La ONU denuncia fallas en el sistema judicial mexicano y prácticas de detención arbitraria

Un Grupo de Trabajo de la ONU ha destacado la persistencia de la detención arbitraria en México y ha señalado las deficiencias en el sistema de justicia penal, especialmente en relación con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Estos mecanismos, además de fomentar el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, también han derivado en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a defensores calificados y presiones al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

El informe revela que, en 2022, aproximadamente 50% de las 90 mil personas detenidas sin sentencia se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa. Aunque el uso del arraigo se ha reducido desde 2013, sigue siendo una práctica vigente, con 25 casos registrados en 2022. El Grupo recordó que en 2019 se presentó una propuesta en el Senado para eliminar el arraigo de la Constitución, y en 2023 se presentaron medidas para acelerar este proceso legislativo.

El organismo internacional instó a México a llevar a cabo reformas que eliminen tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió adoptar medidas que garanticen una mayor protección contra la detención arbitraria. También hizo un llamado a reforzar la independencia judicial, un principio que, señaló, debe guiar la actuación de todas las autoridades del Estado.

La ONU subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una violación del derecho a la libertad personal, afectando además la presunción de inocencia, la integridad personal, y la igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado que México está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al mantener esta figura.

El informe también criticó las presiones que han sufrido los jueces por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus decisiones contradicen las iniciativas gubernamentales. Esta presión se ha evidenciado en el espacio conocido como “Cero impunidad”, en el cual se exhibe públicamente a jueces por decisiones controvertidas. Asimismo, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, señalando que estos han mermado su capacidad para operar de manera independiente.

Otro aspecto grave señalado por el Grupo fue el uso sistemático de la violencia durante los arrestos. Las personas detenidas, en muchos casos, son sometidas a torturas y maltratos con el fin de obtener confesiones o información. El informe también denunció que estas prácticas se emplean para humillar y castigar, afectando de manera desproporcionada a los grupos indígenas, quienes son maltratados durante los arrestos.

Por último, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de México a garantizar que todas las detenciones sean registradas en el Registro Nacional de Detenciones, y que tanto funcionarios civiles como militares estén conscientes de su responsabilidad en este proceso.

Mario Marín Podrá Enfrentar su Proceso en Libertad

Este sábado, la periodista Lydia Cacho, junto a la organización Artículo 19, anunció que, tras la audiencia dirigida por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, Mario Marín, exgobernador de Puebla, podrá continuar su proceso en libertad. Marín está acusado de tortura y de proteger redes de trata infantil.

Artículo 19, parte del equipo legal de Cacho presente en la audiencia, reporta que, según el criterio de la jueza, Marín no requiere prisión preventiva en este momento. La jueza federal ha modificado la medida cautelar anterior, permitiendo que el exgobernador permanezca en libertad mientras se lleva a cabo el proceso.

Esta decisión se suma a la reciente liberación de Adolfo Karam, procesado por tortura contra Cacho, anunciada el 7 de agosto. Cacho ha expresado en su cuenta de X que su equipo legal está pidiendo que Marín use un brazalete electrónico, y otras medidas cautelares como firma periódica o arraigo domiciliario mientras enfrenta su juicio.

Cacho ha criticado la decisión de la jueza en X, acusándola de socavar años de trabajo para proteger a los torturadores y violar sus derechos. También ha señalado la conexión de Marín con redes de trata infantil y ha criticado al Poder Judicial en México.

El 7 de agosto, Artículo 19 reveló la liberación de Hugo Karam del centro penitenciario en Cancún, como resultado del cambio en las medidas cautelares dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo. Esta decisión obedeció a una sentencia de amparo que revocó la prisión preventiva impuesta a Karam por la falta de pruebas suficientes.

Cacho fue detenida ilegalmente en diciembre de 2005 tras publicar su libro “Los demonios del Edén”, que expone una red de pornografía infantil y lavado de dinero involucrando a empresarios y exfuncionarios. Marín, entonces gobernador de Puebla, había intervenido para trasladar a Cacho desde Cancún y acusarla de daños morales mientras era torturada. La filtración de una grabación reveló la complicidad entre Marín y el empresario textilero Kamel Nacif.

En febrero de 2023, la Fiscalía General de la República había ratificado la prisión preventiva contra Marín, citando el riesgo que representa para la víctima y testigos, y el riesgo de fuga.

Tragedia en el peridiosmo en Chiapas: Asesinan al periodista Víctor Alfonso Culebro

Tragedia en el peridiosmo en Chiapas: Asesinan al periodista Víctor Alfonso Culebro

En un suceso alarmante, el cuerpo del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, de 39 años, fue hallado sin vida en el kilómetro 28 de la carretera Ocozocoautla de Espinosa-Arriaga, cerca del Ejido Tierra y Libertad, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas. Este hallazgo no solo conmociona a su familia y colegas, sino que también subraya los peligros persistentes que enfrentan los periodistas en México. 

