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La inauguración de una nueva central eléctrica en Manzanillo sirvió como escenario para que la presidenta Claudia Sheinbaum delineara una de las principales metas de su administración en materia energética: elevar la capacidad de generación nacional hasta alcanzar 28 mil megawatts adicionales y consolidar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el actor predominante del sector.

Durante su visita a Colima, la mandataria afirmó que el objetivo es que cerca del 65 por ciento de la electricidad del país sea producida por el Estado. Para ello, anunció el desarrollo de cinco nuevas plantas de ciclo combinado, una estrategia que busca ampliar la participación de la empresa pública en la generación de energía.

La jornada estuvo marcada por la puesta en operación de la Central de Ciclo Combinado de Manzanillo, instalación que aportará 357 megawatts al sistema eléctrico nacional. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, la planta contribuirá al abastecimiento de energía en el occidente del país y la región del Bajío, además de reducir la contaminación asociada a la generación eléctrica.

Ante la gobernadora Indira Vizcaíno y funcionarios del sector energético, Sheinbaum vinculó el proyecto actual con la historia reciente de la CFE. Recordó que en 1999 el entonces presidente Ernesto Zedillo impulsó una propuesta para privatizar la empresa, iniciativa que finalmente no prosperó tras la movilización de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y diversos sectores de la población.

Según explicó, aquellas reformas buscaban reducir la presencia de la empresa estatal en el mercado eléctrico. En contraste, señaló que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una política de inversión en la CFE que permitió contratar 7 mil megawatts y recuperar el 54 por ciento de la generación nacional.

“Si lo medimos que esa inversión regrese a CFE, porque es el propietario, estaríamos hablando de cerca del 65% de la generación en manos del estado. No habría soberanía nacional sin soberanía energética, fortalecer a CFE es amar a México”, expresó.

Antes de encabezar el evento, la presidenta fue interrumpida por un grupo de trabajadores que buscaba exponer diversas demandas. Sheinbaum respondió que permanecería al concluir el acto para reunirse con ellos y atender sus planteamientos.

La gira por Colima también incluyó la entrega de tarjetas para estudiantes, la supervisión de obras de riego en Armería, la colocación de la primera piedra del nuevo hospital de especialidades del IMSS en Manzanillo y la revisión de los avances de la carretera que conecta el puerto con la ciudad de Colima.

Integrantes de la Red Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea limitar las pensiones de exfuncionarios y personal de confianza del sector público.

La manifestación partió desde la Estela de Luz y avanzó por la Avenida Paseo de la Reforma con destino al Senado de la República, donde los inconformes denunciaron que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre sobre sus ingresos actuales.

De acuerdo con los jubilados, la modificación constitucional podría aplicarse de manera retroactiva, lo que afectaría a quienes ya cuentan con pensiones definidas. “La reciente reforma al artículo 127 constitucional representa por primera vez retroactividad de la ley en perjuicio de las personas”, señalaron durante la movilización.

Uno de los organizadores explicó que la protesta buscaba reunir a por lo menos 3 mil jubilados provenientes de distintas entidades del país. El representante llamó a visibilizar el impacto que tendría la reforma en miles de extrabajadores del sector eléctrico. Otro integrante expresó preocupación por los topes que se pretenden imponer a las percepciones, principalmente del personal de confianza.

“El 80% de los jubilados no recibe pensiones de lujo, sino prestaciones que fueron ganadas tras años de labor técnica especializada. Estas medidas vulneran derechos adquiridos y ponen en riesgo el proyecto de vida de miles de familias”, afirmó el representante de la Red Nacional.

Ante este panorama, los manifestantes solicitaron formalmente una mesa de diálogo con las autoridades para garantizar que la implementación de la reforma respete los contratos previos. Además, no descartaron nuevas movilizaciones en la capital y otros estados, e incluso plantearon protestas durante el Mundial de Futbol, con posibles acciones en las inmediaciones del Estadio Azteca.

La iniciativa fue enviada al Senado el pasado 18 de febrero y busca eliminar las llamadas pensiones “doradas”. La propuesta establece que estas percepciones no superen el 50% del salario de la titular del Ejecutivo, lo que permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales para financiar programas sociales.

