radica en la posibilidad de que la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones tenga la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial ni ofrecer derecho de audiencia a los medios afectados. Esta medida fue descrita como censura previa, una acción que, según el presidente de la CIRT, vulnera directamente los principios democráticos más elementales.

“El primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, expresó con firmeza García Herrera, subrayando que hoy existen múltiples canales y plataformas a disposición del público, lo que, a su juicio, hace innecesarias regulaciones paternalistas que “pretenden decidir por los ciudadanos qué deben o no escuchar”.

El dirigente criticó la propuesta de regresar a la normatividad de 2014, destacando que esta obligaría a los medios electrónicos a separar explícitamente la información de la opinión. Consideró esto como una exigencia impráctica, que entorpecería el trabajo cotidiano de conductores y comunicadores, y que además podría interpretarse como una forma disfrazada de censura.

“No podemos crear una información que atente contra los contenidos de los medios”, afirmó, mencionando incluso como ejemplo las conferencias presidenciales donde se entremezclan datos y opiniones sin mayor distinción. La imposición de criterios rígidos, señaló, rompe con la lógica de los formatos informativos contemporáneos.

El punto más alarmante, según su intervención, radica en la facultad de suspender transmisiones sin un procedimiento judicial. Esto implica, en palabras de García Herrera, una sanción anticipada, sin siquiera conocer el contenido que se busca penalizar. Una medida que, lejos de proteger, pone en jaque a la libertad editorial y a los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

“El internet es un arma que permite a cualquier medio internacional ingresar al país”, advirtió, subrayando la desigualdad que existe entre medios nacionales sujetos a regulaciones estrictas y gigantes digitales que operan sin restricciones desde el exterior.

Con un tono firme, concluyó su exposición apelando a la responsabilidad legislativa. “Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, sentenció. Las alarmas están encendidas. La industria de la radio y televisión tradicional lanza un llamado urgente para equilibrar la cancha y evitar que los avances tecnológicos sirvan de excusa para retroceder en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley sigue su curso en el Senado, pero el mensaje de la CIRT ha sido claro: el debate no ha terminado, y los medios tradicionales no piensan quedarse en silencio.

El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.