Víctor Culebro Morales, director del portal “Realidades, Periodismo con verdad”, fue encontrado con signos evidentes de tortura: sus manos atadas, el rostro cubierto con cinta aislante y el cuerpo presentando impactos de bala. Este brutal asesinato no es solo un ataque personal, sino un intento de silenciar la voz crítica de un comunicador comprometido con la verdad. Su muerte resuena en un país donde la violencia contra la prensa ha cobrado múltiples vidas.

 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, ha iniciado investigaciones para encontrar a los responsables de este homicidio calificado. Sin embargo, la historia reciente en Chiapas nos recuerda que muchos casos similares quedan sin resolver, y las familias de las víctimas continúan buscando justicia en un sistema que a menudo parece indiferente.

 

Víctor no era solo un periodista; era un padre, hijo y miembro activo de su comunidad. Nacido en San Cristóbal de Las Casas, vivía en el barrio Santo Domingo del municipio de Cintalapa, junto a su pareja y dos hijos. Además de su labor periodística, gestionaba un negocio de venta de agua en pipas, lo que reflejaba su conexión y compromiso con su comunidad. Este contexto personal añade un peso adicional a su trágica desaparición, dejando a una familia rota y una comunidad en duelo.

 

El legado político de su familia también enmarca este suceso en un contexto más amplio. Su padre, Mario Carlos Culebro Velasco, ha sido una figura política prominente en Chiapas, ocupando cargos como secretario de Gobierno y coordinador de campaña del Partido Verde Ecologista de México en Tapachula. Este trasfondo político plantea interrogantes sobre los posibles motivos detrás del asesinato de Víctor, aunque, por ahora, las autoridades no han establecido vínculos directos.

 

En Chiapas, los asesinatos de periodistas han sido lamentablemente recurrentes. Desde 2018, varios comunicadores han perdido la vida en circunstancias violentas, destacando el alto riesgo que enfrentan aquellos que se atreven a denunciar y criticar situaciones locales. Este panorama sombrío es un recordatorio de la lucha diaria por la libertad de expresión en una región donde la impunidad parece ser la norma.

 

La muerte de Víctor Culebro Morales debe servir como un llamado de atención urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas en la protección de los periodistas y garanticen justicia para las víctimas de violencia. La comunidad periodística de Chiapas y de todo México se une en un grito común: basta de impunidad, basta de silenciar las voces críticas.

 

Mientras las investigaciones continúan, la memoria de Víctor, al igual que la de otros periodistas caídos, debe mantenerse viva como un símbolo de la lucha constante por la verdad y la justicia. Su legado en “Realidades, Periodismo con verdad” es un recordatorio permanente de que el periodismo libre e independiente es esencial para la democracia y la justicia social.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Concedida prisión domiciliaria por motivos de salud para Jesús Murillo Karam

Concedida prisión domiciliaria por motivos de salud para Jesús Murillo Karam

Después de una serie de solicitudes y evaluaciones médicas, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, obtuvo la autorización para cumplir su proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud. 

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, accedió a la petición de la defensa de Murillo Karam, considerando su avanzada edad, 76 años, y su historial médico, que incluye enfermedad obstructiva crónica, hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral.

 

La medida fue concedida luego de que el Primer Tribunal Colegiado Penal resolviera a favor del exprocurador el pasado 4 de abril, respaldando la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por sus abogados.

 

Jesús Murillo Karam enfrenta acusaciones relacionadas con delitos graves, incluyendo desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde su detención en agosto de 2022, ha permanecido en prisión preventiva, bajo la custodia del Estado.

 

A lo largo de su detención, Murillo Karam ha experimentado diversos problemas de salud que han requerido atención médica especializada. Se ha sometido a procedimientos quirúrgicos delicados, como una Edarterecotomía Carotídea, debido a una carótida obstruida que lo pone en riesgo de complicaciones graves, incluyendo coágulos cerebrales.

 

Además de su condición cardiovascular, el exprocurador padece de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones crónicas que han sido motivo de preocupación para sus médicos tratantes.

 

La concesión de la prisión domiciliaria no solo responde a la necesidad de garantizar la salud y el bienestar de Jesús Murillo Karam, sino que también refleja la responsabilidad del sistema judicial en salvaguardar los derechos fundamentales de los acusados, independientemente de la gravedad de los cargos en su contra.

 

Si bien la medida representa un cambio en las condiciones de detención del exprocurador, el proceso legal en su contra continúa, y se espera que se lleve a cabo bajo la supervisión y las condiciones establecidas por las autoridades judiciales pertinentes.

 

La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam subraya la importancia de considerar la salud y las circunstancias individuales de los acusados en el sistema de justicia penal, garantizando así un equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos.

Cuestiones de Política 

Directorio