La revisión gubernamental detectó casos en organismos como Luz y Fuerza, Pemex y la propia CFE, donde existen pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. Además, la reforma contempla su aplicación en instituciones de la banca de desarrollo como Nafin, Banobras y Bancomext, bajo criterios de austeridad y responsabilidad financiera.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un evento en Morelos donde combinó anuncios sobre vivienda con la celebración de recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Durante su gira, la mandataria destacó la eliminación de pensiones elevadas a exfuncionarios, la aprobación del llamado “plan B” electoral y la implementación de un programa de condonación de créditos del Fovissste que, aseguró, ha beneficiado a millones de familias.

En el acto, realizado junto a la gobernadora Margarita González Saravia y miembros del gabinete federal, la presidenta entregó certificados de condonación, reducción o quita de créditos de vivienda a 825 familias morelenses. La medida forma parte de un programa nacional que, según explicó, ha alcanzado a cinco millones de hogares en el país con el objetivo de facilitar la obtención de escrituras y aliviar deudas acumuladas.

Sheinbaum señaló que muchos trabajadores adquirieron viviendas mediante créditos del Infonavit o Fovissste con condiciones que terminaron generando deudas crecientes. Como ejemplo, mencionó casos de financiamientos a diez años por 70 mil pesos que, con el paso del tiempo, se transformaron en adeudos de hasta 700 mil pesos.

“Y se pagaba, y se pagaba, y cada vez se debía más. ¿Cómo va a haber un crédito de una institución del Estado que cada vez se debe más? Lo hicieron de tal manera que hay cinco millones de familias en México que tienen este tipo de créditos, que los adquirieron de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables”, sostuvo.

La mandataria también explicó que el gobierno federal acordó un plan conjunto con el director del ISSSTE, Martí Batres; el titular del Infonavit, Octavio Romero; la directora del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; y la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega. El acuerdo contempla disminuir montos, eliminar adeudos o reducir plazos para quienes ya cubrieron una parte considerable de sus créditos. “Porque ya pagaron lo suficiente, porque ya pagaron lo justo”, afirmó Sheinbaum al explicar el alcance del programa.

Durante el mismo evento, la presidenta también destacó la aprobación del “plan B” de la reforma electoral, al considerar que permitirá reducir gastos en instituciones como congresos estatales, el Instituto Nacional Electoral, sindicaturas y el Senado. Según indicó, los recursos ahorrados se destinarán a mejorar servicios en los municipios.

Además, celebró la reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas” para exfuncionarios de alto nivel en organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México y Luz y Fuerza del Centro.

La gira en Morelos combinó así anuncios en materia de vivienda con la promoción de cambios legislativos que, de acuerdo con la presidenta, buscan redirigir recursos públicos y aliviar la situación financiera de millones de trabajadores que adquirieron vivienda mediante créditos institucionales.

En respuesta al incremento sostenido en la demanda de energía en distintas regiones del país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) delineó un nuevo paquete de infraestructura enfocado en fortalecer el sistema de transmisión eléctrica durante el periodo 2026-2027. La estrategia contempla el desarrollo de 58 proyectos que buscan ampliar y robustecer la red nacional mediante un esquema que incorpora participación del sector privado.

El programa presentado incluye la construcción y modernización de 138 líneas de transmisión, así como la instalación de 249 subestaciones. Estos proyectos estarán organizados en 49 paquetes que serán sometidos a procesos de concurso, bajo esquemas de financiamiento mixto como Fibra E y obra pública financiada.

Dentro del calendario inmediato, la empresa estatal informó que cinco proyectos ya se encuentran en fase de licitación, con una inversión que supera los mil 48 millones de pesos. A este bloque se sumarán, en los próximos meses, otros 14 desarrollos que en conjunto rebasan los 6 mil 700 millones de pesos.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que esta cartera forma parte del Plan de Expansión 2025-2030, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento del sistema eléctrico nacional. En ese contexto, subrayó la relevancia de la coordinación entre los distintos actores involucrados en la infraestructura energética. “La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad”, señaló en un comunicado.

