En la víspera de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo 2 de junio, varios estados han comenzado a implementar restricciones en la venta de alcohol como medida de seguridad. Esta decisión busca garantizar un ambiente ordenado durante las que serán las elecciones más grandes en la historia de México, con más de 98 millones de votantes convocados para elegir más de 20,700 cargos públicos, incluida la Presidencia.

En Veracruz, la prohibición de venta de alcohol comenzará a partir del primer minuto del sábado 1 de junio y se mantendrá hasta la medianoche del domingo. Los negocios dedicados principalmente a la venta de bebidas alcohólicas deberán cerrar, mientras que otros establecimientos solo podrán limitar su expendio.

Guanajuato aplicará la ley seca en municipios como León, Irapuato, Guanajuato capital y otros, desde las 00:00 horas del sábado hasta las 23:59 del domingo, prohibiendo la venta y consumo de alcohol.

En Puebla, la restricción abarcará todo el fin de semana. El Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, señaló que esta medida es necesaria para garantizar una jornada electoral segura, a pesar de las protestas del sector restaurantero que temen pérdidas económicas.

Jalisco tendrá restricciones solo en tres municipios específicos. En el Área Metropolitana de Guadalajara, la venta de alcohol será permitida durante la jornada electoral, pero con un llamado a la población a consumir responsablemente.

En Morelos, la ley seca estará vigente por 48 horas, desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo. Los municipios deberán verificar el cumplimiento de esta medida.

Tamaulipas también implementará la prohibición desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo, con sanciones para los negocios que no cumplan con la normativa.

En Guerrero, 83 municipios se unirán a la ley seca desde el sábado hasta el domingo, con la intención de asegurar una elección en paz y civilidad.

Nayarit prohibirá la venta de alcohol en todos sus municipios desde el primer minuto del sábado hasta el lunes, con operativos de seguridad para prevenir incidentes.

Yucatán aplicará la ley seca durante 48 horas en todos sus municipios. Además, incentivará a los votantes con premios y descuentos en comercios para fomentar la participación ciudadana.

Estas medidas reflejan el esfuerzo de las autoridades por garantizar que las elecciones del 2 de junio se desarrollen de manera segura y ordenada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que diez entidades del país tendrán menos de 100 observadores electorales cada una durante la jornada electoral del próximo domingo. Según el reporte presentado este miércoles, se han acreditado 22,455 observadores, un 9% menos que en las elecciones presidenciales de 2018.

El informe destaca la baja participación de observadores en algunas entidades, como Baja California Sur, con solo 30 ciudadanos registrados, y Zacatecas, con 46. Otras entidades con cifras reducidas incluyen Colima (55 observadores), Nayarit (58), San Luis Potosí (60), Campeche (65), Tlaxcala (85), Durango (86), Michoacán (95) e Hidalgo (99).

En contraste, el Estado de México contará con 2,214 observadores; Coahuila con 1,575; Ciudad de México con 1,415; Tabasco con 1,107 y Oaxaca con 1,088. Además, en entidades como Querétaro, Chiapas, Yucatán, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, habrá entre 500 y 958 observadores.

El consejero Martín Faz señaló que el número total de observadores, que actualmente es de 22,455, probablemente aumentará conforme los consejos distritales y locales continúen sesionando y más personas completen el curso de capacitación.

Además, el INE distribuirá 7.5 millones de pesos entre 25 organizaciones que realizarán labores de observación y análisis durante la jornada electoral del 2 de junio. Salvador Romero, secretario técnico de los Comités de Evaluación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral (FAOE), explicó que se seleccionaron 25 de los 42 proyectos presentados.

Asimismo, la organización internacional Transparencia Electoral enviará a 45 observadores a diez entidades del país, incluyendo Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México. José Miguel Insulza, jefe de la misión, expresó su preocupación por la violencia y el amedrentamiento hacia votantes y candidatos, resaltando que este fenómeno no es exclusivo de México, sino que afecta a gran parte de América Latina.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, instó a los gobiernos federal, estatales y municipales a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en curso. En sus declaraciones, la diputada Guerra enfatizó la importancia de respetar la legalidad y aseguró que los funcionarios deben mantenerse al margen de la participación activa en las elecciones.

Aunque reconoció la relevancia de garantizar la seguridad de los candidatos y participantes en los comicios, Guerra subrayó que es responsabilidad de las autoridades gubernamentales otorgar garantías a electores y candidatos, evitar la polarización y permitir que la población decida en libertad. Asimismo, resaltó la importancia de que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales actúen como árbitros imparciales.

La diputada Guerra compartió preocupantes cifras, indicando que desde septiembre de 2023 se han registrado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, lo que equivale a un aspirante agredido cada cuatro días. Enfatizó que los aspirantes a cargos municipales son los más vulnerables.

Guerrero, Michoacán y Chiapas son algunos de los estados más afectados, y Guerra llamó a los gobiernos estatales a proporcionar mayores condiciones de seguridad, rechazando la normalización de la violencia hacia candidatos y la sociedad en general.

Por otra parte, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las autoridades electorales, señalando que las juntas locales de los Organismos Públicos Locales Electorales de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas han solicitado medidas de seguridad adicionales. Esto, según Guerra, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades competentes.