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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el último reporte de este sábado se ha restablecido el suministro eléctrico a 236 mil 368 usuarios, lo que representa un avance del 73.78%. Sin embargo, más del 25% de los estados afectados por las intensas lluvias en el país continúan sin energía eléctrica.

En un comunicado, la CFE reiteró su compromiso para atender las contingencias derivadas de los fenómenos meteorológicos y pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Mientras tanto, las consecuencias de las fuertes lluvias siguen siendo graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de víctimas mortales aumentó a 41 personas, y 27 más permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales, Hidalgo registra 16 víctimas, Veracruz 15, Puebla nueve y Querétaro una. Las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen operativos de búsqueda con acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que supervisa los daños ocasionados por las lluvias que han dejado severas afectaciones principalmente en los estados de Veracruz e Hidalgo. Desde su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió un mensaje donde asegura que el gobierno federal trabaja en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, señaló Sheinbaum.

Las imágenes compartidas por la presidenta muestran los recorridos de supervisión y las acciones emprendidas por las fuerzas federales en las zonas más afectadas. Se trata de uno de los desastres naturales más severos en los últimos años para estas cinco entidades, comparable con lo ocurrido en octubre de 2023 cuando el huracán Otis golpeó el puerto de Acapulco.

En redes sociales, habitantes de Veracruz y otras regiones afectadas han difundido videos solicitando ayuda ante los daños en viviendas, caminos y la pérdida de bienes. En una comunidad cercana a Llamatlán, un grupo de maestros reportó haberse quedado varado por los deslaves y pidió apoyo urgente, pues aseguran no tener comida ni ropa.

El gobierno federal confirmó que los estados más perjudicados son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Ante la magnitud de los daños, la Secretaría de Marina activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de rescate y auxilio a la población.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó su plan de acción y respuesta en Veracruz, con equipos especializados para evaluar daños, brindar atención prehospitalaria, realizar labores de rescate y habilitar centros de acopio en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y locales continúan para restablecer servicios básicos y atender a las comunidades damnificadas.

En medio del debate legislativo sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) levantó la voz. Durante el tercer conversatorio en el Senado, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, subdirector de Estrategia Comercial de la paraestatal, argumentó a favor de una participación directa del Estado en los servicios de telefonía e internet, defendiendo la asignación directa de concesiones comerciales.

Con una postura firme, Romero Gutiérrez subrayó que el acceso a las telecomunicaciones no puede estar condicionado únicamente por la capacidad de pago. “Es el Estado el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos de la población, y estos no pueden quedar supeditados únicamente a la capacidad de pago, o a que el modelo de negocios determine si es lo suficientemente rentable”, puntualizó.

En su intervención, el funcionario hizo referencia al artículo 56 de la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitiría a la CFE obtener una concesión de red mayoritaria para ofrecer servicios públicos. Aseguró que, de aprobarse, la Comisión operaría conforme a las regulaciones del organismo correspondiente, sin invadir competencias ni vulnerar marcos legales.

Las críticas desde el Senado no se hicieron esperar. Legisladores del PAN y del PRI han advertido que los artículos 56, 57 y 58 podrían contravenir el capítulo 18.18 del T-MEC, al ofrecer, en apariencia, un trato preferencial a un proveedor estatal en el sector de telecomunicaciones. Romero Gutiérrez respondió que garantizar derechos no constituye una violación comercial, sino una necesidad social.

Desde una perspectiva técnica, el funcionario detalló que la CFE ha desplegado una infraestructura robusta: 4 mil 825 torres de telecomunicaciones en operación, y otras mil 213 en construcción. También destacó que el programa “CFE Internet para Todos” ya cuenta con más de 101 mil puntos de acceso gratuito que benefician a 22 millones de usuarios en todo el país.

El argumento se fortaleció al comparar el modelo mexicano con el caso de Estados Unidos. En 2021, el gobierno estadounidense destinó 45 mil millones de dólares para subsidiar el acceso a internet para personas de bajos recursos y para financiar el despliegue de infraestructura privada. Romero Gutiérrez reconoció que dicho programa se cerró sin cumplir sus metas. No se logró extender la fibra óptica ni se establecieron acuerdos con las empresas para mantener tarifas accesibles.

El subdirector recordó que, en 2018, sólo el 65% de la población tenía acceso a internet, y que esa cobertura estaba concentrada en grandes ciudades y sectores con mayor poder adquisitivo. Desde entonces, gracias al despliegue de la CFE, la cobertura ha crecido hasta alcanzar al 94.45% de la población, con 24 millones de personas más conectadas en 140 mil localidades.