El anuncio también refleja un ajuste en la estrategia energética hacia 2030, al considerar una mayor integración de capital privado en el desarrollo de proyectos eléctricos. Este enfoque contrasta con la política aplicada en años recientes, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se priorizó el fortalecimiento de las empresas del Estado y se limitó la participación privada.

La puesta en marcha de este portafolio ocurre en un entorno donde la presión sobre la red de transmisión ha ido en aumento, derivado del crecimiento en el consumo eléctrico. Con esta iniciativa, la CFE busca ampliar la capacidad operativa del sistema y atender los retos asociados al suministro energético en el país.

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que antes de iniciar su gobierno consultó a Manuel Bartlett sobre posibles perfiles femeninos para relevarlo en la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La revelación se dio durante la inauguración de la central de ciclo combinado “El Sauz II”, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ante trabajadores de la empresa productiva del Estado.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que, tras ganar la Presidencia, expresó su intención de que la CFE fuera encabezada por una mujer y solicitó a Bartlett propuestas concretas. Señaló que uno de los criterios centrales fue que la persona designada se hubiera formado dentro de la propia Comisión y no proviniera de fuera de la institución. Bartlett, según relató, le presentó varios nombres, los cuales fueron evaluados mediante entrevistas previas a la decisión final.

Sheinbaum detalló que, tras ese proceso, eligió a Emilia Esther Calleja, a quien describió como una mujer honesta, profesionista y trabajadora, con una trayectoria construida desde los niveles iniciales dentro de la CFE. Indicó que, tras conocerla y revisar su perfil, consideró que era la persona adecuada para encabezar la empresa, responsabilidad que asumió formalmente el 12 de agosto de 2024.

Emilia Calleja, presente en el acto, cuenta con más de 21 años de experiencia dentro de la Comisión Federal de Electricidad y se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección general de la paraestatal. Su nombramiento marcó un hecho histórico en la estructura directiva de la empresa eléctrica del Estado.

Al inicio de su intervención, la presidenta destacó su vínculo personal y profesional con la CFE, al señalar que gran parte de su trayectoria académica estuvo ligada a temas de planeación energética. Recordó que durante años fue investigadora y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su línea de trabajo estuvo enfocada precisamente en el sector energético.

Sheinbaum también compartió que durante un periodo combinó su labor académica con un empleo en la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que, en una etapa en la que los ingresos de los académicos eran limitados y aún no existían estímulos consolidados como el Sistema Nacional de Investigadores, trabajó simultáneamente en la UNAM y en la CFE. En la empresa eléctrica, se desempeñó en la Gerencia de Estudios Económicos, donde realizó análisis sobre los usos finales de la energía eléctrica y estrategias para mejorar la eficiencia de la demanda.

En el mismo evento, la presidenta recordó que la central de ciclo combinado “El Sauz II” fue un proyecto iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que el anuncio de su construcción se realizó el 20 de diciembre de 2019, fecha que coincidió con el día de la inauguración, de acuerdo con información proporcionada por la directora general de la CFE.

Cabe señalar que el 30 de septiembre pasado, durante una conferencia matutina, Sheinbaum declaró que Manuel Bartlett debía explicar el fraude electoral de 1988 relacionado con la llamada “caída del sistema”, en perjuicio del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un episodio histórico que ha marcado la vida política del país.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el último reporte de este sábado se ha restablecido el suministro eléctrico a 236 mil 368 usuarios, lo que representa un avance del 73.78%. Sin embargo, más del 25% de los estados afectados por las intensas lluvias en el país continúan sin energía eléctrica.

En un comunicado, la CFE reiteró su compromiso para atender las contingencias derivadas de los fenómenos meteorológicos y pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Mientras tanto, las consecuencias de las fuertes lluvias siguen siendo graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de víctimas mortales aumentó a 41 personas, y 27 más permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales, Hidalgo registra 16 víctimas, Veracruz 15, Puebla nueve y Querétaro una. Las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen operativos de búsqueda con acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que supervisa los daños ocasionados por las lluvias que han dejado severas afectaciones principalmente en los estados de Veracruz e Hidalgo. Desde su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió un mensaje donde asegura que el gobierno federal trabaja en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, señaló Sheinbaum.

