En una operación conjunta de la DEA y el FBI, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un aeropuerto privado en El Paso, Texas. Junto a él, también fue arrestado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, confirmó la captura de ambos individuos, de 76 y 38 años respectivamente, señalando que enfrentarán múltiples cargos por su participación en el tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. Según Garland, “El Mayo” Zambada y Guzmán López fueron engañados por un miembro del cártel que los convenció de viajar a Estados Unidos para inspeccionar aeródromos clandestinos, lo que resultó en su arresto al aterrizar en Texas.

The Wall Street Journal reportó que Zambada creyó que viajaba para una inspección en México, pero fue trasladado a Texas donde él y Guzmán López fueron detenidos en la pista. Mientras Zambada será trasladado a Nueva York, el hijo de El Chapo será llevado a Chicago para enfrentar sus respectivos procesos judiciales.

La detención de estos líderes del Cártel de Sinaloa es un golpe significativo para la organización, conocida por su violencia y poder en el narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado que continuará persiguiendo a los líderes y miembros de los cárteles responsables de la crisis de fentanilo en el país.

Perfil Criminal:

• Ismael Zambada García (El Mayo): Inició su carrera delictiva a los 16 años y mantenía un perfil bajo. En México tenía dos órdenes de aprehensión.
• Joaquín Guzmán López: Ascendió en el cártel tras el encarcelamiento de su padre, El Chapo. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura.

La captura de Zambada y Guzmán López se suma a una lista creciente de líderes del Cártel de Sinaloa detenidos por las autoridades estadounidenses, quienes continúan su lucha contra esta poderosa organización criminal.

Miles de migrantes sueñan con alcanzar el “sueño americano” y buscan solicitar asilo político a través de la aplicación CBP ONE, pero este proceso resulta más complicado de lo que parece. Alejandro Alex Martínez, abogado especializado en migración en McAllen, Texas, explicó a MILENIO que llenar la solicitud es solo el primer paso; es necesario demostrar ante la Corte de Estados Unidos la necesidad real de asilo, lo que resulta en que solo entre el 5 y 30 por ciento de los solicitantes lo obtienen.

“Las estadísticas varían entre un 5 y un 30 por ciento debido a diversos factores: la flexibilidad del juez, la ubicación del tribunal, y la facilidad para probar la persecución política en el país de origen del migrante,” señaló Martínez.

Obtener una cita ante la Corte es solo el inicio del proceso. El juez evalúa si existen los elementos básicos para continuar, seguido de varias audiencias. Martínez subrayó que muchos migrantes no comprenden que, tras entrar a Estados Unidos, el proceso de asilo implica una serie de audiencias prolongadas.

“CBP ONE ha abierto oportunidades, pero muchos migrantes desconocen que serán inscritos en la Corte y deberán asistir a múltiples audiencias. Esta espera prolongada permite a los migrantes establecerse en el país y formar lazos comunitarios, facilitando su permanencia mediante otros métodos,” añadió Martínez.

El desconocimiento sobre el proceso de CBP ONE y los requisitos para el asilo es común entre los migrantes. Incluso, a veces se requieren peritos para demostrar que son víctimas de peligro en sus países de origen. Muchos entran a Estados Unidos con expectativas altas sin saber que deben cumplir requisitos estrictos.

“Algunos creen que con entrar mediante CBP ONE ya tienen permiso para quedarse en Estados Unidos y no saben que serán procesados para deportación. No entienden los requisitos para el asilo, como pertenecer a un grupo social perseguido, haber sido torturados o estar en peligro,” explicó Martínez.

El tiempo promedio para determinar si un migrante obtiene asilo es de uno a tres años, período durante el cual se realizan varias audiencias. “No es común que un caso tarde más de tres años con CBP ONE. Antes, algunos casos podían durar hasta ocho años, pero hoy el proceso es más rápido,” afirmó Martínez.

Carlos Moctezuma García, otro abogado de migración en San Antonio, Texas, comentó a MILENIO que acceder a la aplicación CBP ONE es difícil, excepto para migrantes de Cuba, donde las oportunidades son mayores.

“Acceder a CBP ONE es complicado, pero permite la entrada a EE. UU. seguido de la presentación del caso ante un tribunal. En Cuba es más fácil, pero en otros países de Latinoamérica es muy complejo,” dijo García.

Durante el proceso de asilo, los migrantes reciben apoyos como educación para menores, y los adultos pueden solicitar un permiso de trabajo 150 días después de ser entrevistados por un juez.

“En Estados Unidos, todos tienen derecho a la educación, y los menores deben asistir a la escuela. Los adultos pueden solicitar un permiso de trabajo tras 150 días,” concluyó García.

La discusión sobre la legalidad y el alcance de la Ley SB4 de Texas continúa mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos evalúan su validez. Esta legislación, que ha sido calificada como xenófoba por el gobierno mexicano, ha despertado el interés de otros estados en adoptar un enfoque similar en materia migratoria.

La SB4 establece el delito de entrada ilegal al territorio texano y otorga poderes a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar a extranjeros basándose únicamente en la sospecha de su estatus migratorio, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadounidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando su inconstitucionalidad. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la implementación de la SB4.

En medio de este debate, otros estados muestran interés en seguir el ejemplo de Texas. En Oklahoma, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, ha presentado una propuesta de ley migratoria que permitiría a las autoridades estatales detener a migrantes sin documentos, justificando la medida como un intento por asegurar la frontera del estado contra la inmigración ilegal, aunque Oklahoma se encuentre a más de 550 kilómetros de la frontera con México.

En Georgia, un proyecto de ley conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105 avanza en el proceso legislativo. Esta propuesta obligaría a la policía local a identificar y detener a extranjeros sin documentos, y está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes estatal y de la firma del gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire, por su parte, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes sin documentos por delitos relacionados con allanamiento de morada.

Mientras tanto, tanto el Departamento de Justicia de la administración Biden como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado la SB4, argumentando que viola las leyes al interferir con las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

Se especula que, de obtener otro fallo judicial favorable, estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4, siguiendo la línea de la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.