La postura de la CFE busca abrir paso a un modelo en el que el Estado tenga un rol activo, especialmente en zonas donde el mercado no encuentra incentivos económicos. Sin confrontar directamente al sector privado, la estrategia busca equilibrar el derecho a la conectividad con la eficiencia del despliegue técnico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el 2025 enfrentando una compleja combinación de factores externos e internos. Durante el primer trimestre del año, la empresa estatal reportó una pérdida neta de 16 mil 92 millones de pesos, lo que representa un contraste considerable con las utilidades por mil 896 millones registradas en el mismo periodo de 2024.

El reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores señala que el resultado negativo está directamente relacionado con el tipo de cambio y el encarecimiento de los combustibles, especialmente el gas natural. En los primeros tres meses del año, el tipo de cambio se ubicó en 20.43 pesos por dólar, muy por encima de los 16.7 pesos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia generó un efecto de pérdida por fluctuación cambiaria equivalente a 4 mil 234 millones de pesos.

Aunque las ventas de la CFE aumentaron 11.7 por ciento, alcanzando los 164 mil 989 millones de pesos, los costos operativos también subieron de forma considerable. La empresa informó que estos aumentaron 32.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2024, debido en gran medida a las alzas internacionales en los precios del gas natural, cuyo costo medio subió 60 por ciento en el último año.

Pese a estos desafíos, la empresa destacó que las coberturas implementadas para el consumo diario de gas natural ayudaron a mitigar el impacto en costos. Gracias a ello, la utilidad operativa fue de 14 mil 45 millones de pesos, mientras que el Ebitda se ubicó en 36 mil 781 millones, con un margen de 22.3 por ciento respecto a sus ingresos totales.

La situación actual tiene como antecedente un cierre de 2024 marcado por fuertes pérdidas. Según los estados financieros auditados publicados en abril, la CFE reportó una pérdida anual de 271 mil 574 millones de pesos, más del doble de lo informado inicialmente. La empresa explicó que esta caída se debe a dos factores clave: el efecto del tipo de cambio y el cambio en el régimen fiscal derivado de su transformación en Empresa Pública del Estado.

Este nuevo estatus, vigente desde el 1 de noviembre de 2024, implicó una transición del régimen tributario del Título II al Título III. Como resultado, se registró un impacto contable único de 174 mil 954 millones de pesos por cancelación de ISR diferido. La CFE subrayó que este ajuste no afectó su flujo de efectivo, al tratarse de una provisión contable.

Con este panorama, la empresa eléctrica nacional navega un año marcado por retos operativos y transformaciones estructurales profundas.

Con un respaldo mayoritario, el Senado de la República ratificó los nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar los Consejos de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), marcando así un nuevo capítulo en la gestión de dos de las empresas estratégicas más importantes del país.

En una jornada parlamentaria de alta actividad, la Comisión de Energía sesionó desde temprano para revisar las propuestas enviadas apenas el 8 de abril. Los dictámenes fueron aprobados y turnados al pleno con carácter de urgente, prescindiendo del periodo de publicación previa gracias al respaldo mayoritario del bloque de Morena y sus aliados.

Uno de los nombramientos no fue aprobado. El abogado Cristóbal Arias Solís, integrante del partido oficialista, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos para ocupar el cargo como consejero independiente.

En lo correspondiente a la CFE, Cecilia Martín del Campo Márquez recibió el respaldo de 65 votos para integrarse como consejera independiente por un periodo de cinco años. Por su parte, Héctor Sánchez López fue ratificado con 68 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, para ocupar un puesto en el mismo consejo por cuatro años.

Para Petróleos Mexicanos, la Cámara Alta aprobó el nombramiento de Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente por un periodo de cuatro años. La votación obtuvo 80 sufragios a favor frente a 10 en contra. Además, María del Rosío Vargas Suárez fue ratificada como consejera independiente de Pemex por un periodo de tres años, con 71 votos a favor y 19 en contra.

Una vez ratificados, los nuevos integrantes tomaron protesta ante el pleno del Senado, formalizando su incorporación inmediata a los órganos de decisión de ambas empresas productivas del Estado.

La elección de estos perfiles refleja una visión de continuidad técnica y profesional en el manejo energético nacional, bajo la nueva administración federal. El proceso se desarrolló en un ambiente de deliberación ordenada, sin sobresaltos ni contratiempos, con resultados definidos por la fuerza legislativa de la mayoría.

El nuevo cuadro de consejeros inicia funciones en un periodo clave para la política energética de México, en medio de una agenda que busca reforzar la soberanía energética, garantizar el acceso a servicios esenciales y enfrentar los retos de la transición hacia fuentes más limpias.