Las imágenes compartidas por la presidenta muestran los recorridos de supervisión y las acciones emprendidas por las fuerzas federales en las zonas más afectadas. Se trata de uno de los desastres naturales más severos en los últimos años para estas cinco entidades, comparable con lo ocurrido en octubre de 2023 cuando el huracán Otis golpeó el puerto de Acapulco.

En redes sociales, habitantes de Veracruz y otras regiones afectadas han difundido videos solicitando ayuda ante los daños en viviendas, caminos y la pérdida de bienes. En una comunidad cercana a Llamatlán, un grupo de maestros reportó haberse quedado varado por los deslaves y pidió apoyo urgente, pues aseguran no tener comida ni ropa.

El gobierno federal confirmó que los estados más perjudicados son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Ante la magnitud de los daños, la Secretaría de Marina activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de rescate y auxilio a la población.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó su plan de acción y respuesta en Veracruz, con equipos especializados para evaluar daños, brindar atención prehospitalaria, realizar labores de rescate y habilitar centros de acopio en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y locales continúan para restablecer servicios básicos y atender a las comunidades damnificadas.

En medio del debate legislativo sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) levantó la voz. Durante el tercer conversatorio en el Senado, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, subdirector de Estrategia Comercial de la paraestatal, argumentó a favor de una participación directa del Estado en los servicios de telefonía e internet, defendiendo la asignación directa de concesiones comerciales.

Con una postura firme, Romero Gutiérrez subrayó que el acceso a las telecomunicaciones no puede estar condicionado únicamente por la capacidad de pago. “Es el Estado el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos de la población, y estos no pueden quedar supeditados únicamente a la capacidad de pago, o a que el modelo de negocios determine si es lo suficientemente rentable”, puntualizó.

En su intervención, el funcionario hizo referencia al artículo 56 de la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitiría a la CFE obtener una concesión de red mayoritaria para ofrecer servicios públicos. Aseguró que, de aprobarse, la Comisión operaría conforme a las regulaciones del organismo correspondiente, sin invadir competencias ni vulnerar marcos legales.

Las críticas desde el Senado no se hicieron esperar. Legisladores del PAN y del PRI han advertido que los artículos 56, 57 y 58 podrían contravenir el capítulo 18.18 del T-MEC, al ofrecer, en apariencia, un trato preferencial a un proveedor estatal en el sector de telecomunicaciones. Romero Gutiérrez respondió que garantizar derechos no constituye una violación comercial, sino una necesidad social.

Desde una perspectiva técnica, el funcionario detalló que la CFE ha desplegado una infraestructura robusta: 4 mil 825 torres de telecomunicaciones en operación, y otras mil 213 en construcción. También destacó que el programa “CFE Internet para Todos” ya cuenta con más de 101 mil puntos de acceso gratuito que benefician a 22 millones de usuarios en todo el país.

El argumento se fortaleció al comparar el modelo mexicano con el caso de Estados Unidos. En 2021, el gobierno estadounidense destinó 45 mil millones de dólares para subsidiar el acceso a internet para personas de bajos recursos y para financiar el despliegue de infraestructura privada. Romero Gutiérrez reconoció que dicho programa se cerró sin cumplir sus metas. No se logró extender la fibra óptica ni se establecieron acuerdos con las empresas para mantener tarifas accesibles.

El subdirector recordó que, en 2018, sólo el 65% de la población tenía acceso a internet, y que esa cobertura estaba concentrada en grandes ciudades y sectores con mayor poder adquisitivo. Desde entonces, gracias al despliegue de la CFE, la cobertura ha crecido hasta alcanzar al 94.45% de la población, con 24 millones de personas más conectadas en 140 mil localidades.

La postura de la CFE busca abrir paso a un modelo en el que el Estado tenga un rol activo, especialmente en zonas donde el mercado no encuentra incentivos económicos. Sin confrontar directamente al sector privado, la estrategia busca equilibrar el derecho a la conectividad con la eficiencia del despliegue técnico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el 2025 enfrentando una compleja combinación de factores externos e internos. Durante el primer trimestre del año, la empresa estatal reportó una pérdida neta de 16 mil 92 millones de pesos, lo que representa un contraste considerable con las utilidades por mil 896 millones registradas en el mismo periodo de 2024.

El reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores señala que el resultado negativo está directamente relacionado con el tipo de cambio y el encarecimiento de los combustibles, especialmente el gas natural. En los primeros tres meses del año, el tipo de cambio se ubicó en 20.43 pesos por dólar, muy por encima de los 16.7 pesos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia generó un efecto de pérdida por fluctuación cambiaria equivalente a 4 mil 234 millones de pesos.

Aunque las ventas de la CFE aumentaron 11.7 por ciento, alcanzando los 164 mil 989 millones de pesos, los costos operativos también subieron de forma considerable. La empresa informó que estos aumentaron 32.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2024, debido en gran medida a las alzas internacionales en los precios del gas natural, cuyo costo medio subió 60 por ciento en el último año.

Pese a estos desafíos, la empresa destacó que las coberturas implementadas para el consumo diario de gas natural ayudaron a mitigar el impacto en costos. Gracias a ello, la utilidad operativa fue de 14 mil 45 millones de pesos, mientras que el Ebitda se ubicó en 36 mil 781 millones, con un margen de 22.3 por ciento respecto a sus ingresos totales.

La situación actual tiene como antecedente un cierre de 2024 marcado por fuertes pérdidas. Según los estados financieros auditados publicados en abril, la CFE reportó una pérdida anual de 271 mil 574 millones de pesos, más del doble de lo informado inicialmente. La empresa explicó que esta caída se debe a dos factores clave: el efecto del tipo de cambio y el cambio en el régimen fiscal derivado de su transformación en Empresa Pública del Estado.

Este nuevo estatus, vigente desde el 1 de noviembre de 2024, implicó una transición del régimen tributario del Título II al Título III. Como resultado, se registró un impacto contable único de 174 mil 954 millones de pesos por cancelación de ISR diferido. La CFE subrayó que este ajuste no afectó su flujo de efectivo, al tratarse de una provisión contable.

Con este panorama, la empresa eléctrica nacional navega un año marcado por retos operativos y transformaciones estructurales profundas.

Con un respaldo mayoritario, el Senado de la República ratificó los nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar los Consejos de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), marcando así un nuevo capítulo en la gestión de dos de las empresas estratégicas más importantes del país.

En una jornada parlamentaria de alta actividad, la Comisión de Energía sesionó desde temprano para revisar las propuestas enviadas apenas el 8 de abril. Los dictámenes fueron aprobados y turnados al pleno con carácter de urgente, prescindiendo del periodo de publicación previa gracias al respaldo mayoritario del bloque de Morena y sus aliados.

Uno de los nombramientos no fue aprobado. El abogado Cristóbal Arias Solís, integrante del partido oficialista, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos para ocupar el cargo como consejero independiente.

En lo correspondiente a la CFE, Cecilia Martín del Campo Márquez recibió el respaldo de 65 votos para integrarse como consejera independiente por un periodo de cinco años. Por su parte, Héctor Sánchez López fue ratificado con 68 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, para ocupar un puesto en el mismo consejo por cuatro años.

Para Petróleos Mexicanos, la Cámara Alta aprobó el nombramiento de Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente por un periodo de cuatro años. La votación obtuvo 80 sufragios a favor frente a 10 en contra. Además, María del Rosío Vargas Suárez fue ratificada como consejera independiente de Pemex por un periodo de tres años, con 71 votos a favor y 19 en contra.

Una vez ratificados, los nuevos integrantes tomaron protesta ante el pleno del Senado, formalizando su incorporación inmediata a los órganos de decisión de ambas empresas productivas del Estado.

La elección de estos perfiles refleja una visión de continuidad técnica y profesional en el manejo energético nacional, bajo la nueva administración federal. El proceso se desarrolló en un ambiente de deliberación ordenada, sin sobresaltos ni contratiempos, con resultados definidos por la fuerza legislativa de la mayoría.

El nuevo cuadro de consejeros inicia funciones en un periodo clave para la política energética de México, en medio de una agenda que busca reforzar la soberanía energética, garantizar el acceso a servicios esenciales y enfrentar los retos de la transición hacia fuentes más